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A mes y medio de la gran movilización anual de Bilbo, Sare ha presentado este martes en Gasteiz un informe actualizado sobre la situación carcelaria, en el que detalla el estado del proceso de repatriaciones y de lo que se ha convertido en principal escollo actual: las trabas al tercer grado. En un momento en que se están produciendo reversiones de esta calificación que conllevan reencarcelamientos, la red subraya que con los criterios legales en la mano en realidad deberían ser hasta 110 los presos en este régimen de semilibertad.

«Si nos fijamos en lo indicado en el artículo 36 del Código Penal, son 110 los presos que han cumplido la mitad de su condena», que es el requisito principal para acceder a tercer grado, han explicado Joseba Azkarraga y Bego Atxa en Gasteiz. En ese caso bastarían informes técnicos favorables sobre su evolución o la inexistencia de riesgo de reincidencia para que fueran propuestos a esa progresión.

Esos 110 suponen el 64% del total, y Sare recuerda además que «estamos hablando de personas con largas condenas ya cumplidas, con décadas de alejamiento y que han sufrido una política penitenciaria de excepción que nos ha traído hasta esta irregular e inaudita situación. Sin dicha política de excepción –certifica–, muy posiblemente todas estas personas se encontrarían en semilibertad o incluso en libertad condicional».

La realidad es muy diferente. En la batalla legal iniciada por EPPK en 2017 se han logrado 32 terceros grados, y además 21 de ellos han sido recurridos por el Ministerio Fiscal y seis de estos recursos han sido aceptados, con lo que los presos han sido devueltos a prisión. El último caso es de Joseba Arregi, que tiene 76 años y permanecido 30 años en prisión.

Otros cuatro casos han sido ratificados por el Juzgado Central de Vigilancia en tercer grado, rechazando el recurso fiscal. Once quedan pendientes de decisión. Y se acaban de aprobar otras tres progresiones sobre las que aún no se ha posicionado el Ministerio Público.

Azkarraga ha denunciado que tres de las cuatro progresiones ratificadas por el Juzgado de Central de Vigilancia Penitenciaria han vuelto a ser recurridas por la Fiscalía ante la Sala Primera de la Audiencia Nacional; «y, además, ha solicitado que la actual situación de semilibertad en la que se encuentran estas personas sea revocada y vuelvan a prisión y esperen allí hasta que la Sala Primera tome una decisión».

«Hasta ahora la Fiscalía había asumido las decisiones finales del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, pero ahora busca una nueva vía para seguir recurriendo», ha añadido antes de preguntar «si estamos ante una verdadera justicia de corte humanista o estamos ante una clara venganza política». «Estamos ante una justicia que se ha convertido en el arma jurídica de la extrema derecha política», ha manifestado.

 «A la Fiscalía le da igual que ETA ya no exista»

El informe ahonda en los «argumentos» de la Fiscalía, sobre los que ya hablaba el domingo en NAIZ la abogada Onintza Ostolaza. Todos son enrevesados: en algunos casos argumenta que a la persona presa le faltan varios años para acabar condena (8, por ejemplo) pero obviando que ya lleva muchos entre rejas (22); en paralelo se esgrime que no se puede acceder a tercer grado sin haber pasado antes por permisos penitenciarios, cuando es la propia Fiscalía la que los veta; o se alega que no se ha pagado la responsabilidad civil cuando sí lo hacen, obviamente en función de sus capacidades económicas, muy limitadas en prisión.

La alegación sustancial de la Fiscalía es «que estás personas no se han arrepentido, ni han pedido perdón de manera expresa a las víctimas, ni han repudiado sus propios actos, ni han colaborado con la Justicia…». Para Sare, con ello se «infravaloran y desprecian» sus escritos de reconocimiento del daño y compromiso de no reiteración, avalados por los técnicos de las cárceles. Y aquí, de nuevo, llega el absurdo, cuando la Fiscalía llega a argumentar que «estos presos y presas no se han desvinculado de la organización ETA, obviando que ETA tomó la decisión que tomó hace ya más de diez años, y que hoy ya no existe. Al Ministerio Fiscal le da igual. No le vale para nada. Y esto es así porque no se guía con criterios de justicia. No».

Sare garantiza que seguirá movilizándose contra esta «subjetividad, discrecionalidad y arbitrariedad». Valora que la Administración de la CAV «continúe guiándose por sus propios criterios profesionales y proponga de nuevo las progresiones de grado» frente a los bloqueos de la Audiencia Nacional. Y añade una demanda: «Por el bien de la credibilidad de la propia justicia, que se devuelva a los juzgados naturales lo que se hurtó en 2003», cuando la AN pasó a asumir todo lo relativo a estos prisioneros. Y es que «resulta inadmisible que jueces y fiscales, a más de 500 kilómetros de distancia, tomen decisiones sobre presos y presas cuya evolución desconocen, oponiéndose sistemáticamente a la labor de los profesionales penitenciarios».

Repatriaciones y manifestación

El informe comienza analizando otra cuestión que sí evoluciona positivamente: el proceso hacia el fin del alejamiento, si bien constata que se mantiene en el caso de 19 presos y presas (en torno al 10% del total).

Sare recoge aquí las declaraciones recientes del ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, en las que decía textualmente: «Si tuviéramos en Cádiz a los 190 presos/as de ETA, estaríamos incumpliendo la ley». Y le traslada dos preguntas: «Si son conscientes de ello, ¿por qué han mantenido la política de alejamiento durante más de 30 años? Y lo que es más grave, ¿por qué continúan manteniéndola hoy y no le ponen punto final?».

Con todo, la red muestra de su esperanza de que «2022 sea el año en el que se ponga punto final a esta política de alejamiento que vulnera derechos fundamentales y la propia legislación penitenciaria». Algo más allá queda la movilización del 7 de enero, sábado en que «tenemos la oportunidad de demostrar que una gran parte de la sociedad vasca no quiere que su silencio se utilice como argumento para prolongar el sufrimiento de quienes llevan cumplidos, en muchos casos, más de dos décadas de prisión. Entre todos vamos a conseguir poner fin a esta situación. La defensa de los derechos, de los derechos humanos, nos corresponde a todos y todas».

Cabe señalar que el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Sare tomará las calles de Durango. Partirá a las 17.30 horas desde Landako bajo el lema ‘Etxerako bidean, oztoporik ez. Gradu erregresiorik ez!’. «Queremos denunciar el bloqueo constante de la Fiscalía en relación a las progresiones», ha apuntado Azkarraga.