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Las entidades que conforman el Comité de Navarra de la ILP (SOS Racismo, CEAR, Papeles Denontzat, Oxfam Intermon, Redes Navarra, Por un Mundo más Justo y Fundación Itaka Escolapios).

Se estima que en el Estado español residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad. La situación irregular de estas personas dificulta enormemente su día a día, y el proceso para acceder a la residencia es muy dificil. Según las organizacviones que impulsan esta ILP “esta dinámica genera una espiral de vulnerabilidad y desprotección que acrecienta la exclusión social e impacta en el conjunto de la sociedad”, por lo que piden buscar mecanismos “que garanticen que dichas personas puedan salir de la situación de invisibilidad y “no derechos” como consecuencia del estatus migratorio irregular.”

Pero ¿cuáles son las razones que justificarían una regularización extraordinaria de las personas migrantes en situación irregular?  En primer lugar citan un aspecto elemental, el respeto de los derechos fundamentales de cada ser humano. “La irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad”, indican.

En segundo lugar, recuerdan que la situación irregular de estas personas supone una pérdida “de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad”, ya que impide a muchos migrantes contribuir en el sostenimiento de la sociedad. “Una regularización afloraría el gran potencial de sus impuestos directos y de las contribuciones de empleados y empleadores al sistema de Seguridad Social”.

En tercer lugar, las personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos suponen “un déficit de gobernanza pública que es urgente corregir”.

La cuarta razón hace referencia a cómo durante la pandemia las comunidades de migrantes en situación irregular “han dado la cara por la sociedad en sectores imprescindibles como el de los cuidados, el reparto a domicilio o la recogida de fruta y verdura”, pagando por ello “un altísimo precio” en forma de contagios y muertes. “La sociedad tiene una deuda de gratitud con estos colectivos”, afirman.

En último lugar, esta regularización extraordinaria sería acorde con los acuerdos e iniciativas internacionales a los que el Estado español se ha comprometido y entre los que se incluyen la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y otros pactos europeos y mundiales.