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Sin duda, esta entrada masiva no habría sido posible si no hubiera miles de personas esperando en la frontera una oportunidad para pasar a Europa, muchas de ellas muy jóvenes y no pocas menores, que a su corta edad ya han idealizado un viaje que presumen los llevará a una Libertad, que para ellos sí se escribe con mayúsculas porque supone una oportunidad de sobrevivir con dignidad.

La realidad es que desde hace años el fenómeno del sinhogarismo de la población migrante que vive en España se ha incrementado, y más concretamente en el caso de jóvenes migrantes. Esta tendencia creciente también ha llegado a nuestra Comunidad y nuestra ciudad.

No hace muchos días varias entidades sociales se hacían eco de esta problemática en Pamplona y exigían a las instituciones una solución para una veintena de jóvenes migrantes que dormían en las calles de Pamplona. Pero es evidente que su número no ha generado la misma expectación, probablemente los espacios que han elegido para pernoctar en la calle, poco visibles, tampoco han despertado el mismo interés político o mediático que hace unos años obtuvieron un grupo de personas sin hogar que se situaron cerca del Club de Tenis. Se trata de un grupo de personas mayoritariamente jóvenes migrantes procedentes del Magreb, en su mayoría, con una clara motivación para formarse y seguir un itinerario de inclusión social adecuado, a pesar del contexto vital que atraviesan.

La Legislación Navarra regula el derecho a la inclusión social y lo define como “derecho a recibir los apoyos y el acompañamiento personalizado orientado a la inclusión plena y efectiva en la sociedad,” “un derecho personal de quien residiendo en Navarra se encuentra en situación de exclusión social” y en el ejercicio del mismo establece en su procedimiento que de base correspondiente, si apreciara que una persona se encuentra en situación de exclusión “El servicio social social, informará a ésta sobre las características de este derecho a los efectos de facilitar su ejercicio”.

Pero la realidad es que, siendo personas residentes en nuestra Comunidad y en nuestra ciudad, con situaciones extremas de vulnerabilidad y exclusión social, en muchos casos no pueden acceder al sistema de servicios sociales públicos o lo hacen solo puntualmente (algunos días en el Centro de Personas sin Hogar), por lo que buscan diferentes enclaves de la ciudad para refugiarse.

En este escenario, el Ayuntamiento de Pamplona informa ha tapiado el antiguo convento de Agustinas donde algunas de estas personas pernoctaban, pero no ha informado cuantas personas dormían allí, qué alternativas habitacionales se les han ofrecido o si durante el desalojo contaron con el apoyo del personal técnico de los servicios sociales municipales para ofrecerles la orientación y el apoyo social que sin duda requerían. Por ejemplo, ¿se les ha informado que, a pesar de carecer de un domicilio, tienen el derecho según la normativa vigente a inscribirse en el padrón municipal? De no hacerlo, se les habría negado también la posibilidad de acceder a los derechos sociales de los que Navarra hace gala y que a su vez están reconocidos por la legislación foral.

Es posible que ninguna de las instituciones implicadas disponga actualmente de un recurso específico para la atención de jóvenes migrantes sin hogar, con capacidad de diseñar y ejecutar planes personalizados de inclusión que se adecuen a sus circunstancias, tampoco el tejido social de la ciudad, y sin embargo, ya se han puesto en acción. Pero el Ayuntamiento de Pamplona sí cuenta con un centro de atención a personas sin hogar, que, si bien puede no ser el recurso más adecuado, al menos puede brindarles mayor seguridad y cobertura de necesidades que la calle, donde su situación de exclusión social se agravará poco a poco y se incrementará el riesgo de su deterioro personal, relacional, y de salud. Además, desde las Unidades de Barrio y el Departamento de Derechos se le podría dar acceso al derecho a la renta garantizada que se reconoce a la población en exclusión social grave y que podría paliar en parte su situación y favorecer el inicio de un itinerario formativo e inclusivo que están deseando acometer.

Por ello, si ambas instituciones, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra, trabajaran coordinadamente y con una verdadera voluntad de ser una comunidad y ciudad DE ACOGIDA, podrían diseñar a medio plazo recursos integrales para su atención e inclusión social, que contribuirán a mejorar la cohesión social; los movimientos sociales han tomado la iniciativa, pero necesitan que el sector público asuma su responsabilidad.