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A poner la otra mejilla se nos enseña a la clase trabajadora desde la niñez. Hay ciertos aspectos de la sociedad en la que vivimos que debemos, se supone, aceptar con resignación. Uno de esos aspectos, que hace casi 20 años hizo que nos agitaran brutalmente, es el acceso a la vivienda. Por muchos parches y achiques de agua que, gobierno tras gobierno, se hayan intentado aplicar, cada cual a su manera, las trabajadoras siguen sangrando.

Recientemente, una familia que trataba de encontrar un contrato de alquiler para poder tener un techo bajo el que cobijarse se topó con esta mano que nos abofetea continuamente: la propiedad privada. Al ver imposibilitada esta vía, tuvieron que rodear la ley para no quedarse, con sus hijos, en la calle. Así, nos encontramos con dos padres y tres hijos que actualmente viven en el ropero solidario de Beriáin. Esta familia, dispuesta a acceder a la vivienda por la vía legal, se ha visto envuelta en un escándalo cuya otra protagonista no es otra que la propia iglesia. Es bien sabido que la iglesia, en este caso concreto el Arzobispado de Pamplona y Tudela, tiene propiedades a su nombre y que, algunas de ellas, están en desuso. Si bien en 2021 cedió ciertas de estas propiedades al Gobierno de Navarra esto no eliminó el carácter de propiedad privada de las mismas. Así pues, bien de la mano del Gobierno de Navarra, a través de Nasuvinsa, o bien a través de la Arzobispado, estas propiedades siguen engrosando el bolsillo de quien las posee.

No es casualidad que hablemos del Gobierno de Navarra, ya que a través de esta estrecha colaboración es como se mantiene el orden que permite que la vivienda siga siendo un bien de mercado, sujeta por ello a las lógicas del capitalismo, fundamentadas en la explotación de la clase trabajadora. Como se suele decir “no se puede estar en misa y repicando” y el Gobierno de Navarra es un perfecto ejemplo de ello: mientras anuncia a bombo y platillo nuevas mejoras en los sistemas de cesión de vivienda; desahucia y desaloja a familias y personas sin otros recursos a los que acudir. Los servicios sociales se ven ahogados con casos como este, en los que familias en situación vulnerable se encuentran al borde de la calle y no tienen capacidad ni recursos para hacer frente. Aunque se mencione aquí principalmente al Gobierno de Navarra, esto no es algo que se limite a este órgano ya que la institución y el Estado ejerce esta violencia indiferentemente de los límites geográficos de la comunidad o municipio en la que se encuentre.

Mientras la Iglesia y la institución se ponen medallas por, supuestamente, paliar los problemas de la clase trabajadora, a día de hoy hay una familia con una notificación de desalojo inminente y sin fecha, con la amenaza constante de ser expulsados de su actual vivienda y quedándose en la calle, sin otra opción. Debemos dejar de ver al enemigo en quien es rechazado por la legalidad, la guerra del penúltimo contra el último solo afecta a las familias trabajadoras y beneficia a quien hace negocio con nuestras vidas. El verdadero enemigo es el modelo económico que permite e incentiva esto, impidiendo que todas las personas tengan acceso a una vida digna. Desde el Sindicato de Vivienda de Haritu llamamos al Arzobispado de Pamplona y Tudela a paralizar el desalojo inmediato y a buscar una vía de negociación hasta que se encuentre una alternativa real, estable y duradera para esta familia. Mientras tanto, seguiremos organizándonos contra el sistema que hace posible que una persona o una familia no pueda acceder a la vivienda.