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El Gobierno de Navarra no contempla un aumento en los impuestos a las grandes fortunas, lo
que podría suponer 80 millones de euros. Ni una regularización en los beneficios fiscales que
para este año están presupuestados en 1.512 millones. Ni poner medios para la lucha contra el
fraude fiscal, que de acuerdo a un estudio de la UPNA supone una merma en los ingresos de
541 millones. Ni la modificación del artículo 54 del convenio económico entre navarra y el
estado, que obliga a Navarra a hacerse cargo de toda la deuda pública del Estado, lo que
supone el pago de 351 millones. Ni el rechazo a la ley de estabilidad presupuestaria, lo que le
impide emplear para gasto social, los 215 millones que el Estado devolvió por haber sido
pagados de más en los ejercicios 2015 y 2016. Ni reclamar a la banca privada los 191 millones
de deuda ilegitima contraída por los Gobiernos de UPN, de acuerdo al estudio realizado por el
Parlamento Social y avalado por la Cámara de Comptos en diversos informes. Ni reformar la
legislación, en cuanto a la modificación de los supuestos de derivación de responsabilidad de
las empresas deudoras a la Hacienda Foral, para hacer más viable su cobro, que de acuerdo a
la lista de morosos publicada por el Gobierno de Navarra el pasado año 2019, suponen 302
millones. 

Todos estos importes suman una bolsa de 3.192 millones de euros, que con un correcto
funcionamiento y coordinación, que mejore la eficacia y eficiencia, tanto en las Direcciones de
Servicio de la Hacienda Foral, como en las Empresas Públicas que se dedican a colaborar con
esta Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal, se podría conseguir al menos la cuarta parte
de esa cantidad, lo que supondría contrarrestar el desplome de la recaudación anunciada por
el Gobierno de Navarra. 

Sin embargo se sigue optando por el endeudamiento. Continuando con el sistema empleado
por los gobiernos de UPN, que solo en intereses pagados de más a la banca privada, producto
la deuda pública emitida por ese partido, han supuesto a la ciudadanía navarra cerca de 200
millones, en estos últimos diez años. 

Sistema empleado también por el anterior Gobierno de Navarra, que en su última emisión de
deuda realizada en el mes de abril del pasado año 2019, en la que se colocaron bonos
sostenibles por valor de 50 millones, dirigidos y asesorados por el BBVA, el interés fijado fue
del 2,100% a un plazo de 25 años. Contrasta con la emisión de esos mismos bonos sostenibles
realizada por Iberdrola, también asesorada por el BBVA, el pasado mes de abril de este año,
con un tipo de interés del 0,875%. Lo que supone que el presupuesto navarro va a soportar un
sobre coste de 15,3 millones en intereses por esa operación.

Mismo sistema empleado por el actual Gobierno de Navarra, que en la última emisión de
deuda de bonos sostenibles realizada el pasado mes de abril por 75 millones de euros, ha

fijado un interés del 1,450%, lejos del interés que va a pagar Iberdrola, y en las antípodas del
fijado por la CEE en el fondo europeo de rescate (MEDE) establecido en un 0,115%. 

Es el precio que tenemos que pagar por tener unos Gobiernos asesorados desde hace más de
veinte años por técnicos y expertos, que desde las Direcciones de Servicio en la Administración
y las Direcciones de Departamento en las empresas pública, vienen practicando la máxima de
la colaboración público –privada como solución a todos los males. 

En los debates que se produjeron la legislatura pasada sobre la oportunidad, o no, de crear
una Banca Pública en Navarra, se realizó una excelente jornada, que se puede ver en la web de
la CPEN, a la que fueron invitados representantes de los bancos públicos de inversión y
desarrollo: INVESTITIONSBANK de Berlín, BNG de Holanda y FINLOMBARDA de la región de
Lombardía en Italia. 

Este último, ante la crisis del COVID19 en la región de Lombardia ha creado la iniciativa
denominada “Tournaround Financing”, que con un fondo de 25 millones de euros, concede
préstamos a las empresas en dificultades de su región, con una financiación totalmente
gratuita. Al contrario de lo que pasa por aquí, donde la banca privada está concediendo
préstamos, garantizados por el Estado, a autónomos en dificultades a un interés del 3%. 

La idea principal de esas tres entidades financieras públicas, era que sus equipos directivos
podrían trabajar perfectamente en la Banca Privada. Pero que todos tienen una sensibilidad
pública. Todas esas personas saben que están trabajando básicamente con dinero público. Y
este es un concepto del que los mandos directivos deben hacer bandera y hacer ver a las
personas por qué están ahí, quién es el cliente, que no es otro que la ciudadanía y trabajar
para ella y no para obtener beneficios sino para construir una sociedad mejor. 

Contrasta esta percepción, con los órganos directivos que figuran en las empresas públicas o
en las comisiones de expertos nombrados para asuntos económicos en esta Comunidad, cuyos
perfiles siempre están vinculados a la empresa privada y no dudan en sus manifestaciones de
hacer gala de ello. 

Por qué es inútil pedir valentía política, cuando las ideas de este Gobierno de Navarra le llevan
a estar seguro de que sus actuaciones son las correctas. Al final se trata de hacer una defensa a
ultranza de lo público en contraposición con el mantra del sacrosanto beneficio de la
colaboración público-privada. No nos engañemos. Se trata de una simple cuestión ideologica.