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El 9 de octubre, la Policía Nacional cargaba salvajemente en Burlada, utilizando incluso gas pimienta, contra la defensa del desahucio de nuestra compañera Meryem y sus hijos. Las imágenes hablaron por si solas: múltiples personas heridas, y un enfado social evidente ante la constatación de que para el Estado y sus sucursales autonómicas y municipales la prioridad es la propiedad privada, y no las personas.

Lo ocurrido aquel día no hubiera sido posible sin la colaboración pasiva de las instituciones públicas. Es al Ayuntamiento de Burlada y al Gobierno de Navarra a quienes correspondía garantizar una alternativa estable para la familia previo al desahucio. Su negligencia y dejadez son las que conducen a escenarios totalmente indeseados como el que vivimos.

Tras ser desahuciada, la familia fue trasladada a un hotel, sin recibir apenas información por parte del Ayuntamiento de Burlada acerca de las condiciones y plazos de esta pseudo-alternativa. Es más, tras un mes seguimos aun a la espera de una reunión con el ayuntamiento que habría de celebrarse la semana siguiente al desahucio. Esta falta de comunicación evidencia una total desconsideración hacia la situación de la familia afectada, que enfrenta un cambio drástico en su vida sin preparación ni garantías. Por no hablar, además, de las pésimas condiciones que sufren las familias en el hotel: hacinamiento, ausencia de intimidad y seguridad, problemas de salud física y mental, mala nutrición, y problemas educativos para menores, que se ven obligadas a hacer los deberes y estudiar en la cama. Por si fuera poco, estas estancias se prolongan a veces por meses, con grandes costes para las familias, lo que agrava su situación ya precaria.

Por todo ello, nos negamos a normalizar los hoteles como una solución viable. Nos negamos a aceptar que el sistema de protección social externalice sus problemas garantizando el lucro privado a costa de la miseria. Es inaceptable que las instituciones públicas justifiquen su inacción alegando falta de recursos. La ley de vivienda y moratoria de desahucios de la que presumen, les obliga a ofrecer una alternativa de vivienda digna a las familias vulnerables. No olvidemos, además, que existen en Iruñerria miles de viviendas vacías, cientos de ellas en Burlada.

Por todo esto, no vamos a parar de exigir al Ayuntamiento de Burlata y al Gobierno de Navarra que asuman su responsabilidad y ofrezcan una solución estable, segura y de calidad para esta familia. Es imprescindible garantizar que las personas tengan un lugar de calidad donde vivir, acceso a los servicios básicos necesarios y acompañamiento para superar la situación de desamparo en la que se encuentran. La obligación de las instituciones públicas es, supuestamente, proteger a quienes más lo necesitan. Háganse cargo y pónganse las pilas.