ahötsa_

El Foro Social Permanente entregó ayer en el Parlamento foral el informe realizado tras la reunión que mantuvo con las personas detenidas por la Guardia Civil en enero del 2011 y que denunciaron haber sido torturadas. El conocido como Caso Aztnugal llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde tres de los detenidos han ganado demandas contra el Estado español por no haber investigado debidamente sus denuncias de torturas.

Los detenidos en aquella operación policial contra estructuras políticas de la Izquierda Abertzale hicieron una doble solicitud a la delegación del Foro Social Permanente con la que se reunieron el pasado 29 de enero. Por un lado, que hiciera entrega de las sentencias e informes sobre su caso a los máximos representantes institucionales de la sociedad navarra y que les destacara la importancia de elaborar una investigación de carácter oficial al objeto de esclarecer cuántas personas han podido padecer tortura a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Nafarroa.

El Foro Social Permanente procedió ayer a entregar el informe realizado y a trasladar esas peticiones en el Parlamento foral. Expe Iriarte y Jose Luis Uriz constataron que la discriminación que viven las víctimas de la tortura “es especialmente desgarradora” por contar con “escasos niveles de reconocimiento” pese a que el número de personas víctimas es importante.

Desde el Foro destacaron que la tortura “no ha sido algo esporádico” y que es necesario que los responsables políticos de la época que permitían su permanencia reconozcan públicamente el daño causado. Además, demandaron a los tres partidos políticos que presentaron recursos a la Ley Foral 16/2019 que los retiren. En ese mismo sentido, animaron a la Dirección de Paz y Convivencia a que de continuidad al estudio que pretende ofrecer la fotografía completa de lo que la tortura ha supuesto en Nafarroa.

“Desde el Foro Social Permanente en Navarra estamos convencidas de que todas las vulneraciones de derechos humanos merecen reconocimiento político y legal, y reparación. Esa es la principal garantía para poder continuar construyendo la convivencia democrática”, concluyeron.