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Colectivos preocupados por el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado español al Decreto Foral 103/2016 que establecía las prestaciones sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva, han expresado hoy su rechazo a la actitud del gobierno del PP, y consideran que se trata de “una injerencia del Estado en la capacidad de autogobierno de Navarra y en sus competencias en materia de sanidad”

“Creemos que nuestras instituciones son lo suficientemente maduras como para poder decidir qué tipo de políticas aplicar. En este sentido, pensamos que es aceptado por la inmensa mayoría de la sociedad navarra que los derechos de salud sexual y reproductiva, la educación sexual que fomente la responsabilidad y las relaciones saludables, libres de violencia machista son inherentes a todas las personas que vivimos en Navarra, hayamos o no nacido aquí, sea cual sea nuestra situación administrativa”, han expresado en una rueda de prensa ofrecida hoy en Iruñea. También han mostrado su apoyo al derecho al aborto gratuito en la sanidad pública.
Este recurso contradice al Tribunal Constitucional, que levantó el suspenso de los artículos de la Ley Foral 8/2013 que aseguran una Asistencia Sanitaria Universal a todas las personas en nuestra Comunidad, aseguran, al mismo tiempo que consideran que el recurso repercute negativamente en los derechos y en la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables, como las personas en situación administrativa irregular.

“Nos preocupa que las instituciones navarras se vean forzadas a recortar los derechos de estos colectivos sociales”, añaden, por lo que muestran su apoyo a las declaraciones y normativas que los sucesivos parlamentos de Navarra han venido haciendo en defensa de los derechos de las navarras y le piden al actual y al Gobierno de Navarra “que se mantengan firmes” en la defensa de los Fueros y de los derechos que estos recogen para todas las navarras “sin exclusión alguna”. Por último, hacen un llamamiento a defender “la soberanía de Navarra y la voluntad de todas las personas que vivimos en ella”.

Una ley navarra para hacer frente a las leyes de exclusión del PP
En el año 2012, el Gobierno español realizaba un cambio conceptual y estructural en la ley por el que se excluía a la población inmigrante en situación irregular de la asistencia sanitaria, siendo esto algo contrario a la Ley Foral 10/1990 de Salud de Navarra, que garantiza los mismos derechos para todas las personas residentes en el herrialde.

Meses más tarde de aquel decreto, el Parlamento de Navarra aprobaba la Ley Foral 8/2013, por la que se garantizaba el acceso a la sanidad a todas las personas, con independencia de su situación administrativa. En diciembre de aquel mismo año, el Gobierno español recurrió la Ley Foral 8/2013. El Tribunal Constitucional, si bien admitió a trámite aquel recurso, no aceptó la suspensión de la mayor parte de la Ley Foral, por lo que sigue siendo de aplicación prácticamente en su totalidad, garantizando la Asistencia Sanitaria Universal a todas las personas en Nafarroa. Ahora bien, si el Tribunal Constitucional así lo decide, Navarra no podrá aplicar la ley elaborada por su propio Parlamento.

En la misma línea que venían haciendo, las instituciones navarras emitieron el Decreto Foral 103/2016, de 16 de noviembre, por el que se establecía la ordenación de las prestaciones sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva a todas las personas amparadas por la Ley Foral 8/2013. Pero hace unos días, la Abogacía del Estado recurría este decreto foral, negando el acceso a estos servicios a las personas, mayoritariamente mujeres, que se encuentren en situación administrativa irregular.