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El monumento a los Caídos de Iruñea, segundo en tamaño en el Estado tras el de Cuelgamuros, y primero entre los situados en medio urbano, es una construcción que en su parte central alcanza una altura de 50 m, siendo visible desde varios cientos de metros. Está coronada por una cúpula de 26 m. de diámetro y es un vivo ejemplo de la arquitectura de la época fascista. Fue inaugurado en 1952 por el genocida Franco y su proyecto fue realizado por Víctor Eusa, arquitecto y miembro de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra. En él se albergaron, tras su cripta, los restos mortales de los generales golpistas Mola y Sanjurjo, hasta 2019, en que fueron exhumados por el Ayuntamiento de Pamplona, siendo su alcalde Joseba Asirón, de EH Bildu. El monumento se ubica al final de la Avda. Carlos III, la principal de Iruñea, recortándose su silueta al fondo de ésta y siendo visible desde centenares de metros.

En su fachada, una inmensa leyenda decía “Navarra a sus Muertos en la Cruzada”, hoy cubierta por otra que afirma ser “Sala de Exposiciones”. En su interior, bajo la bóveda, un mural gigantesco de 700 m², obra de Ramón Stoltz, recorre su perímetro evocando “el espíritu siempre religioso y batallador de los navarros por Dios y por la Patria”. El rey navarro Sancho el Fuerte peleando contra el pérfido infiel en la batalla de las Navas de Tolosa, y San Francisco Javier, patrón de Navarra, convirtiendo almas por miles allá en el Lejano Oriente, son sus motivos principales.En sus paredes se grabaron los nombres de 4.500 navarros que lucharon y murieron en las filas golpistas.

A excepción de alguna episódica exposición y las misas anuales realizadas en su cripta por la franquista Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, el monumento apenas ha tenido uso en estos 75 años. En la actualidad se halla cerrado. Su función principal ha sido ser, ayer y hoy, un símbolo ensalzador del golpe fascista.

La historia reciente.

Estos últimos años el monumento y su entorno han sufrido varios cambios. En 2019, bajo el gobierno de EH Bildu, el nombre de la plaza situada frente al mismo, denominada Conde de Rodezno (ministro de Justicia durante la guerra de 1936-1939 y los primeros años de la dictadura, firmante de 50.000 ejecuciones), pasó a llamarse Plaza de la Libertad. Ese mismo año, en noviembre, fueron exhumados por el Ayuntamiento los cuerpos de los golpistas Mola y Sanjurjo. Unos días antes, una manifestación de más de 15.000 personas lo había exigido.

Poco después, el Ayuntamiento convocó unas Jornadas de Reflexión en las que distintos expertos, juristas, historiadores, arquitectas y urbanistas expusieron sus puntos de vista en relación al monumento. Seguidamente, en septiembre de 2018, fue convocado un Concurso de Ideas al respecto. Ya entonces se señaló que aquello era “un reto no exento de polémica tanto por el contenido simbólico del propio monumento, como por el debate suscitado en relación a la posibilidad de su eliminación”. Según las Bases del concurso, las propuestas debían plantear “una memoria histórica crítica, eliminando la apología del bando vencedor en la Guerra Civil”. Se señalaba igualmente que las que resultasen elegidas serían sometidas a un proceso de participación pública.

Al concurso se presentaron 49 propuestas de las que fueron seleccionadas siete por el Jurado. De entre ellas, seis optaban por mantener el monumento, resimbolizándolo, y una, la denominada “Metamorfosis”, optaba por el derribo y la construcción de un nuevo y pequeño edificio realizado con los materiales de la demolición. En la valoración ciudadana que se hizo cuando éstas fueron expuestas públicamente, la del derribo fue, con mucha diferencia (más del doble de la siguiente), la que más votos recibió.

Desde ese momento el proceso padeció un tortuoso recorrido, pues la selección fue recurrida y, posteriormente, el procedimiento fue paralizado durante la legislatura 2019-2023 por el nuevo Ayuntamiento de UPN, favorable al mantenimiento del monumento en sus formas y contenidos actuales. Y así llegamos a 2024 en el que, tras las elecciones municipales de 2023 y la moción de censura a UPN pactada entre EH Bildu y PSN, Joseba Asirón recuperó la alcaldía, conformándose un gobierno formado por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin (Podemos, IU y Batzarre). Pocos días después, el alcalde afirmó ante los medios que una de sus primeras medidas sería la de dar continuidad al proceso y reabrir el debate en torno al monumento.

El movimiento memorialista propone el derribo.

Poco después, en febrero de 2024, 19 grupos memorialistas navarros suscribieron un Manifiesto en favor del derribo del monumento. Se afirmaba que éste “conmemora y ensalza las ideologías que instigaron y ampararon aquellos horrores (y) es un símbolo apologético del pensamiento único y totalitario”, siendo su resignificación “incompatible con la propia esencia del edificio, que es la exaltación material y simbólica del fascismo (y la) negación permanente del recuerdo de la represión sufrida”. Terminaba afirmando que “la única solución que consigue respetar la memoria de nuestras familias y los principios de verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición, es la demolición total de esta estructura”, instando a las instituciones a que “eliminen el blindaje legal actualmente existente que impide que su posible derribo su posible derribo sea una alternativa real”.

En las semanas siguientes, otros grupos suscriben el Manifiesto alcanzándose la cifra de 31 asociaciones memorialistas, 36 colectivos sociales y 558 familiares de personas fusiladas y desaparecidas. A partir de ahí no ha habido semana en la que no apareciera algún artículo de opinión en la prensa tratando el tema, siendo estos, con mucha diferencia, favorables al derribo. Destacan entre ellos algunos firmados por personas destacadas de la izquierda abertzale (ex-concejales de Iruñea, ex-parlamentarios forales,…) posicionándose por la demolición del edificio y reclamando del Ayuntamiento una actuación rápida en pro de ésta.

Algo a subrayar es el apoyo logrado por el Manifiesto entre asociaciones memorialistas y familiares de personas fusiladas, pues estos grupos y personas son quienes, en gran medida, han realizado en Nafarroa en los últimos 45 años el principal esfuerzo social en este ámbito: localización de fosas, exhumaciones, actos de reconocimiento y homenaje, charlas y jornadas, publicaciones, movilización social,.. Los firmantes representan así, en gran medida, a la propia memoria democrática navarra que sigue reclamando verdad, justicia y reparación para con los crímenes del franquismo.

Tras su presentación, la plataforma realizó un intenso trabajo explicando sus razones ante las instituciones (Ayuntamiento de Iruñea, Gobierno de Navarra, Parlamento Foral), los sindicatos (CCOO, UGT, LAB, ELA, ESK, CGT, CNT, STEILAS, Solidari) y otros grupos sociales. En su comparecencia ante la Comisión de Memoria del Parlamento expuso sus propuestas a las fuerzas políticas allí presentes. Por el contrario, desde estas instituciones no se ha mostrado hasta hoy mayor interés en responder a la plataforma y abrir cauces de diálogo sobre el tema. Aún con todo, el debate ha seguido estando en la calle. Sirva como ejemplo decir que en los sanfermines 8 pancartas de las peñas se refirieron al tema, reflejando la necesidad de demoler el monumento.

El Acuerdo tripartito EH Bildu-PSN-Geroa Bai.

En una enmienda presentada por EH Bildual anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática estatal de 2022 se defendía la necesidad de actuar sobre el monumento “sin limitación alguna: completa resignificación o demolición parcial o total”.En esta misma dirección,en mayode 2024, el alcalde de Iruñea afirmó de nuevo que “todas las posibilidades” respecto al futuro del Monumento a los Caídos “están encima de la mesa”, anunciando a su vezun debate que comenzaría este mismo año, algo que no se ha dado.

Más adelante, a la vista del silencio y parálisis institucional, en octubre de 2024, la plataforma por el derribo presentó una petición ante el Ayuntamiento solicitando la demolición del edificio. Una de sus principales razones se refería al artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática que define como “elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones…. en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva de la sublevación militar y de la Dictadura”, añadiéndose que cuando estos “estén ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación”.

Así las cosas, de forma sorpresiva, el 20 de noviembre las direcciones de EH Bildu, PSN y Geroa Bai, dieron a conocer en rueda de prensa un Acuerdo para la “Transformación del denominado Monumento a los Caídos y la creación del centro de interpretación Maravillas Lamberto” cuyo objetivo afirmaba ser la conversión “del citado espacio urbano en un centro dedicado a la memoria democrática y a la denuncia del fascismo”. Los grupos memorialistas se enteraron del acuerdo y su contenido por la prensa. Algo similar sucedió con el grupo Contigo-Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), a pesar de ser socio de gobierno con EH Bildu y Geroa Bai en el Ayuntamiento de Iruñea y del PSN y Geroa Bai en el Gobierno de Nafarroa.

El Acuerdo aparcaba así la tramitación del anterior concurso de proyectos y se anunciaba otro nuevo, quedando descartada a todos los efectos la opción por el derribo. Sobre esta base proponía “la desaparición y demolición de las criptas donde estuvieron enterrados Mola y Sanjurjo… y de las arquerías exteriores del edificio”. Se optaba asimismo por ocultar la cúpula exterior, si bien manteniendo su estructura interna donde se encuentran las pinturas de Ramón Soltz con el objetivo de posibilitar una lectura crítica de éstas y ser utilizadas con fines educativos, pedagógicos y académicos. Sobre esta base, se anunciaba el compromiso de realizar un proceso participativo-informativo-pedagógico que incluiría una consulta ciudadana en Iruñea. Por último, el Acuerdo señalaba la necesidad de realizar distintos cambios legislativos y normativos por medio de un tortuoso procedimiento en el que deben participar el Parlamento de Navarra, el Ayuntamiento de Iruñea, la Dirección General de Cultura “Príncipe de Viana” del Gobierno de Navarra y el arzobispado de Pamplona, titular de la cripta.

La plataforma por el derribo no tardó en contestar. En una rueda de prensa realizada los días siguientes afirmó que era “inaceptable seguir tolerando la permanencia de un símbolo que glorifica a los fascistas y sus objetivos, perpetuando el dolor de las víctimas”. Se añadía asimismo sentirse “tristes, defraudadas e indignadas por la actitud de los tres partidos progresistas firmantes del Acuerdo, que han tomado sus decisiones a espaldas de los familiares, las víctimas y sus asociaciones”. Tres días después se realizó una concentración ante el Ayuntamiento bajo el lema “¡Derribo ya!” a la que acudieron cerca de mil personas.

¿Resignificación o derribo?

Los partidarios de la resignificación han afirmado como una de sus razones principales distintas experiencias internacionales (Alemania, Italia, Portugal, Argentina, Chile…) y estatal (Cuelgamuros, Cárcel Modelo de Barcelona…) gracias a las cuales se ha conseguido rescatar del olvido y la ocultación la verdad referida a campos de concentración y exterminio, centros de detención y tortura, etc…., algo que no habría sido posible, afirman, si su derribo hubiera sido acordado. De todos modos, no conozco ninguna asociación ni persona partidaria del derribo del monumento de los Caídos que haya expresado una opinión favorable a hacer desaparecer o demoler aquellos espacios. No es este, pues, el debate.

Porque no es lo mismo hablar de lugares en los que se hayan realizado violaciones sangrantes de derechos humanos (detenciones, torturas, asesinatos, desapariciones,…), ante los cuales la opción a tomar debe pasar, sí o sí, por su recuperación o resignificación, que aquellos otros que han sido levantados únicamente para exaltar y glorificar a los perpetradores de estos delitos (estatuas, monolitos, grandes mausoleos…), en los que el tratamiento general a dar, con carácter general, debe pasar por su desaparición o eliminación. ¿O es que hay alguien que sea contrario a que las gigantescas estatuas ecuestres de Franco (Madrid, Ferrol, Santander…), hayan sido hechas desaparecer y haya sido partidario de resignificarlas ocurrentemente?

En Santoña, Santander, existe un monumento dedicado a Luis Carrero Blanco, de 40 metros de altura, en cuya cúspide hay un ángel. Es obra de Juan de Ávalos, el mismo que diseñó las esculturas del Valle de los Caídos. Carrero Blanco fue un alto Jefe en la Armada golpista y después mano derecha del genocida Franco. Pues bien, incluso cuando gobernó el PSOE, el ayuntamiento de Santoña se negó a aplicar Ley de Memoria sin que gobierno alguno, autonómico o central, se diera por aludido. Alegó entonces este partido que, a lo más, estaba abierto a darle otro significado, tal como “marino ejemplar”, pero nada de esto se ha hecho tampoco. Pues bien, ¿qué habría que hacer con este monumento, resignificarlo -¿cómo?- o derribarlo? Mientras tanto, el tiempo pasa y el monumento permanece ahí. El mapa turístico local lo señala como un “lugar de interés”.

Hablemos de Cuelgamuros. Su basílica, excavada en el interior de una montaña, está coronada por una cruz de 152 metros de altura, la mayor del mundo, visible desde kilómetros y asentada sobre las imágenes de los cuatro evangelistas. Sobre la base de la actual Ley de Memoria Democrática el pasado julio se creó una Comisión Interministerial para abordar su “resignificación”. El objetivo es hacer de este espacio un “lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje” a los más de 33.000 combatientes de ambos bandos que allí se encuentran. En cualquier caso, no se hace referencia a que sea necesario para ello hacer desaparecer total o parcialmente alguna de las distintas partes que componen ese espacio: basílica, abadía y cruz.

Como es obvio, derribar la basílica en la que se encuentran los restos de esos miles de personas es algo que debe quedar totalmente descartado por respeto a esas víctimas. Pero, ¿qué pasa con la cruz? ¿Habrá que dejarla en pie, sin derribarla, a pesar de ser la exaltación de una iglesia que azuzó el golpe de estado de 1936 desde sus púlpitos y palacios episcopales, declaró la guerra como una Cruzada y, posteriormente, bendijo la dictadura, paseó bajo palio al genocida Franco ofrendándole millones de misas? ¿Cómo resignificar democráticamente ese espacio dejando en pie semejante mamotreto? Es por eso que la resignificación oficial de la que se habla no es sino un puro fraude. Pues bien, salvadas las distancias, algo similar ocurre con el Monumento a los Caídos de Iruñea que, en esencia, no es sino un edificio de pura exaltación golpista y franquista que debe ser eliminado, pues es ésta también la mejor/única manera de resignificarlo.

Termino. Cuando hablamos de memoria democrática, el adjetivo “democrática” tiene que ver, no solo con los valores defendidos, sino con la práctica desarrollada. Es decir, si en una actuación memorialista el proceso seguido hace caso omiso de lo expresado por las asociaciones que trabajan en este ámbito y los familiares las víctimas que padecieron todo tipo de violaciones de derechos humanos, esa recuperación de la memoria estará viciada en origen. Porque democracia no es solamente hablar de la defensa de esos derechos y de la denuncia del fascismo y sus crímenes, sino abrir cauces abiertos de participación, debate y decisión sobre las distintas opiniones y propuestas llevadas a cabo para conseguir lo anterior, sin excluir ninguna de ellas. Algo que no ha sucedido en el presente caso y que aún se está a tiempo de rectificar.