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A lo largo del tiempo, el cuidado y la atención han estado fundamentalmente a cargo de la familia, sufriendo ésta estigmatización y vergüenza, acrecentada en la Europa católica de la Edad Media por la idea de estar sufriendo un castigo divino.

A finales del XVIII y primeros del XIX, surgen las primeras instituciones con el objetivo principal de descargar a las familias, siempre que pudiesen permitírselo económicamente. Ese tipo de asistencialismo ha continuado de diferentes formas hasta nuestros días. No es hasta el año 1978 en Inglaterra, cuando el Informe Warnock introduce cambios de calado en el tratamiento de la diversidad y la discapacidad. Se empieza a contemplar a estas personas como sujetos de derecho y no de beneficencia. Este hecho cambia el sentido de la institución escolar, y es ésta la que tiene que proporcionar los apoyos necesarios para que todo el alumnado, con independencia de sus características, pueda beneficiarse de la educación. El protagonismo de la tarea recae en la escuela ordinaria, que introduce los objetivos de normalización, integración e inclusión. Si hoy podemos disfrutar de las aportaciones y la sabiduría de personas como el científico Stephen Hawking, debemos agradecérselo a un sistema educativo que le permitió una educación a la altura de sus capacidades y de sus necesidades.

Al Estado Español y a Navarra llegaron tarde estos vientos de innovación pedagógica y no es hasta los años ochenta cuando empiezan a darse las novedades legislativas que permitiera el necesario cambio. La Ley de Integración Social y Laboral de Minusválidos (LISMI) de 1982 empieza el camino. En 1990, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, contempló la posibilidad de que alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales pudiesen alcanzar, dentro del mismo sistema, los objetivos propuestos con carácter general para todo el alumnado. Posteriormente, en 1995, la Ley de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes, garantizó, en los centros sostenidos con fondos públicos, la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, debidas a discapacidad física, psíquica o sensorial, a trastornos graves de conducta, o a situaciones sociales o culturales desfavorecidas. Es en este marco legislativo en donde aparece la figura del Cuidador, Auxiliar Técnico Educativo y Especialistas de Apoyo Educativo con la misión de acompañar al alumno en su proceso educativo para lograr la Autonomía Personal, el acceso al currículo y el mantenimiento de su integridad física.

De manera incomprensible, y para el desarrollo de esta exigente labor, el acceso a esta profesión se da sin ninguna formación ni preparación especifica. El alumnado atendido tiene problemáticas muy diferentes -visuales, auditivas, motóricas, conductuales- y para afrontar ese reto el personal cuidador no cuenta ni con los medios ni con la formación requerida. Otras comunidades como La Rioja y Comunidad Autónoma Vasca así lo han entendido, y en ellas el acceso a la profesión se da con titulación específica de Técnico Superior y la denominación es de Especialista de Apoyo Educativo.

Si la medida de lo avanzado de una sociedad es el tratamiento que da a sus ciudadanos más necesitados, habrá que concluir que Navarra se está quedando atrás y que las niñas y los niños navarros están recibiendo una atención de menor calidad que la que se les ofrece en otras comunidades.
Las cuidadoras y los cuidadores compareceremos en el Parlamento este 8 de marzo para explicar nuestra situación y nuestras demandas (eventualidad superior al 50%, jornadas parciales superior al 50%) ante la Comisión de Educación. Esperamos que los representantes públicos sean sensibles a esta situación y den pasos para la mejora de la calidad de la educación de los niños y niñas con NEE (Necesidades Educativas Especiales) ciudadanos con plenos derechos y no meros sujetos de beneficencia.