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Antes de explicar esta valoración, un poco de historia. En 2012, el Gobierno de UPN-PSN

derogó la Renta Básica, sustituyéndola por una Ley de inclusión social, que sirvió para dejar sin

protección social a muchas personas, varios miles, que necesitaban ser protegidas. La

movilización social hizo que esta ley fuese modificada en varias ocasiones; logramos recuperar

el derecho a una protección social para miles de personas, pero la ley seguía siendo mala y

excluyente, otros muchos miles de personas seguían quedando excluidas de dicha protección.

Llegaron las elecciones y llegó el cambio político. Cuatro partidos firmaron un Acuerdo

Programático de Gobierno que lo permitió, pero la sociedad ya dijo, en ese momento, que ello

debería suponer también un cambio social. Ese Acuerdo Programático recogía la necesidad de

elaborar una nueva ley que sustituyese a la de Inclusión Social, fijando un plazo para su

aprobación y unos puntos o contenidos “minimos”, para garantizar una renta suficiente a toda

persona que lo necesitase y mientras lo necesitase. Aunque no participamos en su elaboración,

manifestamos a los partidos firmantes de dicho acuerdo que los considerábamos como

contenidos “mínimos” que debería tener la futura ley. Como se comprobó en el proceso

participado de la ley, el Acuerdo supuso un punto de encuentro o consenso entre

organizaciones y entidades sociales, servicios sociales y grupos políticos; en cuanto que

suponía un punto de partida adecuado para comenzar a debatir y hablar de los contenidos de

la nueva ley.

Finalmente, aunque con retraso, el Gobierno, junto con el cuatripartito, nos presentó, a las

organizaciones sociales y a los y las profesionales, un borrador de Ley de Renta Garantizada.

Borrador que valoramos que no daba respuesta suficiente a las necesidades de la población

necesitada de protección. Ante esta situación, 18 grupos sociales y sindicales elaboramos un

manifiesto conjunto, trasladando nuestra valoración a los grupos parlamentarios del

cuatripartito. A continuación resumimos su contenido:

1.  Valoramos la Ley de Renta Garantizada, que se está tramitando, como fruto de la lucha

   social y política, llevada a cabo durante la pasada legislatura, por el movimiento social y los

   grupos políticos de la oposición, en aquel entonces. Ley que recoge una parte de las

   reivindicaciones planteadas, alguna de ellas ya plasmadas en el Acuerdo Programático, lo

   que permitirá incorporar, al sistema de protección, a un gran número de personas que lo

   necesitan. Lo cual valoramos como muy positivo.

2. Valoramos como injustificable el retraso en la tramitación de la ley. El plazo de

   “implementar una Renta Básica en los 6 primeros meses de la legislatura”, fijado en el

   Acuerdo programático, venció en enero, nos dicen que se prevé aprobar la ley en octubre.

   Ello está suponiendo prolongar la situación de extrema necesidad de miles de personas, de

   manera, a nuestro entender, no justificable.

3. No podemos compartir la actual redacción de la ley, en cuanto vuelve a dejar fuera del

   sistema de protección social a muchas personas o empeora las condiciones de protección

   de otras muchas.

   El aumentar de un año a dos el periodo de residencia en Navarra, en contra de lo

   acordado, supone que muchas personas, que se encuentran en situación de extrema

   necesidad, se quedarán sin poder percibir una renta garantizada, sin el derecho al acceso a

   una vida digna.

   El introducir requisitos especiales para el grupo de 18-24 años (dos años de emancipación

   y uno año de contrato de trabajo), supone prácticamente despojarles del derecho a

   protección que actualmente tienen reconocido, ya que, con una tasa de desempleo del

   32% y un 96% de contratos temporales de 35 días de media, este derecho a protección se

   vuelve poco o muy poco efectivo.

   No podemos valorar como positivo el que se rebaje la cuantía a percibir por las familias

   unipersonales. De los 650 € al mes que ahora cobran, se les rebajaría a una cuantía

   mensual de 600 €. En 2014, el umbral de pobreza estaba fijado en ingresos inferiores a 833

   € al mes, lo que nos indicaría que, a pesar de la renta garantizada, nos queda un recorrido

   o esfuerzo para erradicar efectivamente la pobreza en Navarra. El recortar estas rentas de

   subsistencia, no parece una buena forma de comenzar este camino.

4. El debate generado por el incumplimiento de estos mínimos, ha hecho que no hayamos

   tenido ocasión de debatir el resto del articulado de la ley ni con el Gobierno ni con los

   grupos parlamentarios que lo sustentan. Debate que lo consideramos pendiente.

5. Por todo ello, solicitamos, a los grupos parlamentarios del cuatripartito, la apertura de una

   mesa de participación formada, al menos, por los cuatro grupos parlamentarios firmantes

   del acuerdo programático, por las organizaciones y entidades sociales y por los y las

   profesionales de los servicios sociales; con el fin de debatir, corregir y ajustar

   pormenorizadamente los contenidos de la nueva ley.

En respuesta a nuestro escrito, tras dos reuniones mantenidas, los grupos del cuatripartito nos

han traslado su opinión de que consideran que el proceso participativo, a través de Internet,

llevado a cabo por el Gobierno de Navarra es suficiente y, por lo tanto, no consideran

necesario abrir otro proceso participativo en el Parlamento. Queremos aclarar que porque

considerábamos, los grupos firmantes del manifiesto, que realizar aportaciones a través de

Internet no era un proceso participativo suficiente, es por lo que solicitamos que éste se

abriese en el Parlamento.

Este largo proceso de tramitación de la ley, previa a su aprobación en el Parlamento, está

tocando su fin, por eso nos dirigimos a la opinión pública, a través de esta carta abierta, a fin

de informar del mismo.

Dentro de poco conoceremos el proyecto de Ley de Renta Garantizada que el Gobierno

propone al Parlamento. Cuando lo conozcamos, los grupos firmantes del manifiesto

analizaremos y valoraremos su contenido, tras lo cual realizaremos un proceso de información

y participación, abierto a la ciudadanía. Proceso al que invitaremos y animaremos a participar

también a los partidos políticos.