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Por un lado, en la Audiencia Nacional dará comienzo el juicio contra los ocho jóvenes
de Altsasu, acusados por delitos de odio y lesiones y amenazas terroristas y para los
que el Ministerio Fiscal solicita unas penas de 62,5 años de prisión para uno de ellos,
50 años para seis de los chavales y 12,5 años para la última acusada. Penas cuya
suma alcanza los 375 años de privación de libertad. 

Tal y como ha sido denunciado reiterativamente por familiares, amigos/as y
vecinos/as, pese a la insistencia jurídica perfectamente fundamentada de la Audiencia
Provincial de Navarra de juzgar los hechos en nuestra Comunidad, la denuncia de
COVITE – Colectivo de Víctimas del Terrorismo – interpuesta frente a la Audiencia
Nacional abrió las puertas para que los hechos fueran juzgados como “actos
terroristas”. Se alejó así la posibilidad de recibir un tratamiento jurídico acorde con lo
acontecido y proporcionado con respecto a otros casos similares. La jueza de la
Audiencia Nacional no dudó en admitir a trámite la denuncia y entender la existencia
de indicios suficientes para encajar los hechos en los tipos penales referidos a los
delitos terroristas en sus diferentes modalidades. Y esto último a pesar de que han
sido cientos los y las profesionales de la abogacía y judicatura, no sólo a nivel nacional
sino también internacional, las que se han pronunciado públicamente en contra de
esta calificación y han entendido totalmente desmesurado y alejado del rigor jurídico y
los principios básicos inspiradores de nuestro sistema penal la acusación y
encausamiento de los hechos a través de la instancia nacional. 

Por otro lado, Boro LH, conocido periodista navarro de La Haine y Kaos en la Red,
comparecerá igualmente este mismo 16 de abril ante la justicia tras ser acusado de
sendos delitos de atentado a la autoridad y lesiones a dos agentes policiales
supuestamente cometidos cuando se encontraba cubriendo una movilización pacífica
contra la Monarquía convocada por la Coordinadora 25S bajo el lema “jaque al Rey”
en Madrid un 29 de marzo de 2014. Aquel día, la Policía Nacional cargó frente a las
manifestantes y agredió a las periodistas que se acercaban a grabar con sus cámaras
la repentina e injustificada respuesta policial. A pesar de contar con pruebas
audiovisuales – fácilmente localizables en internet – que muestran claramente cómo
Boro en ningún momento ejerció ningún tipo de violencia frente a los agentes – al
contrario, se observa como fue él quién recibió golpes y fue inmovilizado –, la Fiscalía
solicita la imposición de una pena de 6 años de prisión y 6.200 € de multa para el
periodista. 

Estamos ante dos casos que, si bien los hechos distan considerablemente entre sí, no
admiten comparación jurídica entre ellos y presentan propias particularidades
procesales, han de entenderse ambos enmarcados bajo una preocupante escalada
represiva protagonizada por el Estado español; represión no sólo policial y
administrativa, sino también judicial, puesta en marcha ante el mínimo ápice de lo que
bajo sus parámetros interpretan como un posible “desafío” al orden preestablecido. El
“caso Altsasu” simboliza la persecución premeditada de una condena ejemplarizante
hacia lo que entienden un “enfrentamiento” a la autoridad deliberado y organizado – a
pesar de que la Policía Foral primero y después la misma Guardia Civil reflejaron en
sus informes preliminares la ausencia de este posible carácter organizado tras los
hechos en sí –, alimentando así el conflicto entre la ciudadanía navarra y entendiendo
como “actos terroristas” unos hechos que fuera de nuestro territorio en ningún caso
recibirían este tratamiento. Boro, por su parte, es víctima de la persecución de la
disidencia y la movilización social y víctima también de la regresión democrática en la

que nos vemos sumidas y que pasa por la coacción hacia las libertades y derechos
más básicos. Tanto uno como otro caso están siendo juzgados bajo legislaciones
recientemente aprobadas o modificadas discrecionalmente por el Gobierno del Partido
Popular y en no pocas ocasiones con el respaldo del PSOE, como ocurre con la nueva
Ley de Seguridad Ciudadana – conocida como “ley mordaza” – o la renovada
regulación de los delitos de terrorismo introducida tras la modificación del Código
Penal en el año 2015 bajo el pretexto de “combatir el yihadismo”. A todo este
entramado legal subyace una clara intención de atajar la discrepancia ideológica,
expandir temor y contraer la democracia a través de la restricción a derechos
fundamentales y libertades básicas ciudadanas como la de expresión, manifestación o
de información. Tuiteros y tuiteras, titiriteros, cantantes, periodistas, etcétera, han
sufrido en primera persona la persecución de la justicia por actos ejercidos al amparo
de estas libertades ciudadanas. 

La mayoría social no sólo estamos soportando las consecuencias de aquella estafa
que algunas se empeñaron en llamar “crisis” y tratando de reactivar – movidas por el
más último instinto de supervivencia – un sistema corrompido por las élites políticas y
económicas de nuestro país, sino que además se nos inhabilita cualquier opción de
mostrar públicamente nuestro hartazgo y se nos persigue en caso de que decidamos
movilizarnos, exteriorizarlo y denunciarlo. Paralelamente, vemos cómo el beneficio
judicial predomina en los pocos casos de “corrupción” que acaban siendo conducidos
ante la justicia, cómo algunos partidos políticos han convertido las instituciones en su
“cortijo” particular, cómo se exhibe simbología fascista con la tranquilidad de quién se
sabe impune o cómo se incumple sistemáticamente la ley de memoria histórica a fin
de seguir avivando el enfrentamiento ideológico y consolidar la diferenciación entre
víctimas “de primera” y “de segunda”. 

Mientras la protesta social está a cada día más justificada, el Estado se encuentra en
constante búsqueda de nuevas fórmulas represivas a través de las cuales difundir el
temor, acallar a la población y ocultar su autoritarismo bajo discursos distorsionados
aludiendo a la “defensa de la democracia y unidad nacional”. 

El progresivo desmantelamiento de nuestro sistema de bienestar social y el auge
represivo frente a cualquier diferencia ideológica con respecto a la del régimen ha de
preocuparnos a toda la ciudadana. Estamos ante una cuestión colectiva a la que
hemos de ofrecer respuestas colectivas siempre encaminadas a la defensa común de
los principios democráticos Seguir construyendo lazos de solidaridad es fundamental,
y por ello desde AHORA NAVARRA – ORAIN MUGITUZ apoyamos sin fisuras tanto la
manifestación convocada por la plataforma Altsasu Gurasoak para este sábado 14 de
abril exigiendo la necesaria justicia para el “caso Altsasu” y los jóvenes acusados –
tres de los cuales, recordemos, llevan más de 500 días en prisión provisional – , como
tantas otras movilizaciones que se organicen en este sentido y bajo el objeto de
reivindicar libertad, democracia y derechos para todas.