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En un primer momento, el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz negó cualquier intervención por parte de los efectivos españoles. Tras una serie de versiones oficiales contradictorias, los testimonios de los supervivientes de la tragedia y las grabaciones existentes sobre los hechos obligaron a reconocer el uso de material antidisturbios.

Según los datos aportados por la Secretaría de Estado, ese día se dispararon 145 pelotas de goma y se usaron 5 botes de humo. Sin embargo, sigue sin saberse quién dio la orden de disparar hacia un grupo de 90 personas desarmadas que se amontonaban en el agua tratando de llegar a la orilla, asediadas además por una patrullera marroquí.

Siete años pidiendo justicia.
Siete años haciendo memoria.
Siete años sintiendo vergüenza.

Hasta el día de hoy, estas muertes (¿o sería más correcto decir homicidios, asesinatos…?) han quedado impunes: la causa ha sido archivada en tres ocasiones, sin ninguna condena a agentes o mandos responsables. El 27 de julio del pasado año, la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó el sobreseimiento libre, absolviendo sin juicio a los dieciseis agentes de la Guardia Civil imputados, al entender que no habían cometido ningún delito. Actualmente, sigue pendiente de trámite el recurso ante el Tribunal Supremo contra dicha resolución.

Dicha causa ha sido reabierta gracias a la obstinación de familiares de las víctimas y organizaciones sociales, quienes nos negamos a contribuir al muro de la desmemoria. Nos negamos a aceptar el archivo de esta ignominia, a dejar marchar estas quince vidas impunemente. Nos negamos a normalizar que las fronteras maten y que el Mediterráneo se haya convertido, desde hace mucho, en una fosa común. Nos negamos a asumir la legitimidad de leyes injustas e inhumanas como la de extranjería, o las decisiones políticas y policiales que llevaron a morir a los quince jóvenes del Tarajal. Nos negamos a aceptar que algo así pueda considerarse legítimo, ni tan siquiera un error, ya que las muertes de estos jóvenes están causadas por políticas muy concretas del Estado español y los gobiernos europeos.

Si bien es cierto que las muertes del Tarajal tienen responsables individuales, no sólo los agentes y mandos de la guardia Civil hicieron que el mar se tragara los sueños, los compromisos, las luchas, los miedos y las valentías de estos quince jóvenes. También es culpable todo un sistema que responde a los intereses de quienes siguen prefiriendo hacer morir a decenas de miles de personas, antes que replantearse sus privilegios coloniales en este necro-capitalismo mundial.
Además, otras 23 personas eran devueltas irregularmente a Marruecos.

Por todo ello, desde hace ya siete años, seguimos exigiendo que el sistema de Justicia haga, siquiera por una vez, honor a su nombre, y que se investigue y juzgue como es debido el caso Tarajal, señalando a los responsables y asumiendo las consecuencias.

Obviamente, es imposible reparar el daño causado. Es imposible devolver la vida a Ibrahim Keita, Armand Debordo, Dauda Dakole, Jeannot Flame, Joseph Blaise, Larios Fotio, Nane Roger Chimi, Ousman Hassan, Oumar Ben, Samba Baye, Yves Bilong Martin, Youssouf, Luc… Sin embargo, sí es posible conseguir que la infinita injusticia de sus muertes sea reconocida, que estos quince jóvenes no caigan en el olvido y que se pongan nombres y apellidos a los responsables.

Con este objetivo, desde SOS Racismo Nafarroa nos sumamos, junto a otros colectivos como Africa Unida, Iruñea Ciudad de Acogida, Papeles y Derechos Denontzat y Karabana Mugak Zabaldu, a la convocatoria de Concentración que tendrá lugar el sábado 6 de febrero a las 17:30 en la Plaza del Castillo. Esta movilización se encuadra dentro de la VIII Marcha por la Dignidad que desde hace siete años se celebra en diferentes puntos de todo el Estado para reclamar Verdad, Justicia y Reparación para los jóvenes del Tarajal.

Ojalá que esta vez sea la última, ojalá que nunca más haya que denunciar que un muro ha llegado más alto que una vida humana.