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En febrero de 2018, el Tribunal Constitucional, resolvió que Navarra no era competente en materia sanitaria y la ley navarra, LF 8/2013 de Sanidad, fruto de la lucha social y de la voluntad política, lo cual trajo de nuevo la inclusión en el Sistema Sanitario de todas las personas que vivían en Navarra, fue finalmente derogada. Desde entonces, hemosestos organismos han permanecido especialmente vigilantes y han observado “la excesiva burocratización de los procedimientos de acceso al sistema” que han provocado “momentos de confusión y caos administrativo”.

Reunidos con el Departamento de Salud, estos colectivos mostraron su preocupación acerca de la burocratización del procedimiento, el requisito de acceso que hacía alusión al empadronamiento de 3 meses, así como las facturaciones en Urgencias, detalles que no quedaron del todo claros y que les consta que han acarreado problemas y desatenciones. Además, afirman que han constatado algunas irregularidades, como la petición de empadronamiento como prueba para acreditar la residencia en Navarra, dificultades y/o denegaciones de acceso al Sistema sanitario para personas que no puedan acreditar 3 meses de residencia, casos de facturación en todos los servicios de Urgencias o la no inclusión inmediata en el Sistema Navarro de Salud de menores y mujeres embarazadas. También han detectado casos en el que se requiere el pasaporte como documento acreditativo de la identidad.

Estos casos han sido trasladados al Departamento de Salud así como a varios grupos parlamentarios y al Defensor del Pueblo. “Queremos recordar el contenido del acuerdo programático, que posibilitó y sustentó el actual Gobierno de Navarra, que en el acuerdo 1 del Apartado de Sanidad especificaba: “Garantizar la universalidad de la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su situación administrativa. Para evitar el efecto disuasorio, se dejará de emitir facturas a las personas en situación administrativa irregular. Asimismo, se habilitarán fórmulas para eliminar el copago de los medicamentos a cargo de las personas en situación de vulnerabilidad que no puedan acceder a ellos por sus medios.” Por ello consideran que se ha vulnerado dicho acuerdo “poniendo en riesgo el acceso al sistema sanitario de un número indefinido de personas, que teniendo pleno derecho reconocido, se han visto bloqueadas por trabas burocráticas y procesos confusos en los que el derecho a su salud no se ha garantizado.”

Por todo ello, instan al Gobierno de Navarra a garantizar “de manera real y efectiva” la asistencia sanitaria universal a todas las personas que viven en Navarra adoptando urgentemente las medidas para evitar que se emitan facturas por la atención sanitaria recibida,  que se asegure la atención sanitaria durante la tramitación de las tarjetas sanitarias y que no se vincule el derecho a la atención sanitaria a la acreditación de residencia en Navarra.