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Sin duda alguna, se trata de un paso muy importante que aúna en una misma querella esfuerzos institucionales y ciudadanos en exigencia de verdad, justicia y reparación.

Los hechos denunciados están perfectamente fundamentados en documentación,

testimonios y diverso material probatorio, y constituyen, a tenor de la legislación internacional

aplicable, delitos contra la Humanidad en la medida en que las personas objeto de esa

violencia institucional lo fueron a consecuencia de una acción sistemática encaminada, primero

por los golpistas, luego por el Estado franquista y los gobiernos de la transición, todos ellos en

perfecta sucesión de continuidad, a su eliminación como enemigos políticos. 

Detrás de esta querella, no solo está el Ayuntamiento de Iruñea y las personas

afectadas directamente, sino una buena parte de la sociedad que desea vivir en democracia y

que reclama “verdad, justicia y reparación” y que entiende que no se puede conseguir un futuro

más justo y libre sin que previamente zanjemos de una forma correcta nuestro pasado más

reciente. 

Lo que se pide a los tribunales de la ciudad es que actúen impartiendo justicia, es decir,

que analicen los hechos denunciados, valoren las pruebas presentadas y a la vista de todo ello,

reconozcan que tales hechos ocurrieron, que las muertes, desapariciones, violaciones de

derechos tienen apariencias de ser reales y que, por lo tanto, deben ser investigados y en su

caso juzgados y objeto de sentencias. 

No podemos decir que es la hora de la justicia. Esta debería haber llegado mucho

antes. Constituye una auténtica vergüenza mundial la actitud, hasta ahora, de la justicia del

Estado español. Produce autentico estupor en todo el ámbito internacional las resoluciones

judiciales habidas hasta ahora que han fundamentado una práctica de impunidad total para los

crímenes cometidos por el franquismo y los gobiernos de la transición. 

Con los planteamientos legales de los tribunales españoles no hubiese sido posible los

juicios a los nazis, a los criminales de la ex Yugoslavia, a los dictadores chilenos o argentinos,

entre otros. 

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recomendado en

repetidas ocasiones al Estado español y por extensión a la judicatura, la inaplicación de la ley

46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, cuando se trata de graves violaciones de los derechos

humanos y la aplicación del derecho emanado de los principios de Núremberg sobre la

imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad. 

La sociedad está exigiendo de los tribunales de justicia que, en principio, admitan la

querella y acepten que los hechos denunciados son merecedores de ser investigados

judicialmente y tratados en un proceso justo. Esta es una exigencia totalmente normal en un

Estado de derecho. Cualquier otra decisión que suponga cerrar la instrucción, archivarla

argumentando su prescripción o improcedencia de ser juzgados, no será únicamente una

negativa de los tribunales a juzgar, sino que en si misma esa decisión constituiría una condena.

Una condena no solo a las víctimas, sino a toda la sociedad. 

Hasta ahora, la inhibición de los juzgados a abrir un proceso penal por los graves

crímenes denunciados, ha significado la renuncia de la Justicia a señalar a la democracia como

un logro del esfuerzo colectivo de la sociedad. A supuesto la marginación y la negación del

valor político de aquellas personas que se opusieron al golpe fascista, a la dictadura y que

lucharon por los valores de la democracia, de la igualdad y de la libertad. Por esta razón, si los

tribunales se siguen negando a juzgar a los golpistas, a los crimines de la dictadura, a los

represores del régimen; si se niegan a calificar de actos delictivos los cometidos por las

autoridades y ejecutores del franquismo y la transición; si se niegan a aplicarles el código penal

a quienes perpetraron el acto fundacional del Estado franquista y a quienes lo mantuvieron

durante todos estos años, estarán vaciando de calificación moral al actual Estado de derecho. 

De suceder esto, la inhibición de los tribunales estará manteniendo la impunidad de

todos estos años, reforzando la gran mentira de la transición: que la democracia no fue

producto de nuestras luchas, esfuerzos y sacrificios, sino de la acertada visión de unos

próceres que mutaron de la dictadura a la democracia, y que la violencia ejercida fue para

evitar males mayores, así la violencia golpista de 1936 y de la dictadura lo fue como respuesta

a los crímenes anticlericales de la República y para salvarnos de caer en manos del

comunismo y del separatismo. 

Por eso reclamamos de la Justicia de Pamplona verdad, justicia y reparación y

esperamos de ella que esté a la altura de las circunstancias y que haga frente a sus

responsabilidades, tal como lo están comenzando a hacer nuestras instituciones municipales y

forales. 

Sin justicia no podremos avanzar hacia una sociedad mejor. Sin ella la verdad se

resiente y la reparación no es posible en toda su extensión. La impunidad no puede ser

fundamento de nada. Es una exigencia social que los juzgados cumplan con su mandato de

impartir justicia, igual que nosotras y nosotros hemos cumplidos y estamos cumpliendo con

nuestra obligación civil de luchar por conseguir la democracia, la igualdad y la libertad,

pagando un precio muy alto por ello. El seguir manteniendo la impunidad y la negativa a juzgar

estos hechos, es una condena contra todas las personas que se han movilizado, y se

movilizarán contra la dictadura y contra todo tipo de opresión.