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El motivo es que la empresa se niega a aplicar la revisión salarial sobre IPC + 0,5% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2021. La cifra pendiente supone un 5,2% del salario anual, la diferencia entre lo aplicado inicialmente 1,8% y el incremento definitivo 7% (6,5% + 0,5%). A día de hoy esa cantidad negada supone más de 1.000€ brutos a cualquier trabajador o trabajadora de la planta, más el efecto acumulativo que tiene para los salarios de los años posteriores, más la devaluación que supone frente al encarecimiento actual de todo tipo de productos en caso de no aplicarse dicho incremento. Si tenemos en cuenta que el salario de convenio está entre los 18.400 y los 19.400 euros brutos anuales para el grueso de la plantilla, estamos hablando de mucho dinero para las personas afectadas.

Segun han denunciado desde el comite, el anuncio por parte de la Dirección de un posible ERTE no viene sino a agravar la situación salarial en la que se encuentra la plantilla de cara a afrontar una posible pérdida salarial mayor combinada con unas prestaciones por desempleo inferiores a las que debieran corresponder en caso de haberse actualizado los salarios con el IPC.