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Los ayutamientos de Ziordi, Olazti, Altsasu, Urdiain, Iturmendi, Bakaiku, Etxarri Aranatz, Arbizu, Lakuntza, Uharte, Arakil e Irurtzun han aprobado una moción en la que denuncian la  política de dispersión, que “además de suponer una grave conculcación de derechos básicos de las personas presas”, supone “un cruel castigo añadido” a sus familiares y allegados. En este sentido subrayan que conculca “su derecho a la vida privada y familiar”.

Hacen referencia también al “agravamiento injusto e ilegal” de las penas. “Es una reivindicación humanitaria irrenunciable reclamar que los presos y presas vascas dejen de ser tratados de forma excepcional, con una aplicación de la legalidad forzada e intencionadamente contraria a sus derechos”, afirman estos ayuntamientos.

En las mociones impulsadas por Sare Herritarra en la antesala de la manifestación del 14 de enero en Bilbo, los ayuntamientos de la Sakana critican que estas políticas penitenciarias no persiguen la pacificación y tampoco respetan el principio de legalidad. “Es una política contraria a la voluntad de la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca”, afirman con rotundidad. “Esta política penitenciaria se alimenta del espíritu de venganza, jugando con los derechos humanos como instrumento de freno de un proceso de pacificación, al no respetarlos”.

Según los datos que aportan, los familiares de presos políticos de la Sakana tienen que recorrer todas las semanas 8.000 kilometros para visitarles. La media de kilómetros por familia es de 62.150 kilómetros al año. Y todo ello les supone un gasto medio por familia de 19.653€ al año.