Declaración de la renta, una quimera en tiempos de coronavirus

La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha puesto sobre la mesa, en varias ocasiones y foros, la brecha digital existente en Navarra y que afecta sobre todo a las personas más vulnerables.

Comisión permanente de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social: Alberto Urteaga, Amaia Leranoz, Gara González, Lydia Almirantearena, Inés García, Jesús García, Verónica Oliver y Elena Vizcay.

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Brecha que se ha manifestado en múltiples formas a lo largo del confinamiento y
desescalada. Al principio impedía en ocasiones a los y las menores seguir con sus estudios, luego
seguir con formaciones, realizar trámites, solicitar ayudas… De alguna manera, todos y todas nos
hemos encontrado con problemas en este mundo telemático. Navarra no está preparada para dar
el salto al mundo on-line. Primero porque no todos ni todas tienen internet para conectarse, o
dispositivos para poder acceder e, incluso, hay quienes nos hemos enfrentado a no saber usar
todas estas herramientas ya que no las hemos usado hasta ahora.

La Declaración de la Renta, como es conocida coloquialmente, es uno de los impuestos más
importantes para las personas ya que se realiza anualmente para regularizar nuestra situación
fiscal y, por ello, es una de las mayores preocupaciones que tenemos todos los años. Además de
ser llave de acceso a prestaciones y ayudas vitales para la sustentación de algunas familias. Sin
embargo, así como otros años su correcta realización ha sido garantizada, bien porque nos
enviaban la propuesta a casa, o bien porque podíamos acudir a las oficinas de Hacienda Navarra o
a las entidades financieras. Pero en 2020 la situación, motivada por la pandemia, ha tenido 3
consecuencias que dificultan enormemente poder cumplir con esta obligación. La primera ha sido
el retraso de un mes respecto a campañas anteriores, con lo que eso implica para las personas a
las que les sale a devolver, que en general, son las personas con menores ingresos. La segunda,
que aquellas propuestas que habían sido realizadas por la Administración no han sido enviadas por
correo, y la tercera, que se ha eliminado la atención presencial.

Aunque Gobierno de Navarra ha permitido desde el inicio del Estado de Alarma la actividad a
servicios esenciales, en pleno proceso de desescalada y con la campaña de declaración de la renta
en marcha, no entendemos porqué se ha decidido cerrar las oficinas de Hacienda para la
tramitación presencial de las declaraciones de las navarras y navarros, siendo estas un servicio
esencial en estos momentos.

Artica 32 bajo Pamplona-Iruña
948 134 823/601 06 15 47
oficina@redpobreza.org
www.redpobreza.org

Las entidades sociales ya hemos comenzado a recibir llamadas de personas que están agobiadas
por no saber cómo van a poder tramitarla y por lo que ello conlleva. Recordemos que es un tema
complejo, que no se puede dejar en manos de cualquiera y que se requieren determinadas
documentaciones con datos económicos y conocimientos.

Hacienda había apelado a que: “los hijos ayuden a los padres a hacerla por internet”. Nosotras nos
preguntamos… ¿qué pasa con todas esas personas que no tienen internet? ¿Qué pasa con las
personas mayores que no tienen hijos, e hijas, que se la puedan hacer? ¿O en el caso de que no
conozcas a nadie que pueda echarte una mano ya que ni siquiera tienen los conocimientos para
poder tramitarla de este modo? ¿Y aquellas que no pueden pagar los 50 euros que piden las
gestorías?

Vamos a ser propositivos, por tanto, desde la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social, reclamamos que se tomen medidas con carácter urgente para que todas las
personas puedan cumplir con su obligación. Medidas como las que planteamos aquí: que se
retome la actividad presencial por parte de las oficinas de Hacienda adoptando todas las medidas
de higiene y sanitarias para garantizar la salud; que se negocie con las entidades colaboradoras
para que reconsideren su decisión y la realicen en los mismos términos de seguridad que
Hacienda; y, que se abone por parte de la Administración los gastos íntegros de gestorías o
asesorías en que hayan incurrido las personas hasta que se haya garantizado la atención
presencial.

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