ahötsa_

La capitalización de la bolsa española creció un 3,6% en junio, sumando 61.742 millones y alcanzando los 1,740 billones de euros. En lo que va de año, la subida es del 9,3%, equivalente a 148.712 millones, y respecto a junio de 2025, impresiona un avance del 25,53% (354.106 millones más)
El Ibex 35 no se queda atrás. Aupado por los seis grandes bancos españoles, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, que en el año 2025 alcanzaron un beneficio neto conjunto de 34.000 millones de euros, cerró junio con un aumento del 6% y en el día que estoy escribiendo este artículo está tocando máximos históricos cercanos a los 20.000 puntos. En total, el índice subió un 12,50% en el semestre. ¿Qué significa esto para los accionistas? Más beneficios y, por ende, más capacidad para repartir dividendos. En estos seis primeros meses la bolsa española aumentó un 21,65% los dividendos, repartiendo entre los accionistas más de 26.000 millones de euros.
Mientras la pobreza y la desigualdad en España son problemas profundos y multidimensionales que afectan a una parte significativa de la población. A pesar de la recuperación económica tras la pandemia, la tasa global de riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE) se sitúa en el 25,8%, afectando a 12,5 millones de personas. La pobreza severa se mantiene constante en torno a los 4,1 millones de personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 644 euros mensuales por unidad de consumo, y un 20% de la clase trabajadora española no puede optar a disfrutar de una semana de vacaciones fuera de su domicilio.
La sociedad española se ha polarizado en los últimos años, con un crecimiento tanto en el extremo más rico como en el más pobre a un ritmo muy superior al crecimiento poblacional. Según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 un 17,5% de las mujeres españolas y un 17% de hombres se encontraban en situación de carencia material, el indicador que mide la incapacidad para afrontar ciertos gastos básicos. Teniendo en cuenta la población, esta proporción equivale a unos 8,5 millones de personas, es decir, 1,7 millones más que en 2018.
En paralelo, España ha creado 35.500 millonarios. Si en 2018 existían 224.200 grandes fortunas en el país, en 2025 este número se elevó a 259.700, según el Informe de Riqueza Mundial 2026 de Capgemini. El patrimonio de estos individuos con al menos un millón de euros, sumó unos 16.270 millones de euros.
Todo esto muestra como en el estado español la clase media se contrae, los pobres aumentan y los muy ricos concentran la mayor parte del crecimiento económico.
Así pues mientras la economía mundial esté dominada por el capitalismo autocrático y las democracias populares no consigan acabar con él, lo único que nos queda por estos lares es el fortalecimiento del estado de bienestar que consiga mitigar los efectos perversos que produce la desigualdad, y para ello no hay mejor herramienta que la fiscalidad y dentro de ella la progresividad en los impuestos, bajo la premisa de que a mayores ingresos, mayor tiene que ser la contribución al mantenimiento y mejora de ese estado de bienestar.
Impuestos como los rendimientos del capital, que aquí en Navarra tributan a un máximo del 28% y que en el caso de los 26.000 millones de euros de dividendos mencionados anteriormente, supondrían una recaudación de 7.280 millones, si tributasen como los rendimientos de trabajo, que aquí en Navarra tributan a un máximo del 52%, la recaudación supondría 13.520 millones. Es decir 6.240 millones más, lo que viene a suponer el presupuesto de la Comunidad Foral de Navarra de todo un año.
En la política fiscal desarrollada en Navarra, desde el desalojo de UPN del Gobierno en el año 2015, se ha primado principalmente el ajuste, basado en datos de recaudación, de diversos impuestos como el IRPF, Sucesiones y Sociedades. Ajuste realizado, básicamente, bajo los criterios del social-liberalismo
Estas políticas, en el conjunto de la sociedad Navarra, han aumentado la desigualdad en los ingresos de forma alarmante. Creándose la categoría de trabajadores pobres, aquellos que con su salario no pueden afrontar los gastos imprescindibles para desarrollar una vida digna.
Por eso la política fiscal debe ir encaminada a paliar esta situación de desigualdad desarrollando medidas concretas que los partidos autodenominados socialistas deberían plasmar en sus programas electorales de cara a las próximas elecciones al Parlamento de Navarra y que las organizaciones sociales y sindicales, mediante la movilización, deberían presionar para que las cumplan. Manejando un símil montañero, el esfuerzo por llegar al campamento base no sirve de nada si te acomodas y acostumbras al confort de este y retrasas sine die ascender a la cima.
Desde el Parlamento Social venimos demandando durante estos últimos diez años una serie de medidas en materia fiscal, deuda pública y Sector Público Empresarial Navarro, que una vez más conviene recordar.
Así en el impuesto de sucesiones se debería mantener la reforma realizada en el año 2018. Sus resultados han demostrado que la progresividad en el impuesto ha arrojado unos resultados positivos, ya que exonerando del impuesto al 91% de contribuyentes (madres, padres, hijas, hijos y cónyuges) se ha obtenido una recaudación superior al 35% respecto a la recaudación anterior a la reforma. De acuerdo a estos datos se podría elevar en 4 puntos el tipo para herencias superiores a los 3 millones de euros, estableciéndolo en el 20%.
En el impuesto de IRPF valorar la disminución progresiva del tipo en la retención para ingresos inferiores a 40.000€ y aumento progresivo en los tipos para ingresos superiores a los 70.000, hasta fijar un tipo máximo del 70%, con el fin de no verse afectada la recaudación.
Reducción progresiva de los beneficios fiscales para rentas superiores a los 60.000€. Estableciendo el mínimo para realizar la declaración de la renta en 21.000€. Así como aumentar las retenciones por rendimientos de capital, hasta igualarlo con las retenciones por rendimientos del trabajo.
En el Impuesto de sociedades regular todos los beneficios fiscales que aminoran de forma escandalosa el tipo real al que tributan las empresas. Inspeccionando y verificando debidamente que las cantidades deducidas se corresponden realmente con las inversiones realizadas en los diferentes conceptos que fija el impuesto.
Recaudación por parte de la Hacienda Navarra del Impuesto especial sobre los beneficios bancarios, así como el control y tributación sobre las ventas originadas en territorio navarro a través de operaciones realizadas “on line”
Crear un Impuesto especial a las empresas por impacto negativo en el medio ambiente. Al respecto y ante el demostrado carácter contaminante que se ejerce por la actividad que se lleva a cabo en el polígono de tiro de las Bardenas, aplicar dicho impuesto, sobre el canon que recibe por su arrendamiento al ejército, a la Junta de las Bardenas. La recaudación de dicho impuesto iría dedicada a la rehabilitación y conservación de las zonas naturales de Navarra.
Respecto a la deuda pública, aplicar las conclusiones que se determinaron en la ponencia para el estudio y análisis de la deuda pública en Navarra, que se realizó en el Parlamento de Navarra en la legislatura 2015-2019. Negociando y reestructurando con las entidades financieras los importes de deuda a amortizar en los próximos ejercicios.
Negociar con el Estado la modificación del artículo 54 del convenio económico, que obliga a Navarra a hacerse caro de TODA la deuda pública del Estado, que actualmente suma 1,9 billones de euros y que en un futuro no muy lejano nos llevará a una nueva crisis económica, con resultados para la clase media bastante más perjudiciales que las crisis actuales.
Potenciar el INI (Instituto Navarro de Inversión) en principio encaminado al desarrollo empresarial navarro, centrado en pymes y autónomos, contribuyendo al desarrollo social y económico de toda la sociedad navarra, con el fin último de constituirse en una Banca Publica al servicio del conjunto de la ciudadanía Navarra y sus Administraciones.
En cuanto al fraude fiscal habría que modificar del artículo 64 punto 1 del reglamento de recaudación en el sentido de aumentar el periodo de prescripción de las deudas tributarias a cinco años. Así mismo crear en el Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra una dirección antifraude, con categoría de Servicio, que integre y unifique los actuales servicios de Inspección, gestión y recaudación, convirtiendo estos en Secciones. Dicha dirección antifraude debería estar coordinada con la unidad de la Policía Foral especializada en delitos fiscales.
Recuperar como medio propio, por parte del Servicio de Recaudación de la Hacienda Foral, la actividad de la antigua empresa pública GEDESA (Gestión de Deudas), especializada en la lucha contra el fraude fiscal y actualmente convertida en una simple área de la empresa pública Tracasa.
Obligación del Departamento competente del Gobierno de informar trimestralmente a la comisión de lucha contra el fraude fiscal de los resultados obtenidos en la lucha contra ese fraude. Especificando, además del importe de la deuda aflorada, el importe de la deuda efectivamente cobrada.
Incremento de los medios humanos destinados a la lucha contra el fraude fiscal. Con el objetivo de duplicar la actual plantilla de inspectores hasta llegar a los 50. Adecuar el temario y el sistema de oposiciones de técnicos y gestores de Hacienda a la realidad formativa actual. Abandonando el sistema que se viene realizando desde hace más de cuarenta años y que no logra cubrir la totalidad de las plazas que se convocan.
Adopción de medidas normativas que impidan a los grandes deudores declarados insolventes, el acceso a beneficios fiscales, subvenciones, formar parte de consejos de administración y ostentar cargos y empleos públicos hasta que regularicen su situación tributaria.