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Sin confinamiento, durante casi tres meses consiguieron
controlar la epidemia en números asombrosamente bajos. Pero a mediados de abril estalló la
epidemia de forma virulenta con hasta 1.000 casos nuevos por día, casi todos ellos afectando a
trabajadores inmigrantes que trabajan en la construcción, el transporte y el mantenimiento y
que se alojan en campamentos dormitorio con altos niveles de hacinamiento, hasta 12
personas por habitación con baño, cocina y servicios compartidos. 

Si algo ha conseguido este virus es abrirnos los ojos ante la vulnerabilidad que nos iguala a
todas las personas ante el riesgo de infección, con efectos devastadores sobre la salud
comunitaria, dada la enorme capacidad de transmisión que tiene. 

También observamos que las enormes desigualdades sobre las que hemos construido nuestra
“próspera” sociedad, no sólo se manifiestan en que las personas más vulnerables tienen
menos recursos para adoptar y mantener las medidas sanitarias que previenen y reducen el
contagio sino que esa insuficiencia de recursos revierte en un recrudecimiento de la epidemia
a todos los niveles. 

Mucho se está hablando estos días de la necesidad de que salgamos de la epidemia
reconstruyendo nuestra sociedad en base a nuevos valores de justicia social, no sólo para
conseguir el objetivo de una vida digna para todas las personas sino también para preservar
nuestra salud. 

La epidemia está siendo una amenaza para nuestra salud y las estrictas medidas que se han
tomado para minimizar sus efectos sanitarios están provocando a su vez una enorme crisis
socioeconómica que afectará a grandes capas de nuestra sociedad y obligará en términos de
justicia social a tomar medidas generalizadas como la renta garantizada para que todas las
personas y familias, sin distinción alguna puedan llevar una vida digna. 

Hay mucha incultura y falta de información en esas posiciones que insisten en mantener bajos
salarios e indignas condiciones de vida entre las personas inmigrantes, muchas veces en
situación administrativa irregular, que a su vez realizan, cuando les dejan tareas esenciales tan
importantes en una sociedad como lo navarra: tareas agrícolas en jornadas agotadoras y mal
pagadas para las que faltan personas candidatas entre la población autóctona, tareas de
cuidados de personas mayores, menores, limpiezas de todo tipo, sin las cuales nuestra calidad
de vida sería mucho peor. 

Hay además una irresponsabilidad manifiesta en esos poderes públicos que insisten en
mantener en situación irregular a todas las personas que residen entre nosotras, muchas
desde hace años, que no solo no pueden acceder a trabajos que en la actual situación de

confinamiento obligado están a falta de personal disponible sino que además se les somete a
una vigilancia policial sin motivo objetivo alguno y con la sola intención de la identificación y
posterior expulsión. La actuación policial debería ser acorde con los objetivos de prevención y
control de la epidemia para interesarse por sus condiciones de vida y ofrecerles recursos para
protegerse del coronavirus. Y la actuación de los poderes públicos debe ser la de resolver con
celeridad todo expediente de asilo, impidiendo con ello las actuaciones policiales
discriminatorias. 

Es momento también de resolver las situaciones de injusticia social más manifiestas que
mantenemos en nuestra sociedad: regularizando la situación administrativa de todas las
personas que están residiendo aquí, permitiendo que accedan al empleo, a la educación y a
unas condiciones habitacionales dignas. Además de ser una medida de justicia social, sería
muy positivo tanto desde el punto de vista de la salud pública como desde el punto de vista
económico y del empleo. 

Sirva este artículo de opinión para sumarnos en este sentido a la amplia campaña que se está
desarrollando a nivel estatal solicitando al Gobierno de España #REGULARIZACION YA,
permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia
sanitaria 

¡NOS VA LA SALUD EN ELLO!