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En el aniversario de la muerte del preso político vasco Xabier Rey en la cárcel gaditana de Puerto III, a más de mil kilómetros de su casa, y ante los impedimentos para poder realizar una acto de memoria, los vecinos de Donibane que se han reunido hoy en la rueda de prensa masiva han querido mostrar su denuncia por las sucesivas prohibiciones de las convocatorias realizadas para hoy. Han calificado de “venganza” por parte de las autoridades españolas hacia la familia, entorno cercano y vecinos y vecinas del barrio. “Su actitud y prohibiciones nos han vuelto a generar un sufrimiento a todas luces innecesario”, han dicho.

Han vuelto a recordar la denuncia que realizaron hace ya un año. “A Antxo lo mataron el Estado español y su política de dispersión criminal”, y califican la muerte de su vecino como consecuencia de “un sistema impulsado desde Madrid contra los presos políticos vascos y sus familias”.

Solicitan una revisión inmediata de todas las sentencias dictadas contra presos políticos vascos basadas en testimonios o autoinculpaciones arrancados bajo tortura y poner  fin a la actual política penitenciaria. “Lamentablemente no todas las violencias han desaparecido del país. La violencia contra nuestros amigos y familiares presos persiste”, han recordado pese a la disolución de ETA.

“Insistimos, es una barbaridad que se nos niegue el derecho a recordar a Antxo como se merece. Que se pretenda ocultar nuestra realidad, como si nunca hubiese existido. Este barrio conoce de primera mano las consecuencias del conflicto político que existe entre Euskal Herria y el Estado español. Son decenas las personas que han sido torturadas; decenas las personas que han conocido la cárcel y la política de dispersión; decenas las personas que han debido huir como consecuencia del hostigamiento policial; hemos padecido el asesinato de un vecino a manos de un policía nacional por negarse a poner un cartel en su tienda… ¿De verdad alguien piensa que vamos a olvidar todo lo sucedido o mirar para otro lado?”, han preguntado.

“Estamos absolutamente convencidas de que no es posible construir una convivencia sana y respetuosa si el Estado persiste en negar una realidad tan sangrante”, por lo que solicitan que se permita que las nuevas generaciones conozcan “lo que ha sucedido para que nada de esto vuelva a repetirse.