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Decir que el poder punitivo es un poder claramente patriarcal es casi una perogrullada. En

primer lugar, porque todos los sistemas que configuran la cultura hegemónica actual son

patriarcales, pues el patriarcado no sólo es un sistema total sino además global. En segundo

lugar, porque es precisamente el poder punitivo (y la cultura del castigo que le subyace) el

núcleo fundamental de la cultura occidental hoy dominante en casi todo el planeta. El

patriarcado es una forma de violencia cultural y estructural, lo cual es evidente en

innumerables ejemplos, uno de ellos las agresiones sexuales a mujeres. Sin embargo, es

precisamente también desde esa cultura violenta desde donde se ha construido un sistema de

castigo cada vez más perfeccionado por parte del Estado: el Derecho penal y sus instituciones.

Es decir, es en el sistema patriarcal en el que se entiende el modelo de justicia penal que

tenemos y no es casual que sea así porque es consecuencia del primero y está construido a su

imagen y semejanza.

Brevemente podemos afirmar que son dos los rasgos comunes generales que unen al poder

punitivo y al poder patriarcal. El primer punto de encuentro estaría en su relación con el

capitalismo y el segundo en el control mediante el miedo (a la fuerza, a la pena, al infierno etc)

Pero además hay otros rasgos más precisos entre el patriarcado y el sistema penal. Estos son,

sin detenernos en desarrollarlos: el desprecio por la vida (no sólo de personas, sino también de

animales, plantas…), la generación de siervas (víctimas, incapaces, infantilizadas), la utilización

amañada de las ciencias, el interés en la ruptura de los lazos de solidaridad, el fundamento en

la lógica dualista (hombre-mujer/buen@s- mal@s/criminales-no criminales), la relación entre

el concepto culpa de la punición y el concepto “eres mía” del patriarcado…

En fin, estos son sólo algunos de los muchos rasgos comunes que se pueden identificar entre el

poder punitivo y el poder patriarcal porque lo que en verdad se quiere trasmitir es que este

hecho no puede pasar desapercibido para los feminismos. Quienes confían en el recurso al

sistema penal (o incluso piden reformas tendentes a su endurecimiento y una reducción de las

garantías) tal y como hoy está pensado y configurado, no se percatan de que esto implica un

riesgo que para nosotras es claro: la perpetuación y consolidación de uno de los elementos

sustentadores más importantes del patriarcado: el poder y el derecho de castigar.

Tomar consciencia de esto no es una empresa sencilla porque como ya se ha escrito por

relevantes feministas la dominación propia del patriarcado está hecha para parecer un rasgo

de vida. En definitiva, estamos hechas de orden patriarcal. Es más, de toda la literatura

feminista al respecto solo una mujer se ha atrevido de forma clara a formular esa relación desde la necesidad de la abolición de las prisiones: Angela Davis.

Somos conscientes de que la violencia contra las mujeres es real y mucho más amplia de lo

que se documenta, y de que las mujeres tenemos que buscar protegernos de ella y hacerle

frente. Sin embargo no es cierto que los sistemas penales actuales sirvan para esto y esta es la

segunda cuestión que no se tiene en consideración. Como ampliamente se sabe la prisión -y en

general el sistema penal- se critica porque no cumple con las funciones que formalmente tiene

otorgadas -entre ellas la de la intimidación y la reinserción- y además puede ser criticada

desde muchas otras perspectivas como son: la falacia de la afectación exclusivamente a la

libertad, la mitificación de las personas que están en prisión, su carácter criminógeno, los

efectos psicosomáticos de la prisión, los fenómenos de la victimización secundaria y terciaria,

etc., olvido de las víctimas, los costes del control en detrimento de otras medidas al delito… y

otras tantas cuestiones que sería imposible mencionar y trabajar en profundidad en este

artículo de opinión pero que están ahí y hacen que la protección a la que nos referíamos no

sea real.

Y aunque se cree firmemente lo anterior, no implica que no pensemos que las mujeres que

hoy sufren violencia patriarcal no puedan y deban usar todos los instrumentos que tengan a su

alcance para defenderse, y esto muchas veces incluirá el consejo de que pongan denuncias,

pidan detenciones, etc., pues desafortunadamente en algunos casos es lo único que el Estado

y la sociedad ofrece. Pero todo ello debería hacerse muy muy conscientes–no tanto por quien

denuncia, como por el resto de la sociedad-, de que es una medida insuficiente, muchas veces

inútil en la práctica y que, sobre todo, no debe hacer perder de vista la ilegitimidad del castigo,

su uso sobretodo –así ha sido históricamente- en contra de las mujeres, y la necesidad urgente

de construir una sociedad no punitiva para precisamente eliminar el patriarcado.

En este sentido, el concepto de castigo nos debe de interpelar a cada una de nosotras y en

colectivo. Desde aquí se plantea la necesidad de sentar las bases para avanzar, desde otros

lugares que no sean el de la dominación y el castigo propios del patriarcado, hacia lugares más

justos. Este debería ser el horizonte si queremos ser coherentes, al menos, quienes vemos en

los feminismos una nueva revolución y aspiramos a tener en cuenta todas las opresiones.

No cuestionar el sistema punitivo, en el que se sostiene precisamente el patriarcado, sino

alentarlo y encontrarnos en las calles pidiendo más castigo, es un error mayúsculo que desde

los feminismos no nos podemos permitir sino queremos reforzar el patriarcado mismo.