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El Tren de Altas Prestaciones (conocido como TAV) es “un proyecto caduco”, más ahora que se ha conocido que el propio Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha refrendeado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dejaba sin efecto la declaración de impacto ambiental del tramo ferroviario en la comarca de Iruñea al haber caducado.

La denuncia la realizó Sustrai Fundazioa, que cree que este proyecto responde “a un modelo de desarrollo basado en el ladrillo y el hormigón, asociado a la galopante crisis ecológica y económica que nos afecta”. Ahora, y casi de casualidad, se han enterado de esta decisión del Ministerio español, que en la práctica poco impacto tendrá en las obras que en estos momentos se desarrollan en la Ribera y Zona Media de Nafarroa.

De hecho, el proyecto que hoy se desarrolla en la Ribera y Zona Media de Nafarroa fue diseñado a finales del siglo pasado, y aprobado en 2004 (también el de Iruñerria). Desde entonces ha tenido una historia azarosa, por la cual apenas están concluidos 15 km de la plataforma sobre la que se montarían posteriormente las vías (entre Castejón y Alesbes). Y en la actualidad se están realizando obras en otros 15 km aproximadamente (entre Alesbes y Erriberri). Otro pequeño tramo, entre Erriberri y Tafalla inició fugazmente sus obras, pero actualmente están completamente paralizadas, y las máquinas y las personas que con ellas trabajaban han desaparecido.

Precisamente este tramo, el de Castejón – Campanas, es el único que esquivó la caducidad de su Declaración de Impacto Ambiental, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó en 2013 para ese tramo y para el de la Comarca de Iruñea. En el caso del primero, las obras se iniciaron en 2011 y por lo tanto el tribunal no pudo probar la caducidad de la infraestructura. Sin embargo, en el caso del TAV en Iruñerria no se ha realizado ningún movimiento desde que se aprobó el proyecto ahora hace más de 16 años, y por lo tanto el proyecto está caducado completamente.

Sustrai denuncia que pese a ello, los diferentes gobiernos han continuado impulsando “esta irracional infraestructura como si nada hubiera sucedido”. En el 2019, una sentencia del TSJ de Madrid, volvía a pedir al Ministerio de Medio Ambiente que declarara caducado el proyecto de TAV en Iruñerria. Y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (sucesor del Ministerio de Medio Ambiente) tuvo que declarar completamente caducado el proyecto de este tramo en octubre de 2019, de lo cual la Fundación Sustrai ha sido notificada ahora por el juzgado.

“Los diferentes gobiernos de Navarra y del Estado han estado impulsando y gastando dinero en obras inútiles, que incluso los tribunales han dado por caducadas desde hace tiempo. Y a día de hoy aun persisten en este irracional impulso, como hemos podido contemplar con estupefacción estos días, en sus actuaciones para con los presupuestos del Estado y Navarra, y en sus peticiones de dinero a Europa a cuenta de la crisis de la covid”, denuncia Sustrai, que recuerda que los presupuestos estatales contemplan 62 millones de euros más para continuar con el TAV en tierras navarras, mientras que el Gobierno foral pretende utilizar recursos económicos de la lucha contra la crisis provocada por  la pandemia para destinarlos al TAV.

Mejorar el actual tren y desechar el TAV

Sustrai continua apelando a la cordura para dejar a un lado la construcción del TAV y mejorar las actuales infraestructuras, como la línea de ferrocarril existente. “El TAV no puede llevar mercancías, ni tampoco puede dar servicio a las comarcas y pueblos de Navarra. Su único fin es el traslado de pasajeros entre grandes ciudades, algo que también se lleva a cabo con el ferrocarril convencional, que puede ser ampliamente mejorado. Y el dispendio realizado en su construcción está detrayendo recursos económicos del mantenimiento de la actual infraestructura, como muestra el cierre de las taquillas de las estaciones de Castejón, Tafalla y Altsasu, efectuado hace ahora casi un año”, recuerdan.

“Están dispuestos a usar cientos de millones de euros que tienen como destino la reconstrucción de la sociedad y el medio ambiente, para precisamente hacer lo contrario”, critica Sustrai, que pide que los presupuestos sean destinados a “fortalecer los servicios públicos, para lograr una política energética marcada por el ahorro y la descentralización de la producción energética renovable, para mejorar y extender la red de transporte público y social, para extender la agricultura y ganadería local dirigida hacia la soberanía alimentaria” y propiciar “una transición ecosocial justa y verdaderamente sostenible, sin multinacionales ni especulación.”