Denuncian 7812 casos de tortura y malos tratos desde 2004
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha presentado en Iruñea su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español. 232 personas denunciaron torturas en 2015.
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“Cada vez se habla más de tortura, se empieza a reconocer que hay un problema, y eso es un logro de la sociedad civil”, señala a Diagonal Jorge del Cura, miembro de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), plataforma formada por cerca de 50 colectivos, entre los que se cuentan la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Iridia, Etxerat o el Centro de Documentación contra la Tortura y la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE’s, entre otros.
Hoy, esta plataforma ha presentado en el local de Katakrak, en Pamplona, el último informe sobre tortura en el Estado español, en el que se recogen las denuncias de casos de tortura y malos tratos que tuvieron lugar en el año 2015. Éste es el decimosegundo año consecutivo en que la CPDT y también el que ha recogido un menor número de casos de torturas y personas afectadas. En concreto, el informe documenta 128 casos de torturas y malos tratos en los que se han visto afectadas 232 personas, números positivos comparados con los de 2014 (194 casos con 961 personas afectadas), pero que, según advierte Del Cura, “hay que observar con cautela”. El informe recoge también la muerte de 30 personas mientras permanecían bajo custodia o a raíz de las intervenciones policiales.
La disminución, según apunta la CPDT, puede estar también relacionada, por un lado, con la menor movilización social que se dio en 2015 respecto a años precedentes. Según datos del Ministerio de Interior, en 2014 se convocaron 38.484 manifestaciones. Ese mismo año, cerca del 50% de las denuncias por torturas y malos tratos sufridos a manos de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado tuvieron lugar en movilizaciones sociales, con un total de 450 personas afectadas. En 2015, el número de convocatorias se redujo a 22.069, y el de personas que sufrieron maltrato en este contexto a 89.
Las agresiones de la Ertzaintza en Gazteiz, en mayo de 2015, en las que 42 personas denunciaron agresiones cuando participaban en un muro popular para intentar evitar la detención de tres personas, fue uno de los casos más graves documentados por la Coordinadora. Euskal Herria fue la zona en la que más personas denunciaron haber sido víctimas de tortura o malos tratos por parte de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, con un total de 54 personas agredidas.
El otro contexto en el que se dan más casos de tortura son los intentos de saltar las vallas de Ceuta y Melilla para acceder al Estado español desde Marruecos. En 2014, la Coordinadora documentó que 355 personas sufrieron agresiones de esta forma. “El año pasado hubo un número altísimo de denuncias en la valla de Melilla y en 2015 nos falta esa contrastación”, explica Del Cura. “Lo que sí sabemos es que las agresiones de la policía marroquí han sido muy fuertes y han impedido a muchos migrantes acceder a las vallas, y las que han saltado la valla, no tenemos los testimonios de posibles situaciones de agresiones, sólo informaciones confusas”, continúa señalando la Ley de Seguridad Ciudadana, en vigor desde julio de 2015, como un obstáculo para poder recabar esta información.
Sobre la disminución en las denuncias de agresiones sufridas por personas migrantes, Del Cura también apunta la influencia del cierre, durante buena parte de 2015, de los centros de internamiento de extranjeros de Zapadores, en Valencia, y Zona Franca, en Barcelona.
Menos violencia o menos denuncias
El Cuerpo de Policía Nacional, con 38 casos en los que se vieron afectadas 67 personas, fueron los más denunciados en 2015 por torturas y malos tratos. La Ertzaintza, aunque sólo fue denunciada en el marco de 4 casos, es el segundo cuerpo que más personas agredidas: 47.
“No hay que descartar que la violencia policial haya disminuido, no sabemos si por un cambio de actitud o porque se han dando menos situaciones –explican desde la Coordinadora–, pero sí se ve que hay muchas personas que tienen mucho miedo a la hora de denunciar, porque muchas veces hay una denuncia de vuelta por resistencia. Ese miedo existe”. Como nota positiva, del Cura explica que en los últimos cuatro o cinco años, el número de juicios contra funcionarios está aumentando y están habiendo condenas, aunque muy leves. “El año pasado recogimos 68 sentencias condenatorias”, apunta. Este cambio de actitud desde las instituciones podría venir influenciado, según apunta Del Cura, por las sentencias emitidas por el Tribunal de Estrasburgo o las declaraciones de los relatores de la ONU, que “parece que empiezan a hacer mella”. Como ejemplo, aunque de esta misma semana, Del Cura señala cómo el Tribunal Supremo ha anulado la condena impuesta a una persona acusada de pertenencia a ETA que había denunciado haber sufrido torturas durante su detención, sin que el juzgado hubiera investigado si éstas tuvieron lugar.
“El trabajo ante los organizaciones internacionales es un logro de la sociedad civil, de poder visibilizar esta situación para éstas reclamen al Estado español responsabilidades y respuestas. Esto ha podido influir en que en instancias judiciales se haya investigado más”, concluye Del Cura.