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El informe presentado por estas organizaciones expone la afectación y los impactos que ha generado el uso de las balas de goma en el Estado español entre los años 2000 y 2020. A pesar de la existencia de diversas publicaciones y estudios internacionales en la materia, el análisis sobre el empleo de estos proyectiles por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español sigue siendo hoy un tema de difícil conocimiento “dada la dificultad de acceder a la información por medio de los mecanismos públicos de consulta, aludiendo cuestiones de seguridad nacional y seguridad pública por parte de las autoridades españolas”.

No obstante, desde 1976, y hasta el último caso conocido de afectación grave en 2017, se contabiliza que las balas de goma han dejado, al menos, 23 personas muertas y varias decenas de heridas, muchas de ellas de gravedad. Sólo en los últimos 20 años, la presente investigación ha contabilizado 22 casos de afectaciones en contextos de protesta y celebraciones futbolísticas. A estas cifras, deben añadirse las 14 personas muertas y las 4 heridas que buscaban alcanzar a nado las costas del Tarajal (Ceuta), el 6 de febrero de 2014, y que recibieron disparos de balas de goma por parte de la Guardia Civil con el fin de impedir su entrada al Estado español.

Desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos, la presente investigación tiene en cuenta el marco normativo internacional y nacional, las especificaciones técnicas del arma y la munición, así como los impactos físicos y psicológicos de su uso y las dificultades en la investigación de los hechos. “El objetivo es contribuir al debate público, exponiendo que se trata de un arma que, por su imprevisibilidad y aleatoriedad, así como por su potencial lesivo, no cumple con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza, por lo que se recomienda su prohibición”, indican en el informe.

La comunidad internacional pide la prohibición de las balas de goma

Tal y como se recoge en el informe presentado hoy, la normativa internacional establece una serie de criterios para el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales. Se establece que el uso de la fuerza ha de estar regulado por el derecho interno y los reglamentos administrativos en conformidad con el derecho internacional, y se subraya que únicamente se use esta fuerza cuando no haya otra alternativa y que debe cesar tan pronto como deje de ser necesario. Dependiendo de las circunstancias, el uso innecesario o excesivo de la fuerza puede incluso constituir tortura o malos tratos. Por otro lado, el principio de precaución establece que las operaciones y acciones policiales deben tomar todas las precauciones necesarias para evitar o, al menos, minimizar el riesgo de recurrir a la fuerza y para minimizar la gravedad de cualquier lesión que pueda causarse, y que estas actuaciones deben regirse por el principio de proporcionalidad. También se hace referencia a que los funcionarios y funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley no podrán discriminar a ninguna persona por motivos de raza, etnia, color, sexo, orientación sexual, lengua, religión, opinión política o de otro tipo. Además, los Estados tienen la obligación de que los funcionarios y funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley rindan cuentas de sus actos, incluida cualquier decisión de usar la fuerza, y que se deben establecer mecanismos internos independientes para ello.
Esta normativa internacional es de obligado cumplimiento para los Estados.

La Guía sobre armas menos letales de la ONU establece que el uso de estas armas no puede llevarse a cabo de forma automática ni indiscriminada. Por ejemplo, no pueden ni deben usarse armas “menos letales” para dispersar una manifestación, de acuerdo con lo dispuesto por Naciones Unidas.

PIEC, las armas letales prohibidas en muchos países europeos

Sin embargo, el uso de los proyectiles de impacto de energía cinética (PIEC), grupo al que pertenecen las balas de goma del Estado español, es generalizado en la represión de las protestas. Esta munición provoca lesiones contusas (traumatismo no penetrante), pero está demostrado que este tipo de armas puede matar y tiene una alta probabilidad de mutilar o herir gravemente a quien recibe el impacto. Es por ello que diferentes organismos europeos e internacionales se han pronunciado de forma contundente a favor de la prohibición de estas armas . Actualmente, las balas de goma han dejado de usarse en países como Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Rumanía, Suecia así como la gran mayoría de Estados de Alemania.

En Cataluña y en Hego Euskal Herria rige la prohibición del uso de las balas de goma por parte de sus respectivos cuerpos policiales autonómicos, que son también quienes tienen transferidas las competencias en orden público. No obstante, la prohibición no es aplicable a otros cuerpos policiales que puedan operar en ese territorio en supuestos concretos, como es el caso de la Policía española o la Guardia Civil.

En Nafarroa, en 2017, la Policía Foral sustituyó la utilización de las pelotas de goma por los lanzadores de 40mm39. Con la aprobación de esta normativa, el Gobierno de Navarra reguló por primera vez el uso del armamento reglamentario por parte de la Policía Foral.

Las víctimas de balas de goma en el Estado español: del 2000 al 2020
En la actualidad, el Estado español no dispone de registros oficiales que den cuenta de la totalidad de personas muertas o heridas a causa de las balas de goma, lo que dificulta enormemente la capacidad de ofrecer una respuesta institucional efectiva. Los únicos registros conocidos han sido elaborados por la sociedad civil por medio de artículos periodísticos e informes de las mismas organizaciones de víctimas, como Stop Bales de Goma.

Entre los años 2000 y 2020, el periodo analizado en este informe, se han documentado un total de 40 personas afectadas por impacto de bala de goma, 37 hombres y 3 mujeres, cuya media de edad se sitúa en torno a los 30 años. Las secuelas de la lesión que suponen la inutilización (parcial o total) o la pérdida de un órgano representan el 37,5% de los casos registrados. El fallecimiento indirecto por el uso de balas de goma recogido en este informe, abarca el 35% de los casos documentados, todos correspondientes al uso que hizo la Guardia Civil en febrero de 2014 en la playa del Tarajal. Y se incluye también el fallecimiento directo de Iñigo Cabacas, en abril de 2012.

De todos estos casos, en ninguno de ellos se ha condenado al autor material del disparo. Como se recordará, en el juicio por la muerte de Iñigo Cabacas, se condenó a un mando de la Ertzaintza por un delito de homicidio cometido por imprudencia grave, al no haber detenido la carga policial en la que murió el joven. Esta es la única condena conocida que existe en el Estado español por un caso de bala de goma.

Por otro lado, y aunque en este estudio no se hace referencia directa al caso de Aingeru Zudaire, que perdió un ojo por impacto de pelota de goma en 2012, su causa sigue abierta.

Recomendaciones e iniciativas para lograr la prohibición de las balas de goma

Las entidades que han realizado esta investigación proponen una serie de recomendaciones para que las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) se adecúen a los estándares internacionales de uso de la fuerza, regidos por el derecho internacional de los derechos humanos, y se garanticen los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas de balas de goma.

Así, recomiendan al estado español que prohíba las balas de goma, e insta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que acuerden una Proposición No de Ley instando al Gobierno a la prohibición del uso de estas armas. Además, piden la creación de una comisión de investigación que esclarezca los casos de personas víctimas de balas de goma para evaluar el impacto ocasionado en la ciudadanía por el uso de estas armas. Piden también otra serie de medidas en el ámbito judicial, como la creación de una fiscalía especializada en la investigación de la violencia institucional.