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Según han manifestado “hemos expresado la necesidad de analizar seriamente el punto de partida de la realidad actual de la educación y realizar un diagnóstico profundo para identificar las necesidades” de modo que “tanto alumnado como centros educativos dispongan de plantillas estables y que cientos de trabajadoras y trabajadores salgan de la precariedad, garantizándose la calidad de la educación pública”.
Subraya Alberto Goikoa, representante de LAB, que el mero hecho de revertir los recortes aumentaría de modo significativo la plantilla docente y además, que “las consecuencias derivadas de la sentencia europea pueden provocar, entre otros, un cambio sustantivo en las plantillas”. Así las cosas, considera que “los criterios para la confección de las plantillas deben estar unidos a la planificación general de la educación”.
Denuncian que el “Departamento de Educación todavía no nos ha presentado en qué especialidades y cuántas plazas piensa convocar y cómo va a ser la convocatoria y tampoco si existirán las suficientes garantías jurídicas para proteger los derechos del profesorado que se presente”.
La mayoría sindical sospecha que “pueda ser una convocatoria redactada a toda prisa como la del pasado curso, que pueda ocasionar decepción en el profesorado por la tardanza en su publicación, ya que condiciona una preparación adecuada”.
Ante todo lo anterior, los tres sindicatos constatan “alto y claro” que no van a aceptar nuevamente “un proceso gestionado con irresponsabilidad” y confirman su compromiso “para trabajar y evitar este tipo de situaciones”.
Consideran, a su vez, que “no se dan ni los plazos ni las condiciones para desarrollar una OPE que dé respuesta al número de plazas y necesidades para una educación de calidad, que garantice los derechos lingüísticos y laborales del profesorado y que pueda resistir cualquier recurso jurídico”.
Así las cosas, para la mayoría sindical de la enseñanza pública “lo primero es garantizar que la oferta se va a sacar en unas condiciones adecuadas” y solicitan al Departamento “que este curso apruebe la OPE (para que no se pierdan las plazas de este año) pero que los exámenes de las oposiciones se retrasen a 2018”.

A su vez trasladan al Gobierno su invitación a trabajar de manera conjunta para establecer las características de esta OPE. Su propuesta es la de abrir un proceso de negociación y discusión entre la mayoría sindical, representada en la rueda de prensa, y el Departamento de Educación en torno a los grandes retos que se presentan en esta legislatura. Muestran su total disposición para ello. “Si el Departamento de Educación ha aprendido la lección de lo que sucedió con las anteriores oposiciones y tiene intención de llevar a término el compromiso de cambio adquirido con el conjunto de la sociedad navarra, desde aquí le tendemos la mano para recorrer juntos ese camino”.