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A través de numerosas y generosas cartas, escritos y comunicados, muchas personas
participantes desde el inicio en este proyecto nos han dado a conocer a quiénes por diferentes
motivos no lo vimos crecer en primera persona la turbulenta trayectoria y duros obstáculos –
provenientes en su mayoría de las instituciones – que se han visto obligadas a sortear para
sacarlo adelante y convertirlo en lo que a día de hoy es: un proyecto común, rico y diverso. Un
espacio de todas labrado desde abajo e ideado para acoger en él la pluralidad social en toda su
pureza. 

Como ellas mismas reconocen, la llegada del Gobierno del “cambio” supuso cierto aliento y
alimentó la ilusión de poder seguir desarrollando proyectos sociales esta vez sin la persecución
y censura que hasta el momento venían sufriendo de la mano de UPN y siempre presente
colaboración del PSN. Sin embargo, a día de hoy nos encontramos con un Gobierno dispuesto
a destruir, sin reparo, todas las expectativas de quiénes en su día en él las depositaron. Lejos
de lo que buscan trasladar, la titularidad pública del edificio no les impone obligación alguna
de acometer semejante ataque hacia los colectivos que a través del Gaztetxe desarrollan vida
comunitaria. Por encima de su deber de conservación del patrimonio – y, en todo caso, como
criterio interpretativo del mismo –, el ejecutivo debe velar por el interés general en todas y
cada una de sus actuaciones. Y, desde luego, el interés general no pasa por procurar por todos
los medios mantener desalojado, vacío y abandonado un espacio en desuso durante más de
veinte años y en progresivo deterioro. Es en la labor de rehabilitación materializada por el
movimiento popular, en el desarrollo de las múltiples actividades formativas, de ocio y de
construcción de conciencia ciudadana y en la forma de organización del espacio en dónde el
Gobierno de Geroa Bai debería sustentar su apoyo al Gaztetxe por el interés que reporta para
la mayoría social. 

Los últimos acontecimientos relacionados con el procedimiento que se sigue contra el
Gaztetxe no son meras actuaciones judiciales llevadas a cabo “por imperativo legal”. No son
hechos aislados, casualidades ni coincidencias temporales. Tampoco un episodio puntual ni
desagradable más dentro de la experiencia de esta legislatura. Hemos de entenderlo e
interpretarlo como lo que en realidad es: un enfrentamiento directo hacia un determinado
modelo social. En efecto, la autogestión y autoorganización de los colectivos para llevar a la
práctica su derecho al libre desarrollo en comunidad es vital en una sociedad que aspira al
progreso en términos sociales, a la equiparación de derechos y libertades de todas y a la
redistribución de un capital todavía en manos de una minoría privilegiada gracias a las
prácticas corruptas de gobiernos opresores. El Gobierno “del cambio” dijo llegar para revertir
esta situación, permitir y favorecer el empoderamiento de la ciudadanía y hacerla partícipe de
la esfera pública y política, ¿dónde queda aquello? 

Tampoco el momento temporal escogido para proceder de esta forma es casual. En periodo
estival – y, principalmente, durante las fiestas de sanfermines; momento en el cual el Gobierno
acordó personarse como acusación particular e instar al desalojo – , la mayoría de hechos que
ocurren en nuestra ciudad acostumbran a pasar más inadvertidas por cuestiones obvias. Es el
momento idóneo para tomar decisiones sin la presión mediática ni el proporcional desgaste

electoral que sí tendría fuera de estas fechas. Por tanto, nada complicado resulta detectar ni la
conciencia absoluta que mantiene el Gobierno acerca de la trascendencia de sus actos ni su
cierta preocupación por la indignación ciudadana que los mismos iban indudablemente a
generar. Aún lo anterior, han decidido deliberadamente continuar adelante y priorizar
satisfacer los intereses de quiénes defienden la propiedad privada y forman parte de las élites
socioeconómicas de Nafarroa. Nada ni nadie les ha obligado a ello. Era una opción, y esa ha
sido su elección. Se han declinado por seguir la senda de quiénes les precedieron en la
institución y acatar los dictados de una legalidad ideada para amordazar la protesta, el debate,
la diversidad y, en definitiva, el enriquecimiento mutuo y plural. 

Las vecinas de Iruña debemos sumar fuerzas y salir a defender el Gaztetxe Maravillas de forma
unánime; y ello a través de las múltiples formas de denuncia pública que se nos ocurran,
visibilizando nuestra indignación y reaprovechando la frustración generada por quiénes en su
día nosotras mismas decidimos que nos gobernaran para evidenciar una realidad que ya a
pocas se les escapa. Nos sentimos defraudadas, como integrantes de colectivos que trabajan
diariamente por hacer de nuestra ciudad un lugar en el que quepamos pero también como
ciudadanas sujetas activas de unos derechos a los que no estamos dispuestas a renunciar. Nos
sentimos interpeladas por un Gobierno que nos ha desmostrado estar dispuesto a todo por
aferrarse a la institución y sus vías para acabar con los proyectos populares y, por supuesto,
responderemos a ello haciendo uso de nuestra mejor baza, las redes comunitarias
ampliamente tejidas a lo largo y ancho de nuestros territorios. Pacíficas pero insumisas.
Organizaremos nuestra rabia y defenderemos el Gaztetxe como lo que es: un espacio
imprescindible ya en nuestra ciudad. Ni queremos, ni podemos, ni estamos dispuestas a vivir
ya sin Maravilllas.