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El motivo del mismo ha sido
entrevistarse con el presidente de la República, Alberto Fernández,
mantener una reunión con el empresariado local, visitar el Parque de la
Memoria–Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado y, finalmente,
juntarse con los cuatro centros navarros en Argentina.

Pues bien, como miembros de la asociación Sanfermines-78: gogoan!, nos
gustaría comentar, siquiera mínimamente, lo relacionado con la visita
realizada al Parque de la Memoria–Monumento a las Víctimas del
Terrorismo de Estado.

Este parque, situado en la franja costera del río de la Plata, recuerda
a todas las personas detenidas, desaparecidas y asesinadas durante la
dictadura militar argentina (1976-1986). Contiene 30.000 placas de las
que, en la actualidad, 9.000 de ellas están ya completadas con los
nombres de personas que ya han sido identificadas.

Empecemos por decir que la visita a este parque es algo a valorar muy
positivamente, pues no suele ser nada habitual que los altos cargos
institucionales dediquen el tiempo de su agenda a menesteres
memorialistas. Dicho esto, nos parece obligado comentar también la
afirmación realizada allí por la presidenta Chivite, quien destacó que
existían “ciertos paralelismos” en las líneas de trabajo seguidas en
Navarra y Argentina con las políticas de memoria. Citó para ello la
existencia del Parque de la Memoria de Sartaguda, el programa educativo
de Escuelas con Memoria, el Centro de Documentación y Banco de ADN del
Instituto Navarro de la Memoria.

Y aquí es donde comienzan nuestros desacuerdos. En primer lugar, porque
lo que visitó no es solo un Parque dedicado a la Memoria, sino un
Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Es decir, allí, en
Argentina, se llama a las cosas por su nombre y no como aquí, en el
Estado español, donde el único terrorismo que ha existido oficialmente
ha sido el de ETA, el GRAPO y el FRAP, y no el que nació el 18 de julio
de 1936, atravesó todo el franquismo y la transición y ha llegado hasta
nuestros días a través de la reiterada tortura realizada en comisarías
de policía y cuarteles de la guardia civil.

En Nafarroa, la violencia del Estado y sus crímenes se enmascaran con
burdos subterfugios y se regulan con una Ley Foral denominada de
“Víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de
extrema derecha o funcionarios públicos”.Es decir, queda prohibido
utilizar la palabra policía, militar o guardia civil para referirse a
las víctimas de la violencia estatal. ¿Por qué no se habla lisa y
llanamente, como se ha hecho en Argentina, de Terrorismo de Estado”?

Es una pena que la presidenta Chivite no haya podido sacar tiempo para
visitar también en Buenos Aires lo que es la materialización viva de lo
que fueron los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura
argentina. Nos referimos a la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada),
siniestro “centro clandestino de represión, tortura y exterminio” de
aquel régimen criminal, convertida hoy en un Espacio para la Memoria y
para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Por la ESMA pasaron alrededor de 5.000 personas de las que solo
sobrevivieron unas 200. El resto fueron arrojadas al mar vivas y
drogadas, o asesinadas y desaparecidas de otras formas. En uno de sus
edificios, el Casino de Oficiales, funcionó desde el día del golpe el
principal centro de torturas. Hoy existe allí un Museo de la Memoria en
el que se hallan los testimonios de los sobrevivientes, la documentación
desclasificada del Estado referente a la ESMA y los sumarios e
identificación de quienes dirigieron todo aquello: Héctor Antonio
Febres, Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Carballo,
Juan Azic, Carlos Capdevilla, Mario Daniel Arru, Alejandro D’ Agostino,
Francisco Di Paola y varias decenas de criminales más.

Cuando la presidenta Chivite afirmó que existen “ciertos paralelismos”
entre el trabajo realizado en Argentina y en Navarra, es evidente que se
excedió notablemente. Porque el problema, más que cuantitativo
(Argentina es un estado y Navarra tan solo una Comunidad y sus lugares
de memoria no pueden juzgarse por su tamaño), es cualitativo. En
Argentina la memoria histórica no consiste únicamente en identificar a
las víctimas de violaciones de derechos humanos, sino también y
obligatoriamente, de los victimarios: torturadores, asesinos,
violadores, ladrones de bebés,.. Y de esto segundo, en el Estado español
(Ley de Memoria Democrática) y en Nafarroa (Ley de Víctimas de
“funcionarios del Estado”), más bien poco, porque las políticas de
memoria histórica estatales y forales acaban allá donde aparece un
uniforme, una toga, una sotana o el cartapacio de un ministro
franquista.

En marzo de este año 2022, la Procuraduría argentina de Crímenes contra
la Humanidad llevaba contabilizadas 1.058 personas condenadas (sobre
todo militares, pero también políticos, empresarios…) por 273 sentencias
dictadas por la comisión de delitos de lesa humanidad. Una cantidad aún
mayor se encuentra en fase de instrucción o esperan turno a la puerta de
los Juzgados. Nada de esto ha ocurrido sin embargo en el Estado español.
También la política de reparación a las víctimas (reconocimiento,
indemnizaciones, pensiones, trabajo….) va en Argentina bastante más allá
de lo conocido por estos lares.

Lamentamos vivamente que la presidenta Chivite no haya tenido más
tiempo en su gira para visitar la ESMA, los juzgados argentinos,
entrevistarse con las madres y abuelas de la Plaza de Mayo y hablar con
los legisladores que derogaron las leyes argentinas de amnistía, punto
final y obediencia debida. Si lo hubiera hecho, quizás habría comprobado
que su política de memoria y la argentina no son tan coincidentes.