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A pesar de que el empuje social, ha conseguido que las y los menores se
incluyan como víctimas de la Violencia de Género, los Tribunales siguen teniendo dudas a la
hora de aplicar las medidas de protección, especialmente los Tribunales civiles. Esta vía
judicial se ha convertido en preferida para muchos agresores porque se puede litigar de
manera indefinida, y les permite continuar ejerciendo la violencia machista contra sus
exparejas mujeres, aunque sea de una manera indirecta,como afirma María Naredo
(Diario.es, 5 agosto 2017).

Cuando se producen tantos juicios por custodias en estos casos, se revictimiza a las mujeres
y sus hijos e hijas porque tienen que contar una y otra vez la violencia sufrida. Además a los
niños y niñas se les coloca en el centro del litigio y, posteriormente, los tribunales no toman
en cuenta su testimonio para dictar la sentencia de guarda y custodia. Es más, se les puede
poner en peligro, porque los agresores son capaces de llegar hasta el infanticidio, como se
aprecia por las cifras inicialmente mencionadas.

Los Tribunales de Estrasburgo y la ONU ya han condenado las actuaciones del gobierno
español por la contínua desprotección y vulneración de derechos a niños y niñas en los
casos de violencia de Género, porque en las sentencias no se garantiza el “bien del menor”,
tal y como dicta la Convención de Derechos del niño. Son los casos de Mª Paz Iglesias
Casarrubios y sus hijas maltratadas por el padre (2016), en el que no se escuchó el
testimonio de sus hijas, y el caso del asesinato de la hija de Ángela González (2015) en una
de las visitas otorgadas al padre por sentencia judicial. Cuando la Justicia no valora el
contexto en el que vivimos, cuando privilegia a los agresores por el hecho de ser padres, y
no tiene en cuenta las sentencias previas por Violencia de Género, pone en riesgo la vida de
menores, les somete a una existencia marcada por continua la violencia. Y sobre todo, con
este se estas sentencias se está premiando la violencia machista, y cede terreno ante el
sistema patriarcal con mayúsculas.

El carácter estructural del patriarcado empapa todos los ámbitos de nuestra sociedad,
incluido el judicial. Éste antepone la palabra de los padres varones, cuestionando o
ninguneando incluso el testimonio de malos tratos y terror expuestos por menores y
mujeres, pareciera que con el fin de mantener ante todo el Derecho de Patria Potestad a los

hombres, aunque sean maltratadores. El mensaje que llega es su derecho de padre ante
todo, por encima del sufrimiento y posible peligro de los niños y niñas. 

A no ser que tengamos en cuenta este contexto cultural en cada paso que demos, en cada
política o ley, o en cada sentencia que dictemos; el patriarcado y la violencia que conlleva
continuará condicionando cada ámbito social, y todo lo que emane de los mismos y de las
instituciones. Si queremos llegar a una sociedad donde la igualdad de género sea una
realidad, está claro que las instituciones públicas no somos, ni podemos ser, equidistantes.
Para llegar a un horizonte igualitario es necesaria una formación de todo el funcionariado
en perspectiva feminista, y específicamente en violencia machista. Es la única vía que hace
posible comprender a fondo por qué los maltratadores nos son buenos padres, haciendo
visible el horror que lleva a las mujeres a denunciarles, o para comprender que hay que
escuchar efectivamente los testimonios de hijos e hijas y garantizar su bien, no el de los
adultos varones. 

El caso de Juana Rivas se enmarca dentro de todo lo anterior. Llevamos ya muchos meses
oyendo y leyendo esta historia, que ha dado la vuelta a toda nuestra sociedad. Su periplo
ha recibido un apoyo unánime de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de
Maracena, un apoyo masivo de las vecinas y vecinos de ese municipio, de decenas de
organizaciones feministas y de mujeres, así como a través de 150.000 firmas de otras
muchas que no teníamos otra manera de expresarla. Ella conoce al maltratador, al padre de
sus hijos, ha vivido las agresiones de este hombre. Ante un proceso judicial irregular nada
garantista de los derechos de sus hijos, que la obligaba a devolverlos a este agresor, se ha
visto obligada a tomar la decisión de huir. Ella ha hecho lo que consideraba que tenía que
hacer para visibilizar el derecho de estos niños a vivir sin violencia, y desde los tribunales se
la obliga de nuevo a entregar a sus hijos al agresor. ¿Algo más tienen que decir las
instituciones del poder judicial sobre “el interés superior” de estos niños? ¿Consideran las
instituciones públicas a los hijos e hijas de padres agresores víctimas a proteger o es pura
retórica? 

Hay muchas mujeres en la situación de Juana, aunque ella ha tenido la fuerza y el apoyo
para atreverse a salir a la luz pública y defender como ha podido los derechos de sus hijos.
Ahora necesita más apoyo que nunca, por eso, todas y todos tenemos que estar del lado de
Juana. Para que ella y todas las Juanas puedan visibilizar la violencia que sufren, y lograr
justicia para ellas y para sus hij@s.