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Una acción contra el TAV en la que dos personas se encadenaron al balcón de la Diputación Foral de Iruñea ha desembocado en una lluvia de multas contra un total de 33 personas que presenciaban o apoyaban la protesta desde los alrededores. Son casi de 15.000 lo euros que la Delegación del Gobierno español pretende recaudar por una protesta en la que no se produjo ningún tipo de incidente. La Policía acusó a estas personas de haber obstaculizado el tráfico de las inmediaciones. Pero las propias imágenes de la protesta difundidas por Mugitu muestran como es la propia Policía Nacional la que desplaza de la acera hasta la carretera a las personas multadas.

La Policía española no realizó ninguna identificación en el lugar de los hechos, pero mediante cámaras de videovigilancia ha identificado a las 33 personas denunciadas. Desde Mugitu afirman que no entienden en base a qué criterio Delegación del Gobierno decide multar a esas 33 personas y no al resto. "Nos da la impresión de que una manera totalmente arbitraria y vengativa se ha elegido a 33 cabezas de turco con el objetivo de castigarles política y económicamente", dicen. Es más, Mugitu asegura que una persona multada no se encontraba en el lugar de los hechos.

"En un momento en el que el cuestionamiento del TAV es más que notable, algunos pretenden acallar a la oposición al TAV a golpe de multas o de juicios", denuncia Mugitu.

Mugitu ha realizado durante las últimas semanas en Iruñea una campaña de mosqueo en forma de carteles, pegatinas y artículos en prensa con la misteriosa cifra de 2'8cm=450€X33. Estas cifras responden a que cada uno de los 33 multados reclaman que se les devuelva sus 2'8cm de vía del TAV, que es a lo que equivale la multa de 450€ que se les ha impuesto.