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Aunque ya ha comenzado el plazo de inscripción, la oferta de campamentos urbanos que ha anunciado el Ayuntamiento de Navarra Suma se encuentra en el aire, ya que el modelo que ha puesto en marcha este año ha sido llevado a los tribunales por los ocho Servicios de Acción Preventiva Comunitaria para hacer frente a lo que califican de «despropósito jurídico».

Así lo han anunciado en una comparecencia ante los medios representantes de los ocho servicios (Asociación Umetxea Sanduzelai, Asociación Yoar, Asociación Aldezar, Asociación Etxabakoitz Bizirik, Asociación Bideberri, Federación Sinar Zubi y Federación Batean), que realizan su actividad en los barrios de Sanduzelai, Arrosadia – Azpilagaña, Mendillorri, Etxabakoitz, Txantrea, Arrotxapea y Alde Zaharra.

En la misma, han detallado que en verano, el Consistorio iruindarra suele contar con dos recursos para realizar actividades dirigidas a la población infantil de la ciudad. Por un lado el Centro de Conciliación, servicio que se licita de año en año, y los ocho servicios citados, que desarrollan su actividad en los barrios de la ciudad de una forma más prolongada y reforzando los vínculos de la población infantil con sus zonas de origen. Es decir, se suele realizar con dos servicios diferentes que cuentan con sus respectivas partidas presupuestarias.

Sin embargo, en mayo de este año, el Ayuntamiento de Navarra Suma no ha sacado a licitación el primero de esos recursos y empezó a sondear la posibilidad de que el total del servicio fuera realizado únicamente por los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria.

Pero lo que parecía una fórmula a estudiar y consensuar con esos servicios ha terminado convirtiéndose en una decisión firme, de tal manera que se les pide realizar los campamentos urbanos de verano en cuatro centros educativos concretos de la ciudad y con un número de 400 plazas en total, frente a las mil que habitualmente se solían atender.

A través de sus portavoces Gemma Soto y Mirari Elizondo, los servicios han denunciado que esta fórmula supone «cubrir un servicio que realizaban dos recursos con uno solo».

Para validar esta fórmula, Navarra Suma recurrió a un cambio de contrato a las asociaciones de los barrios utilizando para ello «un procedimiento de excepcional emergencia» basándose en la situación generada por el covid-19, a pesar de que cuando se pongan en marcha los campamentos previstos el 6 de julio ya se estaría en la ‘nueva normalidad’.

Sin embargo, los servicios preventivos denuncian que lo que se busca es «un recorte de un servicio público», algo expresamente prohibido por la UE en este contexto del coronavirus, ya que han señalado que en las reuniones mantenidas con responsables del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, estos han sacado a relucir cuestiones económicas a la hora de justificar que no se mantenga su sistema de desarrollar las actividades en los ocho barrios de Iruñea.

Por todos estos motivos, consideran que la decisión tomada por Navarra Suma es un «despropósito jurídico» y han decidido recurrir a los juzgados, en concreto al Tribunal Administrativo de Contratos de Nafarroa para solicitar la suspensión cautelar de los campamentos puestos en marcha por el Ayuntamiento de Enrique Maya.

La reclamación ha sido interpuesta y se espera que para el lunes día 22 se conozca si el citado tribunal la admite y si es así, posteriormente ya faltaría conocer su decisión sobre si anula los campamentos tal y como los ha diseñado este año Navarra Suma.