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Es decir,
el Ayuntamiento de Pamplona decidió amabilizar el centro de la ciudad y para ello la
Mancomunidad modificó los recorridos de las villavesas, entre otras medidas. Así se han
modificado líneas, paradas y frecuencias todo ello, según recoge la Mancomunidad en los
dípticos explicativos de los nuevos recorridos, para ¡ACERCARNOS MÁS AL CENTRO! Así dicen
“el centro de la ciudad cambia para adaptarse a las necesidades de movilidad de los
ciudadanos y ciudadanas de la Comarca. Por eso, a partir del próximo 4 de septiembre, el
servicio de transporte urbano incorpora mejoras que contribuirán a hacer de nuestra ciudad un
lugar más amable y sostenible”. 

Sin embargo, ninguna de esas modificaciones han afectado a un servicio que Salhaketa lleva
reclamando desde el año 2012, una línea que llegue hasta la Cárcel de Pamplona y que
también la acerque al corazón de la ciudad. 

Tirar de hemeroteca siempre es útil, y desde luego esta petición tiene mucho recorrido. El 17
de junio de 2012 se procedió a trasladar a las personas presas de la antigua cárcel de
Pamplona a la nueva macro- cárcel situada en la Colina de Santa Lucia. Esto hace ya más de 5
años. Ya antes de que se procediera a efectuar ese traslado desde Salhaketa Nafarroa
veníamos denunciando todos los sin sentidos que se daban alrededor de esa nueva macro
cárcel. Entre estos sin sentidos recogíamos que nadie había pensado que trasladar la prisión
implicaba hacer un esfuerzo para comunicar el nuevo presidido con el centro de la ciudad. 

Por eso hace 5 años iniciamos una campaña solicitando que el transporte público llegara hasta
la Cárcel de Pamplona. Recabamos apoyos entre las entidades social y recogimos firmas entre
la ciudadanía para finalmente presentar una petición a la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona. Lo que solicitábamos a la Mancomunidad era que “en su carácter de servicio
público, instaure una línea de autobuses urbanos que llegue a la nueva cárcel de Pamplona”. 

Tras varias reuniones con la Mancomunidad, impugnación de presupuestos, peticiones en el
Parlamento y solicitud de informes, este asunto cayó en el olvido para la Administración
Pública que entendía que dicho servicio no era rentable y que por lo tanto no podía
procederse a su implantación. Ante esto nos preguntamos ¿es que hay personas de primera y
de segunda para la Administración Pública? ¿es que no es igual de público un centro
hospitalario que un centro penitenciario? ¿Por qué no se garantiza el acceso a un servicio
público mediante transporte público? 

Aparentemente en el año 2016 las cosas iban a cambiar. Tras una nueva petición por parte de
Salhaketa para que se estableciera un servicio de transporte público a la Cárcel de Pamplona,
aprovechando el “Gobierno del Cambio”, se retomaron las reuniones con la Mancomunidad,
reuniones a las que acudían también representantes del Departamento de Justicia del

Gobierno de Navarra y representantes de algunos grupos municipales del Ayuntamiento de
Pamplona. 

Sin un estudio serio se descartó la posibilidad de que una villavesa llegase hasta el Centro
Penitenciario y se acordó que el transporte a la Cárcel se realizaría con un servicio especial de
taxi de una forma asimilada a lo que sucede en otras zonas de la comarca como, por ejemplo,
el municipio de Esparza de Galar. 

Desde el Área de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Pamplona se ha trabajado en perfilar
este proyecto de servicio de taxi del que la Mancomunidad, a pesar de haber sido una de las
impulsoras de ésta fórmula de transporte a la cárcel, se ha desmarcado del todo diciendo que
ellos no lo financian porque no está dentro de sus competencias. 

Así pues, parece ser que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona no considera que las
necesidades de movilidad de todas las ciudadanas y ciudadanos sean iguales, y trata a las
personas presas como ciudadanas de segunda. 

Desde Salhaketa insistimos en la necesidad de que un transporte público llegue hasta la cárcel
de Pamplona e instamos a las Administraciones a que continúen trabajando en ello,
recordando que la cárcel tiene el carácter de “servicio público” -al menos formalmente- al que
la gente tiene que acudir por obligación y que las personas que están cumpliendo condena y
sus familiares tienen derecho a que se les considere igual que al resto de la ciudadanía.