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En este Estado, se sigue categorizando a las personas por su origen, generando
“ciudadanas” e “ilegales”, es decir, personas con todos sus derechos reconocidos y
otras invisibles y vulnerables. Un Estado donde las fronteras invisibles atraviesan la
vida de miles de personas cada día: en forma de discriminaciones en el acceso a los
servicios públicos, a derechos tan básicos como la sanidad, el empleo o la vivienda; en
forma de paradas e identificaciones racistas por la policía, o cuando son internadas y
privadas de libertad, y/o expulsadas por encontrarse en situación irregular. 

Mientras el porcentaje de personas expulsadas desde los CIE’s sigue disminuyendo
(en 2017 el 65% no fueron expulsadas) estos centros siguen acumulando denuncias,
siguen funcionando como un mecanismo de control de fronteras basado en la
privación de libertad, el maltrato y el abuso. Sabemos que el 70% de las personas que
pasaron por uno de ellos el año pasado, lo hicieron tras bajarse de una patera.
Algunas de ellas eran menores y aunque la ley les protege, las políticas migratorias les
criminalizan. Europa no quiere protegerles, sino explotarles y/o deportarles. 

La denuncia más reciente la vivimos a finales de año anterior, cuando el Ministerio de
Interior decidió saltarse sus propias leyes, y disfrutar de la impunidad de la que gozan,
para emplear una cárcel no inaugurada aún, como CIE improvisado internando ahí a
más de 500 personas recién llegadas a costas españolas. Como resultado, Mohamed
Bouderbala fue encontrado sin vida en su celda, en la que había permanecido 18
horas solo y sin vigilancia, durante los momentos de los altercados en los que la
policía reprimió duramente las protestas de los internos con material antidisturbios.
Había vídeos, testimonios y acusaciones; pero la versión oficial habló de suicidio y el
gobierno calló, la judicatura archivó, los testigos fueron deportados… ¡Si, deportados!.
Para esto sirven los CIE: causan dolor, producen aislamiento, generan miedo. Son un
recordatorio de que las fronteras, esos espacios de No Derecho, no basta con
atravesarlas una vez. Porque el “Estado de derecho” se encarga de que las fronteras
atraviesen la vida cotidiana de nuestras vecinas y vecinos. 

Existen una infinidad de informes de organismos estatales e internacionales, en los
que se recogen las denuncias que se acumulan en los despachos de los tribunales, a
la espera de una decisión política que ordene su cierre y repare el daño cometido.
Reparación que, sin duda, llega tarde para aquellas persona que ya fueron deportadas
y en especial para aquellas que murieron dentro de los muros de esa aberración que
llaman CIE: Samba Martine, Idrissa Diallo, Aramis Manukyan, Mohamed Abagui,
Jonathan Sizalima, Bouderbala Mohammed, nombres que se convirtieron en números
y que, hoy y siempre, queremos que nos recuerden lo que nunca debió suceder: jamás
debieron entrar en esos centros que jamás debieron existir. 

No basta con mociones de instituciones como el Parlamento de Navarra o el
Ayuntamiento, que abogan por su desaparición, mientras no mueven un dedo para
paralizar las expulsiones o el internamiento de nuestras vecinas y vecinos. Queremos
derogar la ley que permite su existencia desde 1985, la Ley de Extranjería que cosifica
a las personas, hasta reducirlas a cifras, en base a la necesidad de los mercados.
Queremos vivir en espacios sin identificaciones racistas, donde podamos movernos
libremente, sin miedo, con el reconocimiento pleno y con dignidad. Mientras esto no
sea una garantía plena: seguiremos tejiendo redes de apoyo y solidaridad, seguiremos

denunciando desde las calles, seguiremos recordando que todas las personas
queremos vivir dignamente y que no hay cambio si no cabemos todas. 

Por todo ello os invitamos a sumaros a la concentración que tendrá lugar el próximo 15
de junio a las 19h en la Plaza de Navarrería. 

#PorElCierre