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La delegada del Gobierno español en Nafarroa, Carmen Alba, ha exigido al Ayuntamiento de Iruñea que borre una serie de murales que piden el final de la dispersión de los presos políticos del barrio argumentando que se trata de enaltecimiento del terrorismo. En estos murales aparecen los rostros de los presos políticos vascos naturales del barrio en los que se indica la distancia a la que están encarcelados.

Ahotsa.info se ha reunido con dos familiares de presos políticos de Alde Zaharra que niegan que se trate de enaltecimiento del terrorismo y remarcan que estos murales piden el fin de la dispersión.

Miguel es padre de un expreso y conoce bien lo que supone la política penitenciaria española. Opina que la Delegada del Gobierno Carmen Alba debería pedir a su gobierno español el final de la dispersión.

Jenny, madre de Iñaki Beumont, que lleva 16 años preso, reconoce que las muestras de solidaridad dan fuerza a los familiares para seguir haciendo frente la dispersión, y no duda en calificar el alejamiento como política de venganza contra los allegados de los presos.

Ambos denuncian que entre los presos de Alde Zaharra hay dos situaciones especialmente graves que reflejan la crueldad de la política penitenciaria española: Josetxo Arizkuren se encuentra grávemente enfermo e Iñaki Beaumont ha cumplido de largo las 3/4 partes de su condena, por lo que debería de estar en libertad.

Pese a los intentos de criminalizar la denuncia de la dispersión, Miguel afirma que desde Alde Zaharra seguirán promoviendo iniciativas en favor de los derechos de los presos y por su vuelta a casa, y pone como ejemplo la puesta en marcha de una nueva iniciativa que se presentó el pasado jueves en Iruñea. Además, este viernes a las 19.00 se realizará una concentración ante la Delegación del Gobierno español en Iruñea para denunciar la actitud censora de Carmen Alba.

También el Pleno del Ayuntamiento de Iruñea tendrá que pronuciarse sobre este asunto mañana, ya que EH Bildu ha presentado una moción en la que se solicita que como ya hiciera el año pasado, el Consistorio de la capital navarra muestre su rechazo a las políticas penitenciarias de excepción, incluida la dispersión, y reclame al Gobierno español que las derogue. En el escrito también se denuncia la criminalización que Alba pretende hacer de “una denuncia más que legítima y basada en la defensa de los derechos humanos, como la de la dispersión”.