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Desde los colectivos abajo firmantes, no entraremos a valorar el currículo ni las aptitudes que le han llevado a ser elegido para este cargo, pero de alguna manera nos indigna, porque inevitablemente viene a nuestra memoria los hechos ocurridos el pasado 6 de mayo.
Ese día, un vecino de Ribaforada, Modou Khadim Sow, recibió en su domicilio una carta del Ayuntamiento de su localidad, donde se le citaba para solventar un trámite relacionado con su empadronamiento, lo que para su sorpresa, se transformó en una trampa, ya que cuando acudió a su cita, fue detenido y trasladado a dependencias policiales, por agentes de Policía Nacional, y posteriormente expulsado en menos de 48 horas a su país de origen, Senegal, sin que mediara asistencia jurídica, ni ninguna otra actuación, un caso que revestía de especial gravedad, porque supuso un paso más, al llevarse a cabo con la connivencia de una Administración pública. Recordemos que fue el propio Ayuntamiento, cuyo máximo responsable es el ahora Director General de Administración Local y Despoblación, el que se había prestado a tal engaño, haciendo uso de un acto administrativo en forma de citación, a sabiendas de que no iba cumplir el fin mencionado, lo que, como señalamos en su día, suponía un exceso en sus funciones y competencias, y le convertía en cómplice directo de uno de los mecanismos más atroces del Racismo Institucional, como las expulsiones exprés. Cabe señalar que el empadronamiento es uno de los requisitos para acreditar residencia y para acceder a la mayoría de derechos sociales, por lo que resulta especialmente perverso utilizar este argumento como medio de engaño.
Lejos de aclarar lo sucedido y mucho menos de disculparse, asistimos a unas declaraciones confusas en las que se admitían los hechos, que concluyeron con una escueta nota municipal en la que se señalaba que “el consistorio se limitó a acatar un requerimiento policial para hacer efectiva la orden de expulsión que existía sobre ese ciudadano” y señalaban, como si de un chiste macabro se tratase, que trabajaban activamente “para favorecer la convivencia y la plena integración de la comunidad extranjera en la localidad”.
Ahora, nos preguntamos qué principios de igualdad, integración y reconocimiento de la ciudadanía regían la actividad municipal del alcalde de Ribaforada entonces y cuáles de esos principios trasladará para el ejercicio de su actual función como director general, nos preguntamos si esa decisión de colaboración mediante engaños con una ley xenófoba e injusta, influyó en el actual nombramiento, si excederse en las competencias, lejos de tener consecuencias, conlleva un premio. Lo que sí sabemos son los efectos inmediatos e irreparables de esa decisión tuvo, para Modou supuso una quiebra de su proyecto de vida, una vulneración de su derecho fundamental de su libertad de movimiento y de elección de su lugar de residencia, y para el resto de la sociedad, el efecto fue claro y perverso: un mensaje de miedo y desprotección, cuyo eco permanece hasta el día de hoy, una verdadera brecha en esa convivencia que pretendían favorecer.
Queremos señalar que el pasado 11 de julio, el Defensor del Pueblo estatal admitió a trámite la queja interpuesta por nuestros colectivos para denunciar lo sucedido, dando inicio a las actuaciones ante la Comisaría General de Extranjería y el Ayuntamiento de Ribaforada, que tendrán que aclarar lo sucedido y defender la legitimidad del uso de documentos oficiales y públicos con el objetivo de engañar y expulsar.
Pero más allá de la denuncia, queremos recordar que, de injusticias como esta, que son síntoma de las carencias estructurales del sistema y del Racismo institucional contra el que luchamos activamente, surgen mecanismos de resistencia y apoyo mutuo, y son estas redes las que sostienen las vidas, a pesar de las múltiples violencias que nos atraviesan, a pesar del empeño por dividir y categorizar para recortar y suprimir derechos.