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La acción performativa realizada el pasado viernes en las oficinas del Servicio de Acción Social del Ayuntamiento de Iruñea para denunciar la situación de dos familias que pedían a la administración pública una solución a su situación de calle “fue una acción teatral humorística y que en ningún momento se increpó ni faltó al respeto a ninguna trabajadora”, según el PIM (Punto de Información para personas Migradas).

“El objetivo de la acción era señalar los déficits en las políticas y áreas institucionales que dejan sin atender a personas en situación de alta vulnerabilidad social”. Concretamente denunciábamos el abandono institucional de dos familias con menores”, indican desde esta organización, que lamenta si las trabajadoras “sintieron algún malestar con la acción”, remarcando que “en todo momento fueron tratadas con amabilidad y respeto”.

Dos familias “abandonadas”

Según el PIM, estas dos familias con menores a su cargo “siguen abandonadas por la institución”. Recuerda también que “docenas de jóvenes viven en nuestra ciudad en situación de calle y pasando hambre”. El PIM reivindica el derecho a la protesta y denuncia su criminlaización. “Articular una respuesta crítica ante las situaciones flagrantes de vulneración de los derechos humanos esenciales es una herramienta propia de cualquier sociedad democráticamente madura, que no solo es legítima sino también lícita y necesaria”, indican en el comunicado tras la declaración institucional por parte del Ayuntamiento de Iruñea en la que se rechaza “toda presión, agresión y coacción” a las trabajadoras del área de Acción Social.

“Atrincherarse en posiciones inmovilistas nunca será una opción progresista. En un contexto de urgencia, como el que somete a una exclusión de derechos de ciudadanía a vecinos y vecinas de nuestra ciudad, ver el dedo y no la luna, profundiza el descrédito hacia las instituciones de gobierno municipal”, dicen en la nota. “Criminalizar la movilización solidaria es una estrategia gastada para esquivar la autocrítica por parte de quienes están en situación de poder. Nuestros votos no serán nunca un cheque en blanco. La consciencia no es un acto de fe. Ninguna persona es ilegal, ningún gobierno es intocable”, concluyen.

3,2 millones de euros más para luchar contra la pobreza extrema

Desde que las formaciones progresistas se hicieron con la vara de mando de la capital navarra, la inversión en políticas de acogida y de lucha contra la pobreza extrema y las situaciones de calle no han dejado de aumentar. El alcalde Joseba Asirón aseguró que esta iba a ser una de sus prioridades, y recientemente se anunció “un esfuerzo económico sin precedentes” para atender a las personas y familias sin hogar. El presupuesto de atención al sinhogarismo crecerá hasta los 3,2 millones de euros, un 80,1% más que en el año 2023, invierténdose en alojamientos (pensiones y albergues).

Desde el Ayuntamiento advirtieron de que el gasto en esta materia estaba tocando techo. Y es que Iruñea atenderá, según las estimaciones municipales, a unas 2.200 personas sin hogar este año, ha extendido 2 meses más el protocolo por campaña de frío y abrió un nuevo albergue para dar este servicio.

Además, la estrategia del Ayuntamiento contra el sinhogarismo se ha visto ampliada también con una nueva línea de trabajo que supone el realojo de familias y personas con especial vulnerabilidad en pisos de titularidad municipal o cedidas por el Gobierno foral. También se trabaja en la rehabilitación de más viviendas para alojar a entre 25 y 30 personas en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, se ha reforzado la formación laboral o pre-laboral de jóvenes migrantes con nuevos programas y está en proceso la puesta en marcha en Aranzadi de un centro ocupacional. Se ha comenzado con el ‘Programa Asertivo’ para atender la salud mental de 40 personas y se han ampliado los convenios con Cruz Roja y DYA para reparto de material (mantas, sacos de dormir…), apoyo ante emergencias (riesgo de inundaciones…) y apoyo al seguimiento en calle. También, y en colaboración con Elkarri Laguntza – Apoyo Mutuo, se reparte a personas sin hogar alimentos, abrigo…. Asimismo, el Ayuntamiento ha ampliado de 50 a 85 las comidas diarias que el servicio de comedor municipal On Egin ofrece, servicio gestionado a través de una empresa de inserción social.

El concejal de Acción Social, Txema Mauleón, señaló que “el Ayuntamiento está llegando a su capacidad límite para poder acoger a más personas” y solicitó “colaboración interinstitucional basada en una estrategia solidaria común podrá hacer frente a la obligación que, como sociedad, tenemos para tratar de ayudar a quienes están en esta situación”. Aseguró que “los recursos son limitados y de eso también tenemos que ser conscientes”.