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El preso Gorka Fraile, marido y padre de dos vecinas de Antsoain, se encuentra preso en Badajoz a pesar de padecer un cáncer de lengua, enfermedad catalogada como muy grave. 

En la moción aprobada por el ayuntamiento, se subraya que la legislación penitenciaria prevé la posibilidad de aplicar un régimen penitenciario más flexible, cercano a su entorno familiar, y con unos determinados controles a establecer por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, tal y como se ha venido acordando anteriormente en otros casos de la misma o muy similar naturaleza a éste.

Así, el ayuntamiento solicita, que debido a la grave enfermedad que padece el preso, se revise su clasificación y se le aplique el Artículo 100.2 en relación con el Artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario.

El Ayuntamiento de Antsoain solicita que mientras se tramite la revisión de su clasificación y aplicación del artículo 100.2 sea trasladado a una prisión cercana a su lugar de origen, para que pueda recibir por parte de sus familiares y de los servicios médicos de su confianza una correcta asistencia médica, y aliviar en la medida de lo posible su sufrimiento, así como el de sus familiares y allegados.

El consistorio trasladará este acuerdo a la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. También a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al Director del Centro Penitenciario de Badajoz, al Servicio médico del Centro Penitenciario de Bajadoz así como al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, bajo cuya jurisdicción y tutela se encuentra esta persona.

La red ciudadana SARE señala que las personas privadas de libertad “son sujetos de derechos y así deben ser reconocidos y cumplidos en razón de la justicia”. Y que la existencia de personas gravemente enfermas en prisión, “cuya situación se ve agravada por largas condenas, una deficiente asistencia sanitaria y la política de dispersión, además de suponer una grave conculcación de derechos básicos de los directamente afectados, supone un cruel castigo añadido a sus familiares y allegados”.