ahötsa_

Sin embargo, al analizar los presupuestos para este año 2024, nos volvemos a encontrar con las mismas políticas económicas y fiscales que venimos arrastrando desde aquellos años.

El importe total del presupuesto, para este año 2024, es de 6.355 millones de euros. Una cantidad, que dada la necesidad de establecer, cuanto antes, una economía centrada en el bienestar humano y la estabilidad ecológica en lugar de en el crecimiento perpetuo, se antoja suficiente para una Comunidad como Navarra.

Técnicamente, a la hora confeccionar el presupuesto, cada departamento propone unas líneas de gasto que se denominan “partidas”. Este año el presupuesto de gastos tiene un total de 5.400 partidas. Así el Departamento de Salud, con 810 partidas, tiene un presupuesto de 1.465 millones de euros. El Departamento de Educación, con 360 partidas, tiene un presupuesto de 887 millones y el Departamento de Derechos Sociales, con 480 partidas, tiene un presupuesto de 648 millones.

Estos tres departamentos, que aglutinan la política social que realiza el Gobierno de Navarra, suman 3.000 millones. Lo que equivale al 48% del total del gasto presupuestario. Un porcentaje semejante a los que se vienen dando desde el año 2012 para esos tres departamentos.

Para que un Gobierno sea tachado de progresista y de izquierdas, el porcentaje destinado a gastos sociales debería situarse en el 80% del total del presupuesto. Así pues algo no está funcionando en este Gobierno de Navarra.

De ese algo nos podemos hacer una idea, cuando analizando esas 5.400 partidas observamos que 20 partidas, solo veinte, suman 1.800 millones de euros.

Así tenemos que la partida correspondiente al pago de la deuda publica suma 550 millones. Una deuda pública que nos viene por los marrones heredados de UPN y que los Gobiernos del cambio pagan religiosamente, haciendo oídos sordos al informe sobre la deuda ilegitima en Navarra, que desde el Parlamento Social presentamos en el año 2018 al Parlamento de Navarra. En el que se demostraba que diferentes entidades financieras adeudaban al Gobierno de Navarra 191 millones de euros. La política que lleva a cabo el Gobierno de Navarra de refinanciar constantemente su deuda, a costes inevitablemente mayores, supondrá volver a los recortes sociales en el futuro.

Otra partida es la correspondiente al pago del convenio económico. Este año 837 millones. En teoría por la diferencia entre lo que el Estado aporta a Navarra y lo que Navarra aporta al Estado. De acuerdo a un informe realizado por la Hacienda Foral de Navarra para la actualización del quinquenio 2015-2019, el 60% de la aportación anual que Navarra realiza al Estado, corresponde a los intereses y cuotas de amortización de “TODAS” las deudas del Estado. De la que Navarra es responsable por obra y gracia del artículo 54.2.c del convenio económico. Algún esfuerzo se le debería pedir a nuestro Gobierno de Navarra, para modificar ese artículo. Sobre todo en lo referente al “TODAS”. Ya que según lo expuesto en un estudio realizado por la facultad de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, la corrupción en España incrementa su deuda pública en 30.000 millones de euros cada año.

También tenemos tres partidas, que suman 127 millones, para los denominados “peajes en la sombra”. Un invento de UPN que sirve para engañar a la gente, haciéndonos creer que cuando vamos por las autovías de Estella y de Jaca o cuando vemos correr el agua por el Canal de Navarra no nos cuesta un euro, pero la realidad es que les estamos pagando esa millonada a sus verdaderos dueños, que no son otros que fondos buitres con los que UPN negoció este fraude.

Otra partida es para la enseñanza concertada, 170 millones. En un momento en que se está reivindicando desde la enseñanza pública la disminución de ratios, debido a los problemas que está creando, sobre todo, la masificación del alumnado adolescente en las aulas de los institutos, y que el Departamento de Educación no soluciona, porque dice que eso le supone un gasto de 131 millones de euros y no dispone de ellos.

Hay diez partidas, que suman 71 millones, destinadas a subvencionar empresas y organizaciones empresariales privadas. Bajo el mantra de la colaboración público-privada, muchos de esos millones acaban en beneficios para el sector privado cuando la colaboración va bien, pero al contrario, suponen millones de pérdidas para el sector público cuando la colaboración va mal. Sería necesario regularizar la actividad de la empresa pública Sodena, cuyo nivel de deterioros a causa de estas colaboraciones debería ser inasumible para el Gobierno de Navarra.

La subvención a la Universidad de la Iglesia en Navarra, junta tres partidas que suman 30 millones. Una la que atañe al convenio de Salud con la Clínica Universitaria y las otras por lo que recibe a través del IdiSNA para investigación.

Por último hay una partida para la Volkswagen de 15 millones, dentro del chantaje permanente al que esta empresa tiene sometido a todos los Gobiernos de Navarra, desde que se instaló en nuestra Comunidad.

Si estas veinte partidas fueran renegociadas hasta su eliminación, estos 1.800 millones pasarían a engrosar la cifra destinada al gasto social, con lo cual estaríamos cerca de ese 80% del presupuesto destinado a las necesidades de la gente.

Los partidos políticos, autodenominados progresistas, que sostienen al Gobierno de Navarra nos indican, que en el actual contexto macroeconómico europeo, donde las decisiones económicas vienen impuestas por el Banco Central Europeo y la política comercial la marcan acuerdos internacionales en los que no pueden participar, les es imposible practicar otro tipo de políticas contrarias a las “socialverdeliberales” que vienen realizando. Justificando que con ello impiden la vuelta de la derecha al Gobierno de Navarra.

Es un error. No se quieren dar cuenta que estas políticas están generando una desigualdad de rentas cada vez mayor en Navarra, y que esta desigualdad, como está pasando en todo el mundo, abre las puertas, de par en par, a la entrada de la extrema derecha en las instituciones.

En Navarra al tener una Hacienda propia, tenemos la capacidad de combatir las políticas neoliberales, realizando una política fiscal justa, solidaria y progresiva, acompañada de una lucha eficaz contra el fraude fiscal. Ni una cosa ni otra aparecen en los presupuestos del 2024. Al contrario, tenemos un sistema fiscal que hace que el pago de impuestos por parte de los ricos sea casi voluntario.

Reclamamos voluntad y valentía política, para tener una sociedad al servicio de todos, que ofrezca igualdad de oportunidades y termine con la extrema desigualdad de rentas.