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Las recientes decisiones adoptadas por Donald Trump para revocar las medidas de limitación de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos no son un simple giro de política ambiental. Son la expresión de algo más profundo y peligroso: la imposición deliberada de una realidad alternativa en la que los hechos dejan de importar y el poder decide qué es verdad y qué no.
Estas medidas no son presentadas como un retroceso, sino como un acto de protección hacia la ciudadanía. Trump ha llegado a afirmar que estas decisiones “salvarán muchas vidas”, al liberar a la población —según su relato— de regulaciones que encarecen la energía, destruyen empleo y debilitan la economía.
En esa misma lógica, las políticas destinadas a frenar la crisis climática son calificadas como falsas, innecesarias o directamente como una estafa ideológica. No se trata solo de negar la gravedad del calentamiento global, sino de invertir completamente su significado: lo que la ciencia identifica como una amenaza existencial se redefine como una ficción interesada, y lo que objetivamente aumenta la contaminación y el riesgo sanitario se presenta como una medida humanitaria. Es en esta inversión sistemática de la realidad donde comienza algo más que una controversia política: comienza una forma de gobierno basada en la negación organizada de los hechos.
La presión de los grandes lobbies del automóvil, del carbón y del petróleo ha sido determinante. Corporaciones energéticas como ExxonMobil o plataformas como American Petroleum Institute, no solo han logrado desregulación: han contribuido a construir un relato en el que la emergencia climática se diluye, se relativiza o se presenta como una amenaza al bienestar.
Como advirtió Hannah Arendt, una de las características del totalitarismo es la destrucción de la realidad compartida. No se trata de convencer, sino de desorientar; no de mentir puntualmente, sino de hacer irrelevante la distinción entre verdad y ficción. La derecha radical contemporánea ha convertido esta lógica en una herramienta de gobierno: frente a los hechos, impone una “realidad alternativa” funcional a intereses económicos y geopolíticos muy concretos.
Europa tampoco está al margen de esta deriva. El Pacto Verde Europeo ha evidenciado sus límites al prometer una transición ecológica compatible con el crecimiento ilimitado, mientras la Unión Europea sigue subordinando las decisiones estratégicas a la gran industria, la competitividad y la estabilidad del modelo existente.
El Estado español ofrece un ejemplo especialmente elocuente. Mientras se habla de transición energética, escasean las alternativas reales frente a la crisis energética: no se cuestiona la dependencia del automóvil, ni el aumento constante del consumo, ni el poder de los grandes grupos energéticos. Empresas como Repsol, Iberdrola o Endesa continúan marcando el perímetro de lo políticamente posible, al mismo tiempo que proyectos como el TAV se presentan como sostenibles pese a su enorme coste energético, territorial y social.
Esta misma lógica de negación moral y política se extiende al ámbito internacional de forma aún más grave. Resulta difícil no calificar de profundamente irresponsable —cuando no criminal— que desde Euskadi se sigan fabricando trenes por parte de CAF destinados al Estado de Israel. Un Estado cuya actuación en Gaza ha sido denunciada por amplios sectores de la comunidad internacional como una masacre sistemática contra la población civil.
Aquí, la “realidad alternativa” alcanza su forma más obscena. Se separa deliberadamente la actividad económica de sus consecuencias políticas y humanas. Se presenta como neutral lo que contribuye materialmente a un régimen de ocupación colonialista y violencia. Se invoca el empleo y la competitividad para silenciar cualquier consideración ética, del mismo modo que se invoca el crecimiento para justificar la destrucción climática.
La conexión con Washington no es casual. El respaldo político, diplomático y militar al Estado israelí —incluida la legitimación explícita de su actuación en Gaza— forma parte del mismo ecosistema autoritario que niega la crisis climática, desprecia el derecho internacional y convierte la fuerza en criterio de verdad. En este marco, los derechos humanos, como el clima, se subordinan a intereses estratégicos y corporativos.
Cuando el poder logra que hechos evidentes—bombardeos sobre civiles, colapso humanitario, límites ecológicos— se conviertan en “opiniones”, el terreno está preparado para la normalización de lo intolerable. El totalitarismo contemporáneo no necesita unanimidad ideológica; le basta con indiferencia moral y fragmentación de la realidad.
No resulta casual que esta forma de hacer política sea una de las señas de identidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso. La propuesta de otorgar la medalla internacional a los Estados Unidos lejos de ser una anécdota diplomática es una declaración política: la adhesión explícita a un modelo que normaliza la negación de evidencias, la subordinación de los derechos y de la verdad a intereses económicos y geopolíticos, y la conversión del conflicto permanente en método de gobierno. En este marco, la política deja de gestionar la realidad para competir por imponer su negación más eficaz.
Frente a esta deriva, la respuesta no puede ser el silencio ni la resignación. Defender el clima, la justicia energética y los derechos humanos forma parte de la misma lucha: la defensa de una realidad común frente a su manipulación sistemática. Movimientos como Fridays for Future, Extinction Rebellion, organizaciones como Sustrai en Navarra, por citar algunos, han entendido que no hay transición ecológica posible sin ruptura con los intereses que sostienen la violencia, la desigualdad y la mentira.
“Orwell en Washington” ya no es solo una metáfora sobre el lenguaje político. Es el retrato de un tiempo en el que se construyen trenes, infraestructuras y discursos como si nada estuviera ocurriendo, mientras la realidad —climática, social y humana— se desmorona. Y cuando la política acepta convivir con el genocidio, la devastación ambiental y la ficción como norma, la neutralidad deja de ser una opción: pasa a ser complicidad.