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Tras pasar 3 días en manos de la Guardia Civil y la Policía Foral, ayer quedaron en libertad las últimas personas que fueron detenidas el martes en Berriozar, Antsoain e Iruñea. Según han denunciado sus familiares, en algunos casos las detenciones realizadas por la Guardia Civil se produjeron de forma violenta, llegando a derribar la puerta sin dar tiempo a abrirlas. Además, los militares llegaron a inmovilizar a los progenitores de uno de los detenidos y los mantuvo en el suelo durante la entrada violenta en el domicilio. El trato en comisaría, sin embargo, fue correcto.

Los 4 detenidos que son menores de edad quedaron en libertad el mismo día de la detención. Los otros 4 han permanecido en calabozos de la Guardia Civil y de la Policía Foral hasta pasar el jueves por la tarde ante la jueza, que les imputa los delitos de lesiones agravadas, atentado, alteración del orden público, así como tenencia ilícita de armas. En la calificación inicial también se contempla que los agresores actuaran por discriminación ideológica, lo que sería conocido como delito de odio y que serviría como agravante en caso de que hubiera una condena. Además, como medida cautelar extraordinaria, la instructora ha fijado la prohibición de que 3 de los acusados puedan acudir a Berriozar, a los que se considera autores materiales de la agresión (hay uno que vive allí y solo podrá entrar y salir de su domicilio, pero no hacer vida activa allí), y ha dictado para todos una orden de alejamiento de 500 metros respecto a los militares que en su mayoría residen en el cuartel de Aizoáin. Además, les ha retirado el pasaporte y deberán acudir de forma periódica al juzgado.

Equipo de investigación

La Policía Foral y la Guardia Civil han conformado un equipo de investigación para tratar de averiguar quiénes participaron en los sucesos del 19 de julio. Según ha podido saber Ahotsa.info, los cuerpos policiales cifran en otras 14 las personas que habrían participado en los hechos y que todavía no han sido identificadas, o al menos detenidas. Las investigaciones se han centrado en la posición de los móviles de los arrestados y las interacciones que hicieron entre ellos de forma previa a los hechos.

Las acusaciones han tratado en todo momento de justificar la existencia de un delito de discrimnación ideológica, entendiendo que el ataque se debió a que algunos militares portaban camisetas de la selección española y que estaban viendo el partido. Además, acusan a los jóvenes detenidos de haber participado en las movilizaciones previas contra el españolismo que se celebraron en la capital navarra. Las acusaciones ocultan la presencia de la simbología nazi, que al parecer fue el motivo verdadero del ataque.