ahötsa_

El proyecto se expuso públicamente en julio de 2015, con numerosas deficiencias que
han recriminado todos los organismos y administraciones públicas que han participado en la
evaluación del expediente y que confirmaban las sospechas que la Plataforma denunció en
la anterior exposición pública.

El proyecto afecta tanto a Aragón como a Navarra, por lo que la tramitación está
siendo múltiple en varias administraciones del estado, de las comunidades autónomas y dado
el origen pre-autonómico de la Ley de Minas (de 1973) también a nivel provincial (Zaragoza y
Navarra). En 2015 el proyecto fue evaluado por un conjunto de personas voluntarias de las
zonas de afección y arropadas por numerosas asociaciones de interés público que veían
grandes vulnerabilidades en el proyecto como presentado. En julio de 2015, se denunció
públicamente la complejidad de evaluar en 30 días 5.822 páginas que contenía el expediente
y que la exposición pública del proyecto no podía consistir sólo en la lectura del mismo.
Aspectos que tienen graves afecciones como las de este proyecto requieren de charlas
públicas para explicar el proyecto, debates o la incorporación de la ciudadanía en la evaluación
del proyecto. Esta denuncia motivó que se firmara un manifiesto de apoyo que fue arropado
por partidos políticos (CHA, Podemos, EH Bildu, IU Aragón, Zaragoza en Común y Equo)
además de 105 cargos electos de 19 ayuntamientos y 14 concejos afectados, 23
parlamentarios y diputados de ambas Comunidades, además de varios sindicatos (LAB, CGT,
CNT y ESK), buena parte de las organizaciones ambientales de Navarra y Aragón (Lurra, Gurelur
y Ecologistas en Acción tanto de Zaragoza, Tudela, Sangüesa y sus confederales aragonesa y
navarra), miembros del Consejo Navarro de Medio Ambiente, y otras asociaciones como
Sustrai Erakuntza, URA-Nueva Cultura del Agua, Federación Navarra de Montaña, ANSAR,
Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, Bardenas YA!, Amigos de la Tierra o
asociaciones sociales como la Asamblea de Pueblos contra la Mina del Perdón, Yesa+ No,
Sesayo de Lobera, Chinela de Longas, Ongaitz de Sangüesa u Oibar Txozna de Aibar, por citar
algunos de los más relevantes. Lamentablemente, dicha movilización social no produjo
ningún cambio en la exposición pública, que define 30 días como mínimo para su exposición, y
que se cumplió escrupulosamente y sin ampliar el plazo o diseñar un verdadero plan de
información y participación pública.
El 2 de septiembre se publicaba inicio en BOE del trámite de información pública, y de
nuevo, el plazo vuelve a ser de 30 días, es decir, lo mínimo exigible por la ley que aplica el
mismo criterio a la construcción de una granja, una cantera o una mina.

La nueva exposición, con independencia de lo que el promotor publicite, se realiza
porque estamos hablando de un nuevo proyecto con gran cantidad de cambios, un
incremento de casi un 40% de la superficie afectada por la mina (más de 6 millones de metros
cuadrados de nueva zona minera con respecto al proyecto original), la aparición de nuevas zonas de afección como es incluir a Undués de Lerda dentro de la zona
minera, eliminación de las alternativas de circunvalación de Sangüesa con un tráfico de casi un
camión por minuto durante las 24 horas del día (casi 1000 trayectos diarios), cambio de las
bocaminas de sitio, de las medidas de seguridad de los trabajadores de la mina, o generar una
montaña de sal, indicado en el proyecto como mejora, que pasa de 47 a 57 metros de altura y
de 10 a 13 millones de metros cúbicos (un 25% más grande).
Este nuevo proyecto deja en ridículo la imposibilidad de evaluar las 5.822 páginas del
antiguo proyecto, pues ahora contiene 15.016 páginas para el mismo tiempo mínimo de 30
días. Más aún ni si quiera se ha remitido copia del expediente a las partes interesadas o las
asociaciones de interés público que ya alegaron en el verano de 2015 y que se han visto
obligadas a la consulta en las oficinas de la administración, compaginando horarios laborales
con la disponibilidad de aperturas de las oficinas en las que se puede consultar.
Por todo lo anterior, la Plataforma “No a las Minas de Potasa” ha presentado sendos
escritos esta mañana tanto en Aragón como en Navarra, para denunciar la falta de cauces
democráticos en el acceso y participación activa que requiere tanto la legislación europea
como española en la toma de decisiones en materia ambiental. Por todo lo anterior, se
solicita primero la interrupción del plazo de exposición pública y la articulación de un plan de
participación ciudadana del proyecto minero para poder evaluar de forma sosegada los riesgos
conocidos de afección como son los hundimientos de la zona, la afección al embalse de Yesa o
la peligrosidad sísmica (todos ellos negados por el promotor y contrarios a lo indicado por los
organismos públicos de referencia en dichos temas). Además se solicita que la nueva
exposición pública se articule a través de cauces de información y participación pública
acorde con la sociedad aragonesa y navarra del siglo XXI. Estos trámites reglamentados en
proyectos autonómicos, a través del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón o del
Consejo Navarro de Medio Ambiente, no se han realizado por el carácter supraautonómico de
la tramitación lo cual define una merma en la tramitación ambiental de proyectos que
afectarán a la forma de vida y futuro de nuestros territorios.