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Ante todo destacamos y agradecemos la contribución de trabajadoras y trabajadores de la Sanidad Pública, en los hospitales y otros servicios residencias, Servicio de Atención Domiciliaria, socio-sanitarios, cuidados, suministro de agua y energía, transporte, limpieza, alimentación, farmacias y muchos otros, que contribuyen con su esfuerzo a la protección de la vida de la la clase trabajadora y del conjunto de la ciudadanía, en condiciones agotadoras y en sistemas de salud muchas veces pobres e inadecuados.
Denunciamos, la situación que se está viviendo en los servicios públicos, especialmente en los hospitales y las residencias de personas mayores, debido a años de recortes de los sucesivos gobiernos del PSOE y del Partido Popular que han tratado la atención médica y la prevención no como un derecho global sino como una mercancía generando enormes ganancias para las industrias farmacéuticas y de salud. Lo que demuestra que el modelo económico imperante ha fracasado y se hace imprescindible avanzar hacia un modelo altenativo en el que la vida de las personas y su entorno se coloque en primer plano.
Los sindicatos firmantes nos mostramos muy críticos con las medidas adoptadas por el nuevo gobierno, del tándem PSOE y Unidas Podemos, que sólo podemos calificar como insuficientes. Por un lado han firmado un acuerdo con los sindicato UGT y CCOO que facilitará la flexibilidad laboral y los expedientes de regulación o ERTE-s, y por otro lado con la aplicación encubierto del artículo 155 de la constitución se han cargado de un plumazo el auto- gobierno profundizando, aun mas si cabe, en la re-centralización del estado. Las organizaciones sindicales firmantes de este documento demandamos al gobierno, hoy mas que nunca, que los gastos militares y destinados a la monarquía tienen que ir a la partida de gastos sociales y que lo que necesitamos son menos militares y mas personal profesional que cuiden la vida.
Como sindicatos internacionalistas, nos preocupa especialmente la situación de las personas migrantes confinadas en los campos de concentración de Lesbos, Libia, Turquía, Balcanes… y por supuesto la situación que se pudiese generar en pueblos ocupados como Palestina o el Sáhara Occidental. Una vez confirmado que el Coronavirus ha llegado a lugares como Lesbos y viendo la situación de falta de atención médica e insalubridad, estos campos de concentración pueden convertirse en auténticos campos de exterminio.
Las y los trabajadores no debemos pagar los efectos del brote de Coronavirus en la economía global, con medidas como despidos en sectores como el turismo, el trabajo desde casa e incluso horarios de trabajo aún más flexibles. Instamos a los gobiernos a que tomen de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar la vida y la salud de las y los trabajadores, así como la protección de sus derechos laborales.
Por todo ello reivindicamos:
• Que el gobierno declaré dejar al estado en servicios mínimos mientras dure el confinamiento. No tiene sentido que tengamos que estamos sin salir de nuestras casas pero que sin embargo las y los trabajadores nos expongamos yendo a trabajar.
• Que se garantice el 100% del salario para las y los trabajadores. Una licencia que garantice el 100% del salario de las las retribuciones a los mismos que no pueden realizar teletrabajo. Esta licencia no puede quedar a expensas de la voluntad de las empresas ya que supondría dejar sin protección a los sectores mas precarizados. Es una medida de carácter general que tiene que tomar la administración púbica y que tiene que ser financiada por la patronal directamente o mediante impuestos. Exigimos que en Andalucía eliminen el requisito de las peonadas para percibir la prestación.
• Los Servicios de prevención públicos de la salud, tienen que publicar la lista exacta de las medidas de prevención que tienen que tomar las empresas y hacerlas cumplir.
• En caso de aplicación de ERTE-s por parte de las empresas, que se garantice el 100% del salario para las y los trabajadores tanto a plantilla directa como a personal sub- contratado. Se debe de garantizar ingresos económicos a trabajadoras o trabajadores autónomos que hayan visto suspendido su actividad laboral y reconocerles el derecho a recibir la prestación por desempleo.
• Se deben enviar a casa a trabajadores y trabajadoras de los grupos de riesgo que hayan enfermado o que según el protocolo haya que aislar, garantizando el sueldo hasta el 100%.
• No permitiremos ataques contra los derechos de la clase trabajadora con la excusa de la pandemia. Se deben de prohibir por ley los ERE-s y los despidos y se deben de blindar las pensiones. Cualquier ayuda pública a empresarios ha de conllevar la garantía del mantenimiento del empleo. Haremos frente a vacaciones o jornadas de trabajo impuestas, cambios en el horario laboral y similares fraudes que pudiese intentar la patronal.
• Contratación de personal médico y de enfermería permanente, así como la creación de nuevas estructuras de salud públicas. Dotación al 100% del material y los equipos necesarios de desinfección y protección, proporcionado por el estado gratuitamente a la población.
• Excepción de pagar hipotecas, alquileres, impuestos, agua, gas y luz para las personas que estén en situación de vulnerabilidad económica mientras dure la situación de excepción. Moratorias sobre los procesos de desahucio. Poner en marcha con las medidas de seguridad adecuadas servicios de obtención de comida, comedores y cobijo para las personas que no pueden tengan casa ni posibilidad de obtener alimentos. Garantizar lugares de protegidos para las mujeres que han padecido violencia machista. Garantizar documentación en regla a las personas sin papeles. Todos los derechos para todas las personas.
• Que se legisle y se ponga en marcha, de forma inmediata, la renta básica de ciudadanía.
Frdo: Coordinadora Obrera Sindical COS Països Catalans, Corriente Sindical d’Asturies CSI, CUT Aragón CUT Galiza, ESK Euskal Herria, Intersindical Alternativa de Catalunya IAC, Intersindical Canaria, Intersindical Valenciana, LAB sindikatua Euskal Herria/País Vasco,, Sindicato Andaluz de Trabajadores y trabajadoras SAT, STEI Balears y STEILAS Euskal Herria,