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De todo lo anterior destaco algunas pequeñas minucias: costo del amarre de yates en el puerto, hasta 500.000 €/año; alquiler de estas embarcaciones, 240.000 €/semana; ingresos diarios, tan solo por entradas, de las macrodiscotecas de lujo, 350.000 €; alquiler de limusina, 300 €/hora y 2.100 €/día; de chalets, 64.000 €/semana… Precios todos ellos para sensibilidades exquisitas y cuentas corrientes en las Islas Caimán.

    Una de las personas entrevistadas, comercial de una empresa que alquilaba yates, añadía además en el reportaje que no se podía decir que la actual crisis, ésa que dicen ha sido provocada por el COVID y la guerra de Ucrania, hubiera afectado a los propietarios y usuarios de aquellos servicios, sino todo lo contrario. Les había ido muy bien, según él.

    Susan George, filósofa y escritora de numerosos libros y artículos, así como asesora de varias agencias de la ONU (FAO, UNESCO, UNICEF), afirmó hace años que “quizás, en vez de hablar tanto de la pobreza, deberíamos hablar más de la riqueza”. No le faltaba razón. Señalar con el dedo a quienes son responsables del expolio de las riquezas de las inmensas mayorías empobrecidas del planeta y, en cada país, de la brutal desigualdad social existente, debería ser primera noticia en todos los medios de comunicación. Igualmente, acordar desde las instancias autonómicas, estatales e internacionales medidas encaminadas a recortar y acabar con todas esas injusticias, merecedoras del más cruel de los infiernos, es algo que debería estar en el primer punto del orden del día de las reuniones de todos los gobiernos del mundo.

    Según Oxfam, el 1% de la población más rica del estado español acumula el 23,1% de la riqueza total de éste. Lo peor de todo, sin embargo, no es eso, sino que la acumulación de riquezas por parte de esa minúscula satrapía es cada vez mayor. En el año 2008, antes de la anteúltima crisis, ese mismo 1% concentraba el 15,3% de la riqueza total; es decir, tras las dos últimas grandes crisis el poder económico de esa oligarquía se ha incrementado en un 51%. Encabeza la lista el dadivoso Amancio Ortega, con una fortuna de 67.000 millones de euros. La siguiente es su hija. Todo queda en casa.

    A pesar de ello, Antonio Garamendi, capo di capi de la patronal española -CEOE- y Alí Babá de los 35 del IBEX, ha afirmado que “no se puede hablar de ricos y pobres” porque esto “radicaliza a la sociedad”. Normal, pues según él la crisis es algo que nos afecta a todos por igual, afirmación que incluso el Banco de España ha desmentido señalando que la rentabilidad empresarial está creciendo a una tasa muy alta, mientras que el poder adquisitivo de los salarios de la gran mayoría de la población va decreciendo.

    La gran banca (Santander, BBVA, Caixa Bank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) ha ganado durante el primer semestre de este año la friolera de 12.365 millones de euros, un 20,75% más que en el mismo período del año 2022. Y eso, a pesar del impuesto especial temporal aprobado por el Congreso sobre beneficios extraordinarios, que ha aportado a las arcas públicas 1.120 millones. Es evidente así que la nueva ley, aprobada y alabada por el conjunto de fuerzas de izquierda del Congreso, se ha quedado corta, muy corta. Aún con todo, la Banca recurrió la ley, pero fue todo puro postureo, pues sabía muy bien que contaba con recursos de poder suficientes para que sus beneficios extraordinarios no solo no se vieran afectados, sino que, por el contrario, se incrementaran, como así ha sido.

    Otras grandes empresas españolas, como Naturgy-Gas Natural y Repsol, no se han quedado atrás. La primera ha disparado sus beneficios netos durante el primer semestre del año en un 87,6% (1.045 millones de euros), respecto al período similar de 2022. Repsol, otra que tal, ha anunciado unas ganancias netas de 1.420 millones para este mismo semestre, si bien éstas han sido inferiores a las de 2022. ¡Ojo!, no es que esta última haya tenido pérdidas, sino que las escandalosas ganancias de este año han estado por debajo de los escandalosísimos beneficios obtenidos el año anterior.

    En la sociedad capitalista en la que vivimos, más aún en su especial y españolísima concreción, los intereses entre quienes están en el vértice de la pirámide y las mayorías que conforman su base, no es que sean diferentes, sino que son contradictorios y opuestos. Hay pobreza porque hay riqueza. Las miserias de unos (12,3 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social y un 44,9% de la población llega con dificultades a final de mes) se derivan de las opulencias de otros. Por eso, tratar de intentar paliar, reducir o, por qué no, suprimir la actual desigualdad social entre los pocos que están arriba y las muchísimas que están abajo, no podrá hacerse sin desmochar esa maldita pirámide, cada vez más puntiaguda.

    A pesar de ello, poco de esto se está haciendo, tanto en el marco autonómico como en el estatal. Una de las mejores herramientas para desfacer tanto entuerto social sería implementar una firme reforma fiscal que sirva para trasvasar los abusivos beneficios de las élites económicas a las partidas sociales de los presupuestos públicos. Esta es, sin duda alguna, una de las asignaturas en las que el suspenso institucional es más clamoroso. La política social-liberal impulsada desde gobiernos que se autodenominan progresistas se quedan bastante atrás en este terreno.

Si lo anterior se hiciera, quizás la industria del ocio de lujo de Ibiza se vería afectada negativamente, pero no hay otra. Volvamos a Susan George de nuevo y atendamos a sus recomendaciones: “Manteneos firmes y activos. No seáis demasiado amables”.