#AltsasukoakAske Iruñea, escenario de una inmensa ola solidaria para exigir justicia
La marcha en favor de los jóvenes de Altsasu y sus familias ha reunido a más de 50.000 personas, según los organizadores, una de las mayores manifestaciones de las últimas décadas en Iruñea. Los familiares de los jóvenes represaliados, que mañana mismo acuden a Madrid para asistir al juicio que comenzará el lunes, han asegurado que han cargado sus mochilas de solidaridad y que esta demostración de apoyo les da fuerza para seguir adelante.
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El comunicado leido tras la manifestación por parte de Altsasuko Gurasoak ha hecho referencia, en primer lugar, a la solidaridad recibida desde que se produjeron los hechos el 15 de octubre de 2016 desde diferentes puntos del Estado. “Os recibimos con un fuerte y dulce abrazo solidario a todas y todos aquellos venidos desde Cataluña, Castilla, Aragón, pueblos de la península, pueblos solidarios. Nunca alcanzaremos a agradecer lo que hemos recibido y estamos recibiendo de todas y todos vosotras”, exclamaron los portavoces de Altsasuko Gurasoak.
Desde “la humildad, la dignidad y la justicia”, pero con firmeza para “seguir adelante en esta lucha por la libertad y la justicia” con el apoyo de la sociedad y las instituciones navarras, los familiares han recordado que “el tesoro de la solidaridad” ha sido uno de los aspectos positivos a destacar de toda esta historia. “Las muestras de apoyo recibidas son incontables y plurales: casi cien mil personas han firmado el manifiesto de apoyo, 194 profesionales del ámbito del derecho, 88 diputados y senadores de 8 partidos políticos, 52 europarlamentarios desde Bruselas representantes de 15 países y 5 grupos parlamentarios de distinto color, numerosos ayuntamientos, más de 50 organismos sociales de Navarra, numerosas personalidades del ámbito académico, de la cultura, del deporte…”, han enumerado. No han querido olvidarse del máximo órgano ejecutivo europeo, que en boca de su vicepresidente, Frans Timmermans, ha informado que la Comisión Europea sigue con interés este caso. Reputadas organizaciones internacionales en el ámbito de los derechos humanos, como Fair Trials y Amnistía Internacional también han denunciado la vulneración de derechos fundamentales que se producen en este caso, y ayer mismo, AI ha solicitado que se retire la acusación de terrorismo. Los relatores de Naciones Unidas que tantos disgustos han dado a las autoridades españolas en materías como torturas y malos tratos y prisiones, ya denunciaron que la redacción del delito de terrorismo recogida en el Código Penal español podría criminalizar conductas que no constituyen terrorismo y podría provocar restricciones en derechos fundamentales.
Los familiares se preguntan cómo es posible que una pelea de bar cuya lesión más grave fue la rotura de un tobillo se califique y vaya a ser juzgada como terrorismo. En el 2016, según fuentes del Ministerio del Interior, se produjeron 9571 casos de broncas o enfrentamientos con policías o guardias civiles, y el de Alsasua constituye el único caso donde se califica como acto terrorista.
Pocas razones para el optimismo
“La exageración, la distorsión, la desproporción es tanta que mucho nos tememos que por un delito o por otro a nuestras hijas e hijos les impongan largas penas de cárcel que no se correspondan con la gravedad de los hechos”, dijeron durante el acto en la Plaza del Castillo. Desde el primer momento, las familias de Altsasu dejaron claro que lamentaban los hechos de aquella madrugada y consideraban “que nunca debieron ocurrir”, haciendo una apuesta “por la convivencia, la libertad, la justicia y los derechos humanos”. Es por ello que no piden impunidad, sino que exigen “justicia y respeto a la presunción de inocencia” y un trato equitativo.
“Nos enfrentamos a un juicio en un tribunal excepcional, alejado de la realidad navarra, donde no se cumplen las garantías mínimas para un juicio justo. A lo largo de la instrucción se ha impedido aportar información a las defensas. La decisión del Tribunal Supremo otorgando la competencia a la Audiencia Nacional, en detrimento de la Audiencia Provincial de Navarra, produjo sonrojo por su nula argumentación jurídica. Los informes en que se basan las acusaciones han sido elaborados por la propia Guardia Civil. Este tribunal ha impedido a nuestros abogados la presentación de pruebas y testigos fundamentales. Han denegado la recusación de una jueza con evidentes vínculos con una de las partes que menoscaban su debida imparcialidad” detallaron para denunciar la falta de garantías del proceso judicial.
“Lo que está en juego no es sólo el futuro de nuestras hijas e hijos. Están en juego derechos y principios democráticos, como la presunción de inocencia, el derecho al juez natural, el uso no extensivo de la ley, el principio de proporcionalidad, o el derecho a la defensa y a un juicio imparcial. Debemos preguntarnos si se debe permitir que la sobreactuación mediática, política y judicial desgasten las bases democráticas mediante el abuso de poder”, destacaron, antes de pedir a la sociedad y a sus representantes “que superen barreras, porque no estamos hablando de ideologías, estamos hablando del carácter democrático de un estado de derecho”.
Antes de finalizar el comunicado, se han mostrado “orgullosas y orgullosos del camino recorrido en nuestra lucha, y acompañados por vosotras, camino que os animamos a seguir. Son nuestros hijos y podrían haber sido los vuestros”, aseguraron, y subrayaron que “nunca nos robarán las ganas de vivir en paz y la sonrisa.”