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La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Iruña Ciudad de Acogida, Papeles y Derechos Denontzat y Yoar, han denunciado hoy en una rueda de prensa la situación de alta vulnerabilidad que sufren los y las jóvenes migrantes no acompañadas que residen en Nafarroa.

La situación que se ha dado a lo largo de 2020 ha supuesto un giro para la situación de los jóvenes migrantes no acompañados, en un año marcado por la pandemia provocada por el coronavirus. Este giro se ha concretado, a lo largo de este año tan duro y complicado, en tres grandes cambios, que en ocasiones ha terminado dejando en alta vulnerabilidad a estos jóvenes. Los tres grandes cambios han sido: la expulsión del sistema de Protección dependiente del Departamento de Derechos Sociales, en concreto de Subdirección de Familia y Menores, a aquellos jóvenes no acompañados que adquirían la mayoría de edad o cuya mayoría de edad se probaba. En segundo lugar, el desmantelamiento de servicios específicamente orientados a garantizar su inclusión en la sociedad navarra, en concreto el “Programa de Alfabetización” y el de “Inmersión Comunitaria a través del Ocio”. Y por último, se ha producido una trasferencia de competencias al Departamento de Políticas Migratorias sin la planificación y el presupuesto suficientes.

Pero lo que más ha preocupado a este grupo de colectivos, según su portavoz Lydia Almirantearena ha sido “la salida de 25 de ellos de los recursos especializados a 30 de junio de 2020, lo cual se ha confirmado en fuentes oficiales. Pero, además el goteo de salidas, ha sido continuo, no obstante de esto no se ha informado públicamente. En algunas ocasiones salidas con solamente una o dos semanas, tiempo insuficiente para poder articular estas salidas desde los servicios y también para que estos jóvenes puedan buscar al menos un alojamiento adecuado”. La urgencia del fin de estos procesos o fases, hace que el proceso de inclusión en el que se veían inmersos se rompa de golpe, y no culmine con éxito.

También han recordado, que estos jóvenes son especialmente vulnerables por su edad (entre 18 y 25 años) y por su condición de migrantes, que además de acarrean un duelo migratorio, no tienen red familiar o social, y sufren por el desconocimiento del idioma y de la estructura y el funcionamiento de la sociedad, tal y como ha afirmado Bea Villahizán.

Por todo esto, han querido confirmar su apoyo a estas personas y pedir a los Departamentos de Gobierno de Navarra, Derechos Sociales y Políticas Migratorias y Justicia, que consoliden su compromiso mediante la creación de un sistema público fuerte y con recursos suficientes. Abren las puertas a la colaboración para establecer medidas y soluciones que puedan reencaminar la situación de desprotección que se está dando. Tal y como han afirmado “la resolución pasará por la creación de un modelo que articule la acogida de las personas, la intervención especializada, la planificación de recursos de manera integral, además de la creación de un protocolo para una planificación adecuada de salidas de los mismos que garanticen su inclusión social en nuestra Comunidad y el seguimiento de estos/as jóvenes una vez que están fuera del sistema”. Desde el Grupo de colectivos trasladan que a pesar de las reuniones mantenidas con los departamentos involucrados desde junio de 2020 no han observado avances relevantes en este sentido desde Gobierno de Navarra.