Corresponsabilidad social de los cuidados: de tarea pendiente a cuestión urgente

Ya es casi definitivo: las aulas cerrarán sus puertas en Navarra hasta el curso próximo en todos los niveles educativos salvo 2º de Bachillerato.

Patricia Abad Encinas y Raquel del Pozo Vázquez, afiliadas a Batzarre.

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Este hecho dibuja un escenario de
padres y madres en diferentes situaciones de empleo y desempleo, y un montón de criaturas
sin clases y, por tanto, en sus casas.Dejando de lado en esta reflexión el aspecto educativo,
¿cómo organizar nuestras vidas laborales y familiares durante estos meses con hijos e hijas en
casa? No encontramos en el panorama político navarro ni estatal muchas referencias a cómo
se va a articular el asunto de la conciliación de la vida laboral y familiar en esta nueva
normalidad. Hace unos días la presidenta Chivite pedía al Gobierno central en la conferencia
de presidencias autonómicas “concretar cuanto antes medidas de conciliación”. Una prisa que,
después de dos meses de confinamiento en diversos grados, no viene dada tanto por la crisis
producida por la pandemia (que también) sino porque ya partimos de un escenario donde las
medidas encaminadas a la conciliación de la vida laboral y familiar son insuficientes. Esta
carencia de recursos para la conciliación hasta ahora repercutía principalmente en las vidas de
las mujeres, con lo que en la nueva normalidad ese impacto no hará otra cosa que agravarse si
no nos ponemos manos a la obra. Si antes de la pandemia íbamos tarde, ahora mucho más tras
el cierre casi total de los colegios para este curso. 

Es un hecho que, estando plenamente incorporadas al mercado de trabajo, es en las mujeres
en quienes recaen principalmente las tareas de cuidado de menores y familiares dependientes.
En el año 2017 en Navarra, el 93% de las excedencias por cuidado de hijos e hijas fueron
solicitadas por las madres y únicamente un 7% por los padres. Además, de las 279 solicitudes
de excedencia solicitadas para cuidado de familiares, 229 de ellas fueron solicitadas por
mujeres y 50 por hombres. La insuficiencia en las medidas de conciliación tanto por parte de
las administraciones públicas como por parte de las empresas hace que sean las familias y,
dentro de ellas, principalmente las mujeres quienes asumen las tareas de cuidado de menores
y personas dependientes, teniendo que colocar en un segundo plano su vida laboral. 

A nivel normativo las medidas de conciliación se han centrado principalmente en el nacimiento
y los primeros meses de vida, con permisos de maternidad y/o paternidad, permisos de
lactancia de obligada negociación con la empresa, y reducciones de jornada o excedencias no
retribuidas. Recursos parciales que se limitan a periodos concretos y que impactan en las
carreras profesionales de las mujeres, sin abarcar de forma global y con una perspectiva más
amplia el tema de los cuidados. En general, las medidas no atienden las necesidades
específicas de los diversos modelos de familia (hogares monomarentales, por ejemplo) o los
colectivos más vulnerables, o la flexibilización de las jornadas y los lugares de trabajo, salvo en
ámbitos concretos como la administración pública. El escenario de las medidas de conciliación
pre-pandemia era, obviamente, insuficiente y por tanto, generador de desigualdades para la
mayoría social: mujeres, niños y niñas y sectores más desfavorecidos. Era ya antes tarea
pendiente la articulación de una serie de medidas en materia de conciliación largamente
reclamadas por diversos colectivos: desde organizaciones u organismos internacionales de
protección de la infancia hasta el movimiento feminista. Tarea pendiente que ahora se
transforma en urgente debido a la crisis del coronavirus y sus repercusiones sociales y
económicas. Son necesarias medidas en el ámbito público, principalmente el incremento de
plazas y recursos de atención infantil y de personas en situación de dependencia, con ratios de

personas cuidadoras adecuados, horarios flexibles y precios asequibles para todo el mundo.
Otras actuaciones pasan por favorecer excedencias retribuidas, garantizar una flexibilidad real
de las jornadas con el criterio primordial del cuidado (jornadas diferentes en invierno y
verano), ampliaciones de las condiciones de excedencias y permisos, prestaciones directas en
función de renta, bonificaciones para empresas que fomenten la conciliación y la
corresponsabilidad, ayudas a la contratación de personas cuidadoras en el domicilio, etc. Pero
también son las empresas quienes pueden y deben articular otro tipo de medidas como la
reorganización de los tiempos y lugares de trabajo (teletrabajo, flexibilidad horaria,
desconexión digital obligada, bolsas de horas de libre disfrute) o la creación de guarderías o
espacios de cuidado en los centros de trabajo. La responsabilidad de la conciliación de la vida
familiar y laboral no debe ser cosa exclusiva de las mujeres. Es necesario que la sociedad en su
conjunto asuma por fin el compromiso de los cuidados: administraciones públicas, empresas,
hombres y mujeres. Mejorar las políticas de conciliación significará mejorar la situación de
niños y niñas al favorecer un equilibrio adecuado entre la necesidad de los padres y madres de
trabajar y de atenderles; avanzar en la igualdad de derechos al contribuir a romper con uno de
los estereotipos más impactantes y discriminatorios en las vidas de las mujeres (el cuidado es
cosa nuestra). Pero por encima de todo, las políticas de conciliación y corresponsabilidad son
ahora más imprescindibles que nunca para contribuir a sostener el sistema productivo,
permitiendo el sostenimiento de los hogares con el equilibrio necesario entre dedicación al
trabajo y el cuidado de los y las menores como futuro de nuestras sociedades. En definitiva,
son imprescindibles para una mejora global del escenariopost-pandemia en términos
económicos y sociales, al permitirnos poner en práctica de forma literal aquello que tanto
defendemos de colocar las vidas en el centro. Ojalá este asunto llegue de una vez a formar
parte de la tan ansiada nueva normalidad.

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