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De esta manera, se está anulando progresivamente las leyes y
normas autonómicas, que buscaban mantener la cobertura de la asistencia sanitaria
universal para las personas que se encuentran en una situación administrativa irregular,
después de que el polémico decreto los excluyera del Sistema Nacional de Salud y
modificase el sujeto de derecho: hablando de personas beneficiarias, reduciendo la sanidad
a cifras y abriendo además la puerta a futuras privatizaciones del sistema público de salud.
Un decreto que vio la luz en un tiempo exprés, basado en argumentos economicistas y
xenófobos, por eso cada territorio puso en marcha diferentes fórmulas jurídicas para poder
dar cobertura a todas las personas, parches que año tras año el Tribunal Constitucional ha
ido arruinando, argumentando la falta de competencias, otorgando al estado la capacidad
de vulnerar derechos tan fundamentales como la Salud. 

Tras conocer esta sentencia, el Departamento de Salud de Navarra anunció que iba a
“continuar garantizando la atención sanitaria al colectivo” mediante la puesta en marcha de
un nuevo modelo de ayudas sociales que se tramitarán en breve. 

El Parlamento aprobó además una declaración institucional por la que no compartía la
sentencia del TC que anula la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, en la que se señalaba lo
siguiente: 

1. El Parlamento de Navarra no comparte la sentencia del TC que anula la Ley Foral
   8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el
   derecho a la asistencia sanitaria gratuita al sistema sanitario público de Navarra.  
2. El Parlamento de Navarra considera imprescindible como cuestión básica de
   Derechos Humanos que el Gobierno de Navarra continúe prestando la asistencia sanitaria
   integral y gratuita a todas las personas residentes en Navarra, y expresa la necesidad de
   que tome las decisiones necesarias para garantizarlo. 

Pues bien, en estos treinta días que han pasado desde la entrada en vigor de dicha
sentencia, las organizaciones abajo firmantes, hemos mostrado nuestra preocupación e
interés por seguir blindando los derechos de todas las personas, especialmente en materia
sanitaria, con miedo por volver a situaciones anteriores de desatención y facturación, de
caos administrativo y social y por ello solicitamos una reunión con los responsables del
Departamento de Salud. En ese encuentro, nos han manifestado la voluntad de que en
breve y mediante decreto, se va a habilitar un convenio especial que permita la atención
sanitaria a todas las personas independientemente de su situación administrativa. 

Dicho convenio supone un acatamiento de la decisión del TC, supone obedecer la
norma estatal, habilitando una opción que garantice la cobertura universal, y la verdad es
que nos hubiese gustado apoyar un acto de desobediencia y de blindaje de derechos real,
sin dejar de ser conscientes de la inseguridad y vulnerabilidad jurídica que eso supondría. 

Por todo ello, consideramos que es urgente la puesta en marcha de dicho convenio
especial, pues mientras no se dé, se están poniendo en pausa los derechos a la atención
sanitaria desde Atención Primaria a varios miles de personas. 

• Reclamamos una trasmisión eficaz de la información tanto a la población como
  a los y las trabajadoras del Sistema Sanitario, para evitar espacios de confusión
  y vulnerabilidad. 
• Exigimos el fin de cualquier tipo de facturación en Urgencias, entendemos que
  supone una desatención indirecta y que tiene un efecto disuasorio de
  consecuencias impredecibles, además de vulnerar un derecho fundamental. 

Por último manifestamos nuestro compromiso de mantener una vigilancia y un apoyo
activo a todas las personas que pueden ver vulnerado su derecho a la salud.