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    El pasado 23 de diciembre, mientras la prensa publicaba que los beneficios empresariales en Navarra habían subido en 2022 más del doble (11,5%) que los salarios (5%), la presidenta del gobierno, María Chivite (PSN), exaltaba en un acto institucional las virtudes del Amejoramiento al celebrar el 40 aniversario de la aprobación de esas tablas de la ley.

En su discurso reiteró el eterno raca-raca referido al carácter pactado del Amejoramiento (nada dijo de su negociación excluyente y su falta de refrendo democrático) y las décadas de leche y miel que nos ha dado. Poco antes, el 27 de noviembre, con alto nivel de pompa y boato, había realizado en Madrid un acto similar que fue fuertemente criticado por EH Bildu, Geroa Bai y Podemos. Entendían éstos que ir a la Villa y Corte a celebrar el 40 aniversario quedaba un tanto servil. Así las cosas, María Chivite buscó atemperar con este segundo acto en Iruñea aquella muestra de pleitesía.

En el programa del actual gobierno (PSN-Geroa Bai-Podemos), se recoge el compromiso de “creación de una Ponencia en el Parlamento que estudie la actualización de la LORAFNA –Amejoramiento-, dentro del marco constitucional vigente”. Por su lado, en noviembre de 2021, el Parlamento Foral reiteró igualmente la necesidad de “crear una ponencia con presencia de todos los grupos y agrupaciones representadas en el mismo que estudie la actualización de la LORAFNA”. Sin embargo, a pesar de todo ello, ningún paso práctico se ha dado en esta dirección.
Llueve sobre mojado. El programa del anterior gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai), apoyado por EH Bildu, Podemos e I-E, recogía el compromiso de “abrir un proceso participativo y parlamentario al objeto de reformar el amejoramiento para definir el status político de Navarra, incluir nuevas competencias y avanzar en el reconocimiento de derechos sociales, dándoles el mayor rango legal posible, haciéndolos efectivos en su cumplimiento y sometiendo la propia reforma a refrendo ciudadano”. Pero nada de esto se materializó: ni reforma con mayores competencias y derechos sociales, ni proceso participativo, ni refrendo ciudadano.

Sabido es que muchas veces los programas electorales y lo que después se hace no suele coincidir. Se predica mucho, pero el trigo es poco. En ocasiones se debe a que se han minusvalorado, o no se han querido ver, las dificultades que supone enfrentarse a los poderes fácticos económicos, sociales, policial-militares y mediáticos, que son los que de hecho ostentan el poder real. En otros casos los programas tienen mucho de operaciones de marketing destinados a lograr votos, pero después…, ¡si te he visto no me acuerdo!. Pues bien, ¿cuánto de esto hay en cada uno de los dos programas de gobierno comentados?

    Tras 40 años de Amejoramiento, un par de decenas de transferencias están aún sin materializarse. En esta legislatura se han logrado las de sanidad penitenciaria, gestión del ingreso mínimo vital y se ha dicho también, por enésima vez, que la de tráfico está al caer. La otra cara de la moneda ha sido la modificación de la Ley del Convenio Económico, aprobada finalmente gracias al voto de Navarra Suma. Según esto, la competencia para fijar el cupo a pagar al Estado queda ahora en manos de una Comisión de Coordinación Técnica inter-gobiernos, limitándose así el poder del Parlamento de Navarra en esta importante materia. 

    Mientras, el PSOE ha seguido recurriendo al Tribunal Constitucional (TC) leyes aprobadas por el Parlamento navarro. Son los casos de la Ley Foral de Contratos Públicos y la del Fuero Nuevo (código civil navarro). En este último caso, el tribunal ha recortado una materia que es competencia exclusiva de la Comunidad Foral. Así las cosas, en el Parlamento se ha instalado la costumbre de legislar mirando de reojo a la Delegación del Gobierno central, pues basta con que ésta amenace recurrir ante el TC una ley en tramitación (el último caso ha sido el de la Ley Foral para reducir la temporalidad en la Administración), para que la iniciativa legislativa sea cambiada y ajustada a los gustos del Gobierno de Madrid.

    Tanto el Amejoramiento como su madrastra la Constitución son para sus palmeros textos sagrados similares a la Biblia o el Corán. Nada les importa que vivamos en una sociedad radicalmente diferente a aquella en la que se aprobaron estos textos. Tanto sociológicamente (envejecimiento poblacional, migración), como económicamente (entrada en la CE, descenso del sector industrial, peso del capital extranjero…), nuestra sociedad es ya otra. También cultural e ideológicamente se ha hecho más ecologista, euskaltzale, feminista y laica. Por si lo anterior fuera poco, los últimos años han evidenciado los graves problemas de fondo que golpean a nuestra sociedad: crisis climática, pandemias, guerras…

    Más nada de esto importa al PSN-PSOE y UPN-PP. El Amejoramiento ha cumplido 40 años y la Constitución 44. Pero aunque la monarquía apeste, la Judicatura hieda, la impunidad del Estado siga siendo ley (Tarajal, torturas, Melilla..), la Iglesia se enroque en postulados integristas y el IBEX 35 sea fiel réplica de la cueva de Alí Babá, estos partidos se niegan a abrir la más mínima vía a la reforma de estos textos. Mucho menos aún, a su sustitución por otros más democráticos y sociales. Siguen defendiendo su constitucional y atapuercano Amejoramiento foral porque están convencidos, como el Quijote, que es “¡mejor no tocallo!”.

    En mayo, elecciones forales. ¿Se seguirá mareando la perdiz y haciendo brindis al sol o se optará de una vez por coger el toro por los cuernos?