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Esta historia se remonta a 2021, pero de una u otra manera, es la historia a la que nos han acostumbrado. En febrero de 2021 las empresas que hay tras la conocida macrogranja de Caparroso produjeron un grave episodio de contaminación, al parecer, por regar con digestatos resultantes del proceso de biometanización parcelas agrícolas de cercanas a la explotación. Aparentemente, utilizaron los pivots de riego por aspersión de dichas parcelas, una práctica no autorizada. Este hecho fue detectado por colectivos ecologistas y habitantes de Marcilla y Caparroso, que denunciaron los vertidos contaminantes al río Aragón.

Esta práctica, regar con el lixiviado o el digestato líquido proveniente de todos los desechos que entran en la planta de biogás, básicamente, regar con mierda, llegó a generar auténticas cascadas de residuos líquidos por los barrancos de la zona. La contaminación llegó incluso al espacio protegido de los Tramos Bajos de los ríos Aragón y Arga, hábitat de especies en peligro de extinción como el visón y el galápago europeos. También afectó al Parque Natural de las Bardenas Reales, e incluso a una cueva donde habitaban murciélagos que constituyen la única población de este tipo en Navarra.

Estos hechos están siendo investigados aún por los juzgados, por lo que todo, menos la mierda, es muy presunto. Lo que sin embargo ya ha sido juzgado y condenado fue la acción de denuncia que por estos hechos llevaron a cabo un grupo de activistas en las instalaciones de la macrogranja de Caparroso. El 22 de marzo de ese mismo 2021, día mundial del agua, un grupo de personas entraron en sus instalaciones con carteles y vertieron 1000 litros de sus propias aguas, con altas tasas de nitratos, lo que es una parte del problema de estas explotaciones y del modelo de ganadería industrial: la contaminación por nitratos, pero también por metales pesados, disolventes, restos de antibióticos o pesticidas.

El pasado diciembre se publicó la sentencia por la que el Juzgado nº1 de lo penal de Iruña condenaba como penalmente responsables a 8 personas por un delito de daños: rotura de una valla y en de su sistema eléctrico. Contrasta la responsabilidad civil que todo delito acarrea con la pena impuesta. Los daños causados son de poco más de 1200 euros. Sin embargo la pena por el delito del que se les ha declarado culpables es una pena multa de 14 meses a razón de 8 euros al día. Es decir, cada una de estas personas tendrá que pagar 14x30x8, es decir 3360 euros (un total de 26880€). Si estas personas por lo que sea no pagasen cumplirían un día de prisión por cada cuota impagada, es decir, por cada 16 euros no pagados, un día de cárcel.

Ante la gravedad de la contaminación que se dio en febrero de 2021, corroborado con mediciones de la cantidad de nitratos de los residuos vertidos, organizaciones ecologistas pidieron al Gobierno de Navarra y a la Confederación Hidrográfica del Ebro que realizaran analíticas oficiales para determinar la calidad del agua en las inmediaciones de la macrogranja.

Estas organizaciones elevaron también sus denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Navarra, que a la vista de la documentación presentada la admitió a trámite. Fue entonces, y sólo entonces, cuando el Gobierno de Navarra se vio obligado a iniciar actuaciones para remitir informes a la fiscalía. Estos informes indican que efectivamente no tienen autorización para utilizar los digestatos, la mierda, como si fuera agua de riego, práctica altamente contaminante sobretodo cuando llueve sobre mojado, nitrato sobre nitrato.

La defensa del territorio desde una perspectiva ecologista y social se encuentra en un momento muy crítico. Por un lado, vemos como la ofensiva del capitalismo extractivista y sus lógicas de maximización del beneficio, por encima de cualquier otro concepto, se encuentra en plena expansión en Navarra: macrogranjas, agroindustria y minería reciben todas las semanas nuevos permisos y licencias. El beneficio de unas pocas empresas y los cuatro empleos (precarios) que generan se priorizan sobre la fertilidad de las tierras de producción tradicional, la calidad de las aguas y el bienestar presente y futuro de sus habitantes por parte del Gobierno de Navarra. Gobierno que además facilita e incentiva la expansión sin medida de polígonos de producción energética controlados por grandes coorporaciones, en vez de impulsar un verdadero plan de transición ecosocial justa que tenga en cuenta el bienestar social en base a la información que ofrece la Ciencia en cuanto a los límites planetarios. Siguen apretando las tuercas después de 30 años de TAV, el proyecto más derrochador de fondos públicos y que más destrozos ambientales tiene.

Por otro lado la criminalización penal y la persecución económica de los movimientos comunitarios de defensa del territorio o de las personas activistas que denuncian estas situaciones es absolutamente preocupante. Recientemente hemos conocido esta sentencia sobre las activistas de Greenpeace en Caparroso, y lo próximo será el juicio a las 7 personas de Aroztegi a las que les piden un total de 20 años de cárcel y 56 mil euros. La protesta y la desobediencia han ido siempre herramientas para la defensa de lo común. Con el agua no se juega, ni con el modelo que queremos para nuestros territorios. La contaminación y la industrialización del campo son dos caras de una moneda que sólo podrán cobrar cuatro grandes empresas, mientras hipoteca los recursos y los bienes naturales de los que dependemos para vivir. Demasiadas artimañas sobre el tablero de juego, pero que no esperen que nos rindamos.