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Los crímenes trascienden por su espectacularidad, o sea, por su por potencial para convertirse
en espectáculo. La sociedad demanda morbo y necesita horrorizarse, quiere ver: aviones
chocando y hombres arrojándose de edificios ardiendo, huesos carbonizados de niños
asesinados, los detalles escabrosos sobre una mujer violada. Los casos más espectaculares,
más sangrantes, disparan los índices de audiencia de una industria que se rige por la ley de la
oferta y la demanda, y donde el sensacionalismo es lo más cotizado. El derecho a la
información es una coartada que utilizan de forma irresponsable para difundir todo tipo de
basura, de trapos sucios, de desviaciones elevadas a la categoría de generalidad. Frente al rigor
y la objetividad de un documental, la violencia excesiva y descarnada convertida en
telerrealidad, y por ende, en realidad. 

La mediatización de los hechos determina la intensidad de la alarma social y la dimensión de la
protesta, lo cual provoca que un problema entre a formar parte de la agenda política. Tras el
11-S y demás atentados terroristas, se aprobaron leyes que recortaban libertades (civiles, de
movimiento, etc.) en nombre de la seguridad. En los casos tipo Marta del Castillo, José Bretón,
el niño Gabriel, etc. se ha exigido la cadena perpetua revisable, el endurecimiento de las penas
(en proceso): populismo punitivo. 

Vemos como en muchos casos, a falta de razones, el poder necesita manipular nuestras
emociones para legislar, precisa que tengamos miedo al otro para gestionarlo, y justificar una
sociedad cada vez más normativizada, represiva y panóptica. Sin embargo, otorgar mayor
potestad al Estado sobre la vida de los individuos no sirve para detener el crimen, sirve para
que este sea ejercido de manera legal por jueces y policía. La ideología de la víctima no sirve
para defender a las víctimas potenciales ni reparar el dolor de las que existen, sino que es el
discurso pronunciado por el poder para ponernos a todos en la picota.